Las reformas estructurales en México no sólo desprotegieron al campo sino que incentivaron el narcotrafico que el Estado asegura combatir. Las actividades criminales que derivan de la amapola florecieron como una respuesta a las políticas transexenales
Texto: Vania Pigeonutt / Pie de Página
Fotos: Marcos Vizcarra
CIUDAD DE MÉXICO.- En 60 años México se convirtió en el segundo productor de amapola en el mundo. No lo hizo solo, sino a la sombra del Estado.
Las seis generaciones de sembradores de amapola en el Triángulo Dorado, Chihuahua, Durango y Sinaloa y las cuatro en Guerrero comparten condiciones de abandono de las políticas públicas de Estado que deben garantizar condiciones de educación, salud, apoyos sociales para el desarrollo. También viven en territorios armados que durante estas décadas han padecido procesos de desplazamientos forzados, desapariciones y homicidios.
Una de las revelaciones de Proyecto Amapola. Las deudas del opio, una iniciativa conjunta entre Noria Research, Center for US-Mexican Studies de La Universidad de California y México Unido contra la Delincuencia (MUCD), Revista Espejo y Pie de Página, explica cómo el país a través de sus reformas estructurales no sólo desprotegió al campo sino que incentivó al narcotráfico que asegura combatir.
“El boom de la amapola está asociado con las reformas del Estado mexicano en los años ochenta y noventa. El punto culminante fue la firma del Tratado de libre comercio (TLCAN-1994). Transformó ciertas regiones en potencias agrícolas regionales e internacionales, mientras que otras, como Guerrero, se convirtieron cada vez más en proveedora de mano de obra”, señala uno de los datos claves para comprender el planteamiento.
Para Noria Research, la droga es un recurso ilegal que perturba los equilibrios sociales y económicos. “El boom de la economía amapolera a partir de los años 1980-1990 representa un giro brutal que trastornó las perspectivas de trabajo, las relaciones entre espacios rurales y urbanos, y la forma en que se relaciona el Estado mexicano con sus márgenes”.
En su informe: Narcotráfico y capitalismo rural en la sierra de Guerrero, la etnógrafa Irene Álvarez recuerda las palabras del entonces candidato a la presidencia de México José López Portillo:
“A diferencia del desierto, donde las manos vacías se encuentran porque la tierra no es generosa, en Guerrero las manos vacías están en esa condición por el despojo, que es socialmente doloroso”.
Ocurrió en 1976 en Acapulco, Guerrero, justo en los años que el cultivo de amapola, importado del Triángulo Dorado, comenzara a poblar el Filo Mayor, la Sierra Madre del Sur. Tiempo después, ya como presidente, López Portillo dio paso al ascenso de una élite tecnócrata que implementó reformas políticas y económicas que marcarían la entrada del país al neoliberalismo.
En 1994 la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) favoreció la inversión extranjera para la producción agrícola. Eso incentivó el desarrollo de la agricultura comercial sobre la de subsistencia. “Dichas reformas estructurales produjeron una transición productiva que da preferencia a la agroindustria sobre otras formas de aprovechamiento de la tierra”.
Al quedarse sin fuentes de empleo, el campesinado guerrerense luchó por subsistir. De esta manera, observa Álvarez, los campesinos emprobrecidos entran al negocio ilegal, pero en una categoría de subordinación ante el negocio ilícito. Ellos son la mano de obra que supervive en un contexto de explotación.
“Para un sector de la población rural, la participación en el narcotráfico es una de las maneras de reorganizar un esquema económico que los relega a una posición subalterna. Así, la producción de amapola puede verse como respuesta a las crisis económicas y sociales del campo mexicano. Los cultivos ilícitos no son producto de una falta de Estado: son un efecto de las políticas estatales”, puntualiza.
El coordinador del Proyecto Amapola, Romain Le Cour Grandmaison, explica que este hallazgo fue logrado por el trabajo de campo desarrollado en zonas rurales de Guerrero. Los campesinos entraron en la economía de la amapola a partir de los años ochenta y noventa. Fue un contexto justamente de reformas estructurales del Estado, de privatización y transformación empresarial de la agro-industria en México, y de pobreza estructural y vulnerabilidad laboral crónica.
“La amapola integra una variación crucial: el recurso ‘providencial’ es ilegal. No se puede entender el peso de la amapola si dejamos de lado las implicaciones socio-económicas de su ilegalidad”, explica en su informe Entre maná e incertidumbre. La amapola como adormidera social en Guerrero.
“Para los habitantes de las zonas de producción en Guerrero, ¿qué consecuencias sociales tiene la inmersión en una economía ilícita? ¿Qué sabemos de las características de una vida laboral llevada a cabo en la ilegalidad? Por ejemplo, ¿qué implica esto en términos de construcción de la ciudadanía, de vida familiar, de relaciones entre habitantes, o de interacciones con las autoridades públicas? Por ende, ¿qué impacto tiene el estigma de la criminalización puesto en la cara de regiones y poblaciones enteras?”, cuestiona.
Estas provocaciones bien pueden dirigirse al Estado en su conjunto, a la relación que México tiene con sus cultivadores y con el cultivo, según plantea. Además, precisa que la rentabilidad del cultivo yace en la demanda y en la ilegalidad de la goma de opio.
“Los mercados de consumo incentivan la producción, y la remuneración es elevada por los riesgos y los pagos indispensables al transporte de la sustancia. Cada vez que el producto pasa por un intermediario, su precio se multiplica. Ellos captan la mayor parte de la riqueza, no los cultivadores”, dice.
Las deudas que las políticas estructurales tienen con los cultivadores de amapola no sólo tienen que ver con la siembra y su erradicación como tal. “La cuestión de los cultivos ilícitos no es únicamente un tema rural. Las ganancias que genera el mercado de las drogas fluyen constantemente entre las ciudades y las periferias, alimentando toda la economía local”.
La falta de ese capital en las más de mil 200 comunidades sembradoras de amapola en Guerrero no era tan visible hasta el 2017. Sin embargo, “el fentanilo alteró el mercado de la amapola y heroína. Nadie, ni los cultivadores ni los analistas, habían previsto la crisis del mercado de la goma”.
Por ello, para entender al cultivo se deben tomar en cuenta el negocio, el capital y las infraestructuras locales y regionales necesarias para su funcionamiento. “No se puede entender el desarrollo del narcotráfico sin tomar en cuenta que todo lo que facilita el comercio legal, también lo hace para el ilegal”.
Durante estas seis décadas del cultivo en los territorios amapoleros, 59 municipios, revela también Proyecto Amapola, las comunidades han sufrido varias transformaciones a su cultura y tradiciones. Han surgido fenómenos como el alcoholismo y violencias resultado de pueblos armados y con capital económico.
Las actividades criminales que derivan de la amapola no florecieron a la sombra del Estado, sino como una respuesta a sus políticas transexenales.
Este texto fue publicado en Pie de Página, integrante de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie. Consulta aquí la publicación original
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