Chihuahua

martes 25 junio, 2024

Narcos y políticos: agentes secretos del gobierno

Expedientes que vinculan a narcotraficantes, políticos y funcionarios con los aparatos de inteligencia del Estado mexicano, son parte de los documentos que el Centro Nacional de Inteligencia no ha entregado al Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia

Texto: Alejandro Ruiz / Pie de Página

Fotos: Especial

CIUDAD DE MÉXICO. – Una ficha con la fotografía y nombre de Manlio Fabio Beltrones acredita que el ex gobernador de Sonora fue un agente activo de la Dirección Federal de Seguridad. El documento no da más información al respecto, pero data de la década de los 70, cuando Fernando Gutiérrez Barrios era subsecretario de gobernación.

La ficha aparece en los archivos que el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico ha revelado en un segundo informe, donde reiteran que el Centro Nacional de Inteligencia ha omitido entregar los expedientes completos de la DFS, DGISEN y el CISEN al Archivo General de la Nación.

Su nombre aparece junto al de otros personajes, como el de Susana Mondragón Kalb, hermana de Manuel Mondragón, ex secretario de seguridad del Distrito Federal durante la jefatura de Marcelo Ebrard, y ex comisionado nacional de seguridad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Junto a ellos, una larga lista de ex agentes de la DFS ha circulado desde hace una semana, cuando el Mecanismo emitió un primer informe, donde revelaron algunos archivos incompletos o inexistentes que se encontraban bajo resguardo del Archivo General de la Nación. Los documentos, presuntamente, podrían haber sido sustraídos por los aparatos de inteligencia del Estado Mexicano.

Su ausencia impide completar los trabajos para esclarecer la memoria entorno a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Sucia, y además representa un desacato a la orden presidencial emitida en febrero de 2019, donde se instruyó al CNI, la Sedena y la Marina Armada a hacer públicos sus archivos sobre ese periodo.

¿Quiénes eran los agentes de la DFS que el CNI ha dejado en la oscuridad?

En lista hay familiares de ex presidentes, narcotraficantes, políticos que en esas décadas ocuparon cargos en el gobierno federal, y agentes que después de su servicio fueron gobernadores, o procuradores de la república.

Todo queda en familia

Expedientes de Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo «Don Neto».

El nombre de la hermana de Manuel Mondragón es tan solo uno de tantos que poco a poco va saliendo a la luz.

Aquí algunos familiares de ex presidentes acreditados como agentes de la DFS.

Pablo Echeverría Zuno, hijo del ex presidente Luis Echeverría y María Esther Zuno Arce.

El sobrino del ex presidente Francisco I. Madero, Gustavo Madero González, también es identificado como ex agente de la DFS entre 1978 y 1982.

Otro agente: Francisco Díaz Escobar, hermano del militar Manuel Díaz Escobar, líder de grupos de choque durante la matanza del 2 de octubre y en el Halconazo.

Divina María Morales Espinos, esposa de Fernando Gutiérrez Barrios, ex director y jefe de control político de la DFS, es otro de los nombres que resaltan en los archivos que no se encuentran en el AGN.

Esto, además, se suma a un patrón aparentemente usual al interior de la Dirección Federal de Seguridad: que muchos de los agentes ocuparon y ocupaban cargos importantes en el gobierno durante su paso por la DFS o después.

Credencial de Manlio Fabio Beltrones.

De agentes secretos a políticos de alto nivel

En su primer informe, el Mecanismo reveló que Rafael Macedo de la Concha, ex procurador general de la república durante el sexenio de Vicente Fox, también fue un agente de la Dirección Federal de Seguridad.

Su caso, como el de Manlio Fabio Beltrones, es uno de tantos.

Por ejemplo, en esta segunda entrega, el Mecanismo detalla que el jefe de prensa de Gustavo Díaz Ordaz y José López Portillo, Francisco Galindo Ochoa, también fue un agente activo de la DFS durante esos años.

Ochoa, a su vez, fue coordinador de comunicación en las campañas presidenciales de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y el propio Díaz Ordaz.

Narcotraficantes en la lista

En un reporte enviado por agentes de la DFS en 1985, la declaración de un ministerio público en Hidalgo revelaba un secreto a voces: la complicidad de los aparatos de inteligencia gubernamentales con los capos del narcotráfico.

