Creado en el 2010 y reformado en la administración de Javier Corral, el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen acumula en su operación problemas de diseño y mala implementación que provocan apoyos tardíos o que no corresponden a las necesidades de los beneficiarios
Abraham Rubio / Especial para La Verdad Juárez
Ilustración: Marla Rascón
“Mamá, me quiero morir”. Violeta lo dice con la seguridad y sencillez suficiente para consternar a su madre, Carolina. Ella le pregunta a su hija por qué. Cómo es que una niña de cuatro años se quiere morir. Por qué se quiere ir cuando más la necesitan su madre y su hermano, Adán, de 6 años. Pero la menor insiste: “si yo me muero, me puedo ir con mi papá y allá en el cielo lo voy a poder ver”.
La mujer no sabe cómo explicarle a su hija que no volverá a ver a su padre, asesinado el 13 de octubre 2009, que el cielo no existe y que él no estará esperándola si ella se muere también.
Carolina se queda en silencio. Abraza a su hija y llora.
Violeta es una de las más de 26 mil niñas, niños, y adolescentes que perdieron a su madre o padre, algunos ambos, a consecuencia de la violencia en el estado de Chihuahua desde el 2008. Ese sector de la población que desde 2010 ha tratado de atender el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen (FANVI), pero que debido a la acumulación de problemas de diseño y mala implementación ha ayudado parcialmente y revictimizado a los beneficiarios.
Violeta perdió su registro a los dos años por un error en su acta de nacimiento y tuvo que enfrentar sus problemas psicológicos por su cuenta. A Uziel le dieron unos zapatos escolares para iniciar sus estudios de primaria, pero no puede usarlos; apenas tiene unos meses de vida y esos zapatos le quedarán correctamente hasta dentro de cinco o seis años. A Adán y Armando no les han servido los apoyos educativos porque han cambiado de escuela en múltiples ocasiones por la depresión que no han podido atender.
Las organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a víctimas y las mismas familias receptoras del programa han documentado algunos de estos problemas con los apoyos educativos o asistenciales cada que llegan tarde, mal, o que no corresponden a la verdadera necesidad de los beneficiarios.
El problema se agrava con la atención a la salud mental. Los huérfanos y tutores tienen problemas psicológicos que no pueden tratar en las sesiones que proporciona el FANVI porque, además de insuficientes, son inaccesibles para las víctimas indirectas. Pese a esto, la mayoría del presupuesto se invierte en apoyos en especie.
Todo esto ha impactado en los más 10 mil beneficiarios registrados hasta el 2019.
***
Han pasado 10 años desde que, en su toma de protesta como gobernador de Chihuahua el 4 de octubre de 2010, el priista César Duarte Jáquez exclamó ante la clase política estatal y nacional que “la suerte de la patria se jugaba en Ciudad Juárez”. El político prometió regresarle la grandeza al municipio fronterizo afectado por una ola de violencia que lo colocó ese año como el más violento del país al acumular 3 mil 766 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con el INEGI.
Aquel día, Duarte Jáquez respaldó el proyecto de seguridad del presidente Felipe Calderón Hinojosa y giró instrucciones directas al entonces secretario de Hacienda estatal, Cristian Rodallegas, para destinarle 100 millones de pesos a un programa dedicado a atender a los huérfanos de las víctimas del narcotráfico en el estado; les dio un plazo de 30 días.
El Ejecutivo estatal presentó la iniciativa con carácter de decreto el 28 de octubre de 2010, afirmando que los huérfanos en el estado eran “miles” –hijos en su mayoría de las víctimas de homicidio que oscilaban entre los 20 y 40 años– desde que inició la estrategia de seguridad del gobierno federal. Sin embargo, la justificación no fue clara en la dimensión del problema.
Continúa leyendo en nuestro medio aliado La Verdad Juárez
