Chihuahua

sábado 23 enero, 2021
Ver más

    Pueblos indígenas no pueden tener excepciones: diputado; Ley de Aguas debe incluir derechos humanos: ONG

    Patricia Mayorga / Raíchali

    La principal pugna en materia de aguas en la Cámara de Diputados entre la llamada iniciativa “Mata-Flores” y quienes impulsan una nueva Ley Nacional de Aguas desde la ciudadanía organizada, es el otorgamiento de concesiones y el de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, ya que la primera no los reconoce dentro de la iniciativa que ya fue aprobada en comisiones. 

    Gustavo Lozano, de la Coordinadora nacional Agua para todxs, agua para la vida, advirtió que la propuesta de los diputados federales Feliciano Flores (Morena) y Mario Flores Carrasco (PAN), este último representante de Chihuahua, coloca el agua como un insumo para la producción de otros bienes y servicios, mientras que la que proponen las organizaciones y académicos, la reconoce como derecho humano para garantizar su acceso a la ciudadanía.

    “Que el agua disponible pueda ser usada para producir otros bienes y servicios, pero garantizando el acceso equitativo, según la Constitución”, detalló Gustavo Lozano en conferencia de prensa organizada después de la aprobación de la iniciativa en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Flores.

    Precisó que con una nueva ley, como la que ha propuesto, se generarían autonomías locales que garanticen el derecho al agua porque con la ley actual, es imposible. La iniciativa de los Mata-Flores, pide no reformar la Ley General de Aguas.

    “Es constatable que comunidades enteras no tienen acceso al agua, y en ese mismo territorio hay hasta mil 400 millones de metros cúbicos de agua subterránea asignados para su explotación, para mineras. No es razonable pensar que están llevando el agua a concesiones a costa de la salud. Esas dos visiones están confrontadas. Hay comunidades que no tienen acceso al agua subterránea en su territorio y grandes empresas sí”, agregó el activista. 

    A esa situación se suma la afectación en la salud que pocas veces se hace visible. Lozano puso como ejemplo el acuífero Independencia del estado de Guanajuato, que está sobreexplotado, contaminado y en proceso de agotamiento. El agua de esa zona es fósil porque se ha acumulado en el acuífero por aproximadamente 10 mil años, ha estado en contacto de manera natural con materias tóxicas y dañinas a la salud. Uno de los municipios que comprende el acuífero, Dolores Hidalgo, registra el índice más alto de insuficiencia renal.

    “Deberían tener acceso al agua potable suficiente, para tener garantizado otro tipo de derechos para desarrollar su propia dignidad. Me parece relevante que no hablamos de cambio de etiquetas en torno a una ley, si no de la vida de personas, de volver el control a esas poblaciones del agua y por lo tanto, de su propia vida, impulsar un modelo de un desarrollo que no sea violento a estas poblaciones”, agregó Gustavo Lozano.

    En entrevista con Raíchali, el diputado Mario Mata reconoció que no contemplan los pueblos indígenas porque consideran que ningún mexicano debe tener excepciones a la ley:

    “Nuestra forma de ver y de interpretar la ley, es que todos los mexicanos somos iguales ante la ley. Claro que algunas veces, quien aplica la ley deberá tomar en cuenta si las comunidades indígenas tienen alguna deficiencia en los trámites o en el origen. Pero las iniciativas, con que la sola palabra que alguien diga ‘aquí fue territorio indígena hace 400 años’, pues van a quitar las concesiones. No van a tener seguridad los ciudadanos mexicanos porque un grupo de personas diga que fue una comunidad indígena”.

    El legislador chihuahuense sugirió hacer primero un “listado exhaustivo” para quienes tengan beneficios, es decir, de las comunidades indígenas, “más nunca tener una exención de la ley, no tienen por qué tener una excepción de la ley”.

    Frente a las desventajas históricas de los pueblos indígenas y la falta de acceso a derechos básicos, opinó que lo que se debe hacer es aplicar la ley y que se les “ponga un abogado” y lo necesario para facilitarles una defensa.

    “Pero por ley no puede tener más derechos las comunidades indígenas. Las leyes son de aplicación general. Estoy de acuerdo que si a un pueblo indígena se le quitó (el agua), se abusó de ellos, se revierte, pero primero que haya un listado exhaustivo. Así como hay un listado de los municipios fronterizos, así que haya listado de comunidades o regiones que vayan a tener una aplicación diferente de la ley, pero no dejarlo tan abierto porque va a haber muchos abusos”, aseveró.

    El diputado, quien es agricultor de la zona centro-sur del estado de Chihuahua (la región que está en disputa con el gobierno federal por el agua de las presas), aseguró que quienes se dedican a la actividad agrícola están contra la iniciativa ciudadana para reformar la Ley General de Aguas.

