Este sábado se llevaron a cabo los “diálogos de la verdad” en Chihuahua, organizados por el gobierno federal, en los que personas sobrevivientes pudieron contar su versión de la llamada “Guerra Sucia”, estrategia adoptada por el gobierno mexicano para acabar con disidentes políticos entre 1965 y 1990.
Por Raúl F. Pérez Lira
Fotografías cortesía del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento histórico
“No soy víctima, porque estábamos en una lucha para alcanzar el poder”, dijo Herminia Gómez, exmilitante del Movimiento de Acción Revolucionaria, el MAR. “Teníamos la finalidad de mejorar, la esperanza de crear un mundo nuevo, ayudar a los pobres, vivir mejor. Pero de todas maneras, era una lucha violenta”.
Herminia fue detenida y torturada por el ejército en 1973 por sus actividades políticas armadas cuando era parte del MAR. Fue a prisión y salió bajo fianza al año siguiente. Ya había sido detenida por su activismo cuando era estudiante de la Escuela Normal Rural de Saucillo, que en ese entonces era la única opción de estudio para muchas mujeres de familias de bajos recursos de Chihuahua.
Desde las 9:30 de la mañana hasta pasadas las 6 de la tarde del día sábado 10 de junio de 2023, sobrevivientes de tortura, desaparición forzada, detenciones arbitrarias o combates armados con el ejército, así como familias enteras que vivieron experiencias similares o sus consecuencias entre 1965 y 1990, compartieron su testimonio en los diálogos de la verdad organizados por el gobierno federal, que tienen como finalidad aportar a la memoria histórica de la llamada “guerra sucia”.
Durante este periodo, el gobierno mexicano recurrió a la violencia y al acoso para acabar con disidentes políticos de izquierda, movimientos estudiantiles, campesinos y obreros, armados o no, que pedían tierra, educación, salud y una vida más justa.
Las palabras de Pablo Gómez Caballero, hijo de Pablo Gómez Ramírez, resonaron con las de Herminia: “mi padre no fue asesinado, mi padre murió en un combate en contra del ejército, que es distinto”.
Pablo Gómez, el padre, fue uno de los guerrilleros que cayó muerto el 23 de septiembre de 1965 en el asalto al cuartel de Madera en Chihuahua. Este episodio marcó un antes y un después en la historia de México, y fue uno de los primeros de una nueva generación de la lucha armada en el país.
Pero no todas las personas que fueron blanco de agresiones de las fuerzas armadas estuvieron involucradas directamente en movimientos armados o cayeron en combate. En los diálogos estuvo presente Florentino Torres Coronado, quien narró cómo siendo un niño de 12 años fue torturado por el Sargento Luna para que le diera información sobre su padre. Así también otras personas, familiares de perseguidos políticos, contaron cómo fueron alcanzadas por las estrategias del gobierno y el ejército.
“Hoy no voy a hablar de Salvador Gaytán, ya se sabe mucho. Voy a hablar de mi madre”, dijo Luz María Gaytán, hija de uno de los sobrevivientes del ataque al cuartel de Madera, al comienzo de su intervención.
Su madre, Montserrat Nayares, fue llevada al cuartel militar varias veces después del ataque e interrogada para que delatara el paradero de Salvador. Estas visitas le afectaban mucho, contó Luz María, y después se enteró de que su madre no sólo era interrogada, sino que también era violada y torturada.
Pronto la familia Gaytán huyó de Madera y se vio obligada a vivir en la clandestinidad por décadas.
Una de las principales exigencias del grupo guerrillero que atacó el cuartel eran tierras para los campesinos, en un panorama en ese entonces dominado en lo político, económico y social por Bosques de Chihuahua, una compañía maderera propiedad de la familia Vallina.
Este ataque inspiró movimientos revolucionarios a lo largo del país, como el grupo de “Los Guajiros” que en Chihuahua asaltó tres bancos el 15 de enero de 1972, con el fin de financiar sus actividades políticas, o la Liga Comunista 23 de Septiembre, que tuvo una presencia importante en el norte.
Diego Lucero Estrada, hijo de uno de los líderes de “Los Guajiros”, recordó que “aún las guerras tienen leyes y hay leyes para los prisioneros de guerra”, pero que el gobierno federal decidió actuar de otra manera.