El informe dice así:

«(…) las pendejadas que hizo mi paisano JOSÉ ANTONIO ZORRILLA son imperdonables, ya que éste funcionario corrupto estuvo a punto de desaparecer a la D.F.S. por estar coludido con los grandes narcotraficantes, refiriéndose al caso de CARO QUINTERO, asegurando que esta persona tenía credenciales de esta oficina».

José Antonio Zorrilla fue director de la Dirección Federal de Seguridad en 1985, el mismo año en que asesinaron al agente de la DEA, Enrique «Kiki» Camarena.

De acuerdo con el reporte de los agentes de la DFS, Zorrilla entregó credenciales del aparato de inteligencia al narcotraficante Caro Quintero, acusado de asesinar a Camarena.

Sin embargo, desde ese año, el expediente de Quintero, y de su socio Ernesto Fonseca, no están en el Archivo General de la Nación.

Lo que sí está es otra credencial con nombre y fotografía de Rafael Guajardo Aguilar, co fundador del Cártel de Juárez.

Aguilar fue dado de alta como agente de la DFS entre 1978 y 1980, por orden del Subsecretario de Gobernación Javier García Paniagua, padre de Omar García Harfuch, actual secretario de seguridad de la Ciudad de México.

En 2011 uno de los hijos de Paniagua, Javier García Morales, fue asesinado en Jalisco. Al medio hermano de Harfuch lo investigaron en el 2000 por presuntos vínculos con el Cártel de Juárez. Los vínculos no se comprobaron.

Los expedientes incompletos de Gutiérrez Barrios y el «Negro» Durazo

1985 parece ser una fecha en la que los registros de la DFS están incompletos en el Archivo General de la Nación.

La consulta de estos expedientes, sin embargo, confirman que los documentos sí estaban en posesión del Archivo, por lo que se presume que fueron sustraídos.

Entre los archivos cruciales que hacen falta resaltan dos: los expedientes del ex director de la DFS, Fernando Gutiérrez Barrios, y del antiguo jefe de la policía de la Ciudad de México, Arturo «El negro» Durazo.

De acuerdo con los registros recabados por el Mecanismo, el expediente de Gutiérrez Barrios contenía documentación del 17 de septiembre de 1979 y hasta el 13 de agosto de 1991. Sin embargo, la documentación disponible en el Archivo General de la Nación sólo llega hasta el 16 de diciembre de 1985.

El mismo caso ocurre con el expediente de Durazo Moreno, donde se registra información de 1982 a 1992. Sin embargo, en el Archivo solo están disponibles documentos de 1986 a 1992.

El último informe sobre Durazo habla de un evento peculiar, cuando el ex jefe de la policía del entonces Distrito Federal llegó alcoholizado a su casa y golpeó a su esposa. En ese documento también se detalla que Durazo sostenía una relación extra marital con la actriz Olga Breeskin.

Otros expedientes

Como lo señaló el Mecanismo en su primer informe, la mayoría de los expedientes que faltan en el archivo son posteriores a 1985. Entre éstos se encuentran los de asesinatos de dirigentes políticos y líderes de izquierda, así como vigilancia a la oposición del PRI (el PAN y el PRD/Cardenismo).

Entre los casos que resaltan, están el del asesinato del periodista tijuanense, Héctor Félix Miranda, el periodista de Hidalgo, Alberto Rodríguez Torres, y el del sacerdote Ignacio de la Torre Uribarren.

Todos estos casos continúan en la impunidad, y la ausencia de estos archivos no permiten esclarecer y determinar las responsabilidades.

Sin embargo, en su conferencia matutina del 18 de agosto, el presidente López Obrador dijo que él creía que ya se había entregado toda la información, y se comprometió a dar informes en esta semana.

«Sí está la instrucción, la indicación de que todos los archivos, y que además se den a conocer y se ordene, porque no es: ‘Ahí te mando el archivo’ y son cajas, y cajas, y cajas. El trabajo para ordenar documentos lleva tiempo, requiere personal, y todo eso se le autorizó a Carlos Ruiz Abreu (Director del Archivo General de la Nación), se incrementó como nunca el número de trabajadores especialistas que están ordenando. Pues es nuestra memoria, nuestra memoria histórica, es algo muy importante».

Hasta la fecha el presidente no ha dicho nada.

Este trabajo fue publicado originalmente por Pie de Página, integrante de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Ve aquí la publicación original.


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