    “Ahora, hablan de acaparamiento, que habría una investigación de 6 meses y a la cárcel quien haya acaparado o alguna acción jurídica, pero no definen el acaparamiento, vamos a ponerle claramente cuál es. Hablan de un millón (de metros cúbicos) y dicen que acaparamiento significa tener más de un millón, pero no lo reflejan en la ley”, dijo Mata Carrasco.

    Y denunció que buscan sancionar o llevar a la cárcel a quien “acapare” más de mil millones de metros cúbicos de agua cuando se realice una investigación, pero la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tiene permiso para usar 3 millones de metros cúbicos en sus tierras, en el estado de Nuevo León. 

    Agregó que en Chihuahua, que es una región desértica, un millón de metros cúbicos para un permiso, es muy nada, porque se requieren miles de hectáreas para un agostadero, por ejemplo.

    “Lo que proponemos es que no modifiquemos en este momento la Ley General y sólo la ley reglamentaria del artículo 4 constitucional, donde aseguremos el acceso universal a las personas de agua y saneamiento”.

    María Olivo Paz, de la Coordinadora nacional Agua para todxs, agua para la vida, informó que en México existen 68 pueblos indígenas y el 49 por ciento de las cuentas más importantes que se han otorgado – casi 78 mil concesiones nacionales-, que son alrededor de 20 mil concesiones en zonas federales, fueron otorgadas sin su consentimiento.

    “Han resistido por siglos esas políticas de exterminio, el atropello de sus derechos. Esta es una oportunidad para respetar. Existen instrumentos internacionales que consagran esos derechos de los pueblos. Una serie de jurisprudencia de derechos humanos, en febrero enfatizó esa propiedad colectiva sobre sus territorios y recursos naturales, incluido el agua”, detalló respecto de la legislación que los protege.

    “En el país – agregó-, la ley actual de Aguas no garantiza el derecho humano al agua, lo que hace es vulnerar la vida y la dignidad de miles de mexicanas y mexicanos que urgen al Estado a transformar la manera en que se está gestionando el agua”.

    Xavier Martínez, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), precisó en la conferencia de prensa, que las comunidades indígenas son equiparables en la ley  a la comunidad afromexicana y a los campesinos, quienes tienen el derecho a que se les consulte de las iniciativas que les pueden afectar, desde la etapa más temprana.

    “En el país existe el manejo pluricutural del agua, la ley invisibiliza, pero los sistemas tradicionales están, se rigen por asamblea y según el último dato que conocí, 20 millones de mexicanos viven de estos sistemas. Esto habla de una importancia trascendente (…) está pendiente el pluralismo jurídico, cómo el derecho indígena es parte del derecho mexicano”, informó Xavier Martínez.

    Esa, dijo, es parte de la discusión que quieren tener en el Congreso federal, que reconozca que el agua forma parte de la vida de la ciudadanía, por lo que consideran que es una oportunidad para distribuir el poder.

    “El agua se gestiona desde la autonomía de los pueblos y debe ser incorporada, si no, es un sistema que genera violencia y el estado mexicano se comprometió a acabar con la violencia en 2011. De ese tamaño es la tarea que tiene la Comisión de Recursos Hidráulicos”, advirtió. 

    LAS CONCESIONES, OTRO TEMA POLÉMICO

    La Constitución debe ser interpretada de cara a la realidad, señaló Pedro Moctezuma, también parte del colectivo ciudadano, quien recordó que a partir del 21 de noviembre de 2018 se presentaron conjuntamente, con la Comisión de Recursos Hidráulicos en conferencia de prensa, para anunciar la iniciativa y posteriormente la adoptaron legisladores del Partido del Trabajo y de Morena.

    La misma Comisión de Recursos Hidráulicos promovió 35 foros estatales, en los que participó el Agua para todxs y hubo consenso para abrogar la Ley General de Aguas. Le entregaron directamente la iniciativa al diputado Feliciano Flores, el 4 de febrero de 2020 y el 28 de febrero certificaron más de 198 mil firmas que la avalan. 

    El 14 de abril se publicó en la gaceta junto con la iniciativa de Morena que debieron dictaminar, pero no lo han hecho.

    Con la iniciativa que impulsa Mario Mata, dice que habrá agua de calidad para todos y pondrá fin a la contaminación, a las vulnerabilidades e inundaciones, pero no habla de cambiar el sistema de concesiones.

    “Flores Anguiano trabajó de espaldas a la comisión, sólo estuvieron 8 (diputados) y son 30. No hay documentos escritos, la minuta la manipularon, no estaba en la orden del día ese punto, la agregaron de manera tramposa para intentar brincar el transitorio que obliga una Ley General de Aguas”, insistió Pedro Moctezuma, y dijo que aún hay tiempo para un periodo extraordinario antes de que concluya la actual legislatura e hizo un llamado a los legisladores para que cumplan con el mandato popular.