“Jamás hemos reclamado la caída de mi tía Avelina porque mi tía cayó en un combate. Mi padre también sabía que lo iban a matar… pero no lo debieron de haber torturado ni lo debieron de haber ejecutado extrajudicialmente. A él lo deberían de haber juzgado, por decirlo así, y debió haber purgado una condena”, dijo Lucero.
Su padre, Diego Lucero Martínez, y su tía Avelina Gallegos Gallegos, participaron en el triple asalto a los bancos en Chihuahua. Avelina fue acribillada por militares en la entrada del banco pero Diego fue capturado, torturado y después ejecutado.
“Nunca me van a reparar, porque no voy a ser jamás el mismo ser humano que hubiera sido con mi padre a un lado, jamás, pero sí necesitamos que el estado se haga responsable de lo que hicieron en aquella época, que el ejército reconozca lo que hizo y que diga en dónde quedaron los desaparecidos”, continuó Lucero.
En diálogo con otras voces presente en el evento, como las de Herminia y Pablo, la periodista Olga Aragón Castillo contó por primera vez en público su versión de la historia del asesinato de su hermano, Jesús.
“Yo creo que si estuviera aquí mi hermano en este momento, estaría de acuerdo con Pablo, y diría, ‘si de nuevo tengo que morir, muero de nuevo y cuantas veces fuera a renacer volvería a hacer lo mismo si las condiciones son las mismas’”, dijo la periodista, quien también fue dirigente local del Partido Comunista Mexicano. “Pero yo creo que sí hubo víctimas. Las víctimas fueron ellos”.
Su hermano Jesús era miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre. La mañana del 25 de octubre de 1977, este se encontraba con otros colegas suyos repartiendo panfletos políticos afuera de una fábrica en la ciudad de Chihuahua cuando fueron atacados a balazos por las “guardias blancas”, un grupo paramilitar encargado de los asesinatos políticos durante la “guerra sucia”.
La periodista, así como otras de las personas participantes, agradecieron el espacio y los diálogos promovidos por esta comisión de la verdad, pero hubo quien dejó claro que falta mucho para alcanzar la justicia.
“Yo no estoy satisfecho con lo que estamos logrando con la Cuarta Transformación”, declaró Otto Armando Gaytán Saldívar, uno de los militantes del MAR que fue entrenado en Corea del Norte. “Yo soy muy ambicioso, yo quiero más para el pueblo de México, yo quiero más para el pueblo trabajador. No me basta con que esto que estamos haciendo se dé a conocer y salga al público, yo quiero que aprovechemos este espacio de democracia, mínima o máxima, para organizar a la sociedad para el día de mañana tener un mundo mejor”.
Carlos A. Pérez Ricart, uno de los comisionados encargados de este proceso de esclarecimiento histórico, recalcó que los movimientos armados de esta época no surgieron de la nada, sino que tenían su raíz en una profunda injusticia social, como la promesa incumplida del reparto agrario y las exigencias de los movimientos estudiantiles de todo el país.
“El movimiento estudiantil no es un movimiento del centro, pero las experiencias locales son las que alimentan el proceso estudiantil y las huelgas”, dijo Pérez Ricart. Por eso, continuó, las audiencias dan énfasis en las historias locales y regionales, como la del dirigente estudiantil Fernando Sandoval. También agradeció los relatos familiares de las personas presentes, como los de Herminia y Otto Armando.
“Los guerrilleros no venían de familias destruidas, no eran drogadictos”, dijo Pérez Ricart. “Reconocemos que en la lucha armada había mucho de lo mejor de este país y se asesinó a mucho de lo mejor de este país”.
Estos diálogos tuvieron lugar en el Museo Casa Redonda y fueron organizados por la Comisión para la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, creada por el gobierno federal.
El diálogo en Chihuahua tuvo lugar después uno en Chilpancingo, Guerrero, y otro en la Ciudad de México. Posteriormente se llevarán a cabo ejercicios similares en Jalisco, Oaxaca, y otros estados de la república donde también hubo actos de represión como los descritos en esta nota, u ocupaciones militares de poblados enteros.
Este mecanismo está recopilando testimonios a lo largo del país y está trabajando en una ley de memoria para la no repetición, a través de la cual se busca instalar un memorial en un espacio público y que esta parte de la historia se refleje en los libros de texto y en las ceremonias institucionales.
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