Jaime Armendáriz / Raíchali
La detención del exgobernador César Duarte en Miami, con fines de extradición, el mismo día que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó a su homólogo norteamericano Donald Trump, no puede ser visto como un regalo ni como un favor de Estados Unidos, pues es el cumplimiento de un tratado entre ambos países en una agenda de colaboración de la justicia, aseguró el gobernador de Chihuahua, Javier Corral (PAN).
En rueda de prensa virtual, el mandatario rechazó las expresiones que se han dado en la opinión pública que sugieren esa detención como un regalo, “se está correspondiendo desde Estados Unidos en lo que está en su ámbito de colaboración con un tema que se encuentra en la agenda”, dijo.
Duarte, gobernador de 2010 a 2016, se le consideró prófugo de la justicia desde 2017 que se emitieron las primeras órdenes de aprehensión en su contra; actualmente se han liberado 21 órdenes por el fuero local por delitos como enriquecimiento ilícito y peculado, y una por el fuero federal, según información del Gobierno del Estado.
Para Corral, es un proceso decantado de largo aliento iniciado hace 4 años “como para decir que se trata de un asunto como si se intercambiaran favores”.
El propio gobernador actual dio a conocer que Duarte se internó en Estados Unidos el 28 de noviembre de 2016 mediante la VISA B2 (turista) por el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, en New Jersey, obteniendo un Permiso de Internamiento I-94 que venció el 28 de mayo del 2017.
“Durante tres años permaneció a “salto de mata” en el vecino país, evadiendo la acción de la justicia en México; con una cifra extraordinaria de órdenes de arresto por delitos de corrupción dictadas por tribunales mexicanos en su contra. Y desde marzo del 2017, con ficha roja decretada por la Interpol, a fin de lograr su captura fuera del país”, añadió.
Senador de Morena, principal beneficiario de la nómina secreta
-Ninguna indagatoria de Chihuahua vincula al expresidente Enrique Peña Nieto
Una vez detenido el exmandatario Duarte, Corral reiteró que existen pruebas de una “nómina secreta” que se tuvo en la administración pasada para crear una red de corrupción política, que incluyó a actores políticos y sociales de varios partidos e instituciones, a diputados locales, empresarios, líderes de opinión, a varios columnistas y medios de comunicación.
Entre ellos se encuentra el actual senador por Morena, Cruz Pérez Cuellar, según acusó Corral públicamente en redes y en la rueda de prensa virtual. “Actualmente goza de fuero pero no hay duda de que fue de los principales beneficiarios. Fue de los principales operadores y eso está absolutamente acreditado. Será un asunto que el Ministerio Público tendrá que desahogar”, señaló el panista.
En respuesta, el legislador federal lanzó un reto público para que desde el Gobierno del Estado le muestren las pruebas. “Es una vil calumnia, porque después de 4 años estando en el poder no haz actuado en mi contra? Muestra los recibos y que los peritos mas prestigiados los revisen. Te RETO”, publicó en su cuenta de twitter.
Por otro lado, el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, adelantó que existen entre 40 y 50 carpetas de investigación ligadas al exmandatario y que generarán nuevas peticiones para liberar órdenes de aprehensión a la brevedad sin dar mayores detalles.
A pregunta expresa, tanto el Fiscal como Corral rechazaron que en esas indagatorias exista alguna que vincule al expresidente Enrique Peña Nieto, pero asomaron la posibilidad de un posible alcance a personajes ligados a Hacienda Federal, por haber sido esa dependencia una de las presuntas orquestadoras del desvío de recursos desde Chihuahua a campañas del PRI nacional.
“El destino multimillonario del Gobierno de Chihuahua hacia las campañas del PRI se verificó en un concierto previo con Hacienda Federal. Y fue un modelo usado en varios estados, no solo en Chihuahua, mediante los recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero, Fortafin”, precisó Corral.
El vínculo del recurso con el PRI nacional, que entonces encabezada Manlio Fabio Beltrones, es un tema que se tiene actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que la Federación, en la administración de Peña Nieto, le quitó a Chihuahua la competencia de investigar ese caso, mientras que el Gobierno de Corral alega que debe considerarse a la entidad como víctima y por ende poder entrar en el litigio del asunto.