    Advirtió que la iniciativa, originalmente presentada por el diputado Mario Mata, contraviene el derecho al acceso al agua y al saneamiento, así como la participación ciudadana en la gestión de los bienes hídricos en conjunto con los tres niveles de gobierno como garantes de dicho derecho, de acuerdo con lo establecido en la Reforma de 2012 al Artículo 4 de la Constitución.

    Por su parte, Mario Mata reconoció que hay concesiones irregulares e ilegales, pero esa problemática se soluciona con la aplicación de la ley, porque por muy buena ley que hagan, sino se aplica, no sirve.

    Para él, la propuesta ciudadana es “sobrelegislar”, porque va más allá de lo que se necesita y se convierte en un arma política.

    “Si vamos a desaparecer la propiedad privada y sólo privilegiar la agricultura de subsistencia, ya no va a ser rentable, nadie le va a querer invertir. En Chihuahua vale más un derecho de agua que la tierra donde está. La agricultura es el único sector que estaba creciendo antes de la pandemia. El sector secundario y terciario estaba decreciendo”, justificó.

    Mario Mata dio a conocer que de los 14 municipios que representa en Chihuahua, el 85 por ciento de la riqueza que se genera del PIB, depende del sector agropecuario. 

    “Haberse llevado el agua y querer crear esta ley es casi desaparecer los municipios desde Delicias y Jiménez, en el afluente del río Conchos”.

    Refirió que las propuestas para legislar el agua iniciaron con un decreto presidencial de 2012, en el que se solicita al Congreso que emita las leyes correspondientes para cumplir con una adición al artículo 4 constitucional y asegurar el acceso universal al abasto de agua potable y saneamiento que dictó la ONU y otras organizaciones.

    “Se instaba a que hubiera una Ley General de Aguas nacionales. En un momento se pidió que se abrogara. No se ha podido cumplir porque no se llega a un consenso, una Ley General de Aguas Nacionales es algo muy ambicioso y hay muchos que hay que cambiar. Estas cuatro iniciativas, supuestamente salieron de los foros regionales, pero salió de la organización Agua para todos y diputados de Morena. Las cuatro las juntaron pero no cumple con puntos constitucionales”, aseveró.

    Justifica además, que piden legislar el artículo 115 constitucional, que incluye el agua potable, alcantarillado, saneamiento y aguas residuales, que corresponde a las Juntas Municipales de Aguas, y por lo tanto, correspondería a los gobiernos estatales tomar esa decisión.

    “Tratar de legislar sitios de estados libres y soberanos, no es posible. Se ataca el derecho al trabajo, a la alimentación (…) donde hay tierras y aguas nacionales, aunque pertenecen originalmente a la Nación, pueden darse temporalmente a particulares para establecer la propiedad privada”, agrega.

    Opina que una conexión, en el caso de agua, es un derecho que puede ser retirado por una causa  mayor, porque no es como las tierras que pueden expropiarse. 

    “Pero esas cuatro iniciativas parten de que quieren eliminar las concesiones. una de ellas, en su primer versión querían la ciudadanización de la administración del agua de las fuentes de abastecimiento a la parcela, es decir, de las presas a las parcelas, donde existen los módulos, unidades, distritos de riego y eso sería un retroceso enorme porque en los años 70, 80, 90 que lo manejaba la antigua SARCH, había alta corrupción, burocracia, era imposible lleva  a cabo actividad agrícola porque ponía trabas y por corrupción”, dijo el también empresario agricultor.

    Recordó que en Chihuahua son ciudadanos quienes manejan los distrito s de riego 05, 03 090 y con su administración han construido canales represas, se le da buen mantenimiento a todos los bordos, a cauces de ríos y los han hecho más productivos.

    “Se ha modernizado mucho el riego con cintillo, con aspersión. Ahora, esta ley es un retroceso querer eliminar la actividad privada. Quieren eliminar la duración de 30 años y ponerla a 3 años, cuando nadie va a invertir en el campo con tres años de una concesión. Al hacer muy larga la cadena de mando, tiene que pasar por Semarnat, Conagua, los consejos de cuenca, los organismos auxiliares de cuenca, cualquiera puede en un momento dado quitar las concesiones sin dato técnico que las respalde, sino a capricho de quien esté en el turno”, denunció.

    La Coordinadora nacional Agua para todxs, agua para la vida explicó que está conformada por diversas organizaciones del país.

    De acuerdo con Xavier Martínez, la ley que se apruebe debe tener por lo menos cuatro puntos:

    • Manejo integrado de cuencas y respeto a ciclo del agua. Ley de aguas actual no hace visible ni reconoce el manejo integral de la cuenca, tampoco todos los ecosistemas
    • Debe ser culturalmente adecuada. 
    • Se debe entender el agua con el territorio
    • Que terceros no menoscaben el derecho al agua, por negar el acceso al agua o por contaminarla.
    Déjanos tus comentarios

    Recientes

    Notas relacionadas

    Déjanos tus comentarios
    error: El contenido de Raíchali está protegido. Apoya periodismo independiente.