Las organizaciones exigen especial atención a las indígenas y a quienes enfrentan barreras económicas, lingüísticas y culturales.
Karla Quintana / Raichali
Organizaciones locales y nacionales que forman parte del Servicio Civil para la Paz expresaron preocupación por las condiciones en que se encuentran las mujeres privadas de la libertad en el estado de Chihuahua, con un enfoque específico en mujeres indígenas.
“Consideramos sumamente necesario colocar esta realidad en el centro de la discusión pública”, señaló este 9 de octubre María Luisa Salazar Olvera, coordinadora del área de atención a mujeres víctimas de violencias de género del Centro de Derechos Humanos de Mujeres (Cedehm), durante un pronunciamiento emitido en las instalaciones del Poder Judicial en la ciudad de Chihuahua.
Salazar Olvera explicó que hablar de las mujeres privadas de la libertad no es sólo hablar de sentencias, delitos o procesos penales, sino también de los derechos y las condiciones en que se encuentran durante el proceso que atraviesan.
Entre las principales preocupaciones de las organizaciones que acompañan a mujeres indígenas están las dificultades para acceder a la justicia y contar con una defensa adecuada, debido a la falta de comprensión de los procesos, así como a las barreras económicas, educativas, lingüísticas y culturales.
En el pronunciamiento detalló que en particular, las mujeres indígenas enfrentan condiciones que requieren protocolos para garantizar sus derechos, facilitar la comprensión de los procesos judiciales y asegurar una defensa adecuada. También necesitan recibir apoyo en su lengua materna y con perspectiva cultural.
Rosa María Sáenz, del Centro de Atención de la Mujer Trabajadora (CAMT), señaló que otra de las preocupaciones son las condiciones de vida de las mujeres dentro de los centros penitenciarios, pues atravesar un proceso penal no debe traducirse en la restricción de sus derechos fundamentales.
“Resulta indispensable garantizar atención médica, psicológica y psiquiátrica eficiente y oportuna, así como prevenir y atender cualquier forma de violencia y contar con mecanismos seguros y accesibles para expresar necesidades y denunciar vulneraciones”, informó Sáenz.
La abogada dió a conocer que el trabajo y la educación dentro de las instalaciones penitenciarias deberían reconocerse como derechos, además de ofrecer herramientas que contribuyan a la reinserción social de las mujeres.
Las afectaciones no se limitan a quienes se encuentran privadas de la libertad, sino que también alcanzan a sus familias, que tienen a una madre, hija o esposa en esa situación, precisó.
“Por ello, resulta fundamental preservar los vínculos familiares, ofrecer apoyos a las familias y atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes afectados por la privación de la libertad de sus madres”, mencionó Sáenz.
Las organizaciones también calificaron como “materialmente imposibles” los pagos determinados por reparación del daño para mujeres que viven en condiciones económicas difíciles. Sin embargo, consideraron que la reparación del daño a las víctimas debe garantizarse.
“La situación económica de las mujeres debe ser considerada para evitar que la pobreza se convierta en una barrera desproporcionada para acceder a mecanismos de libertad o beneficios penitenciarios cuando jurídicamente sean procedentes. La pobreza no debe convertirse en una condena adicional”, acotó Alma Rosa García Guevara, de la organización Fray Juan de Larios A.C.
Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades y a los distintos poderes y ámbitos de gobierno para garantizar una defensa adecuada y efectiva. También pidieron asegurar condiciones dignas de vida dentro de los centros penitenciarios y una atención integral de salud para las mujeres.
“Las mujeres privadas de la libertad no deben ser una población invisible”, señalaron.
Acompañamiento jurídico y casos
En este sentido, convocaron a organizaciones, colectivos, instituciones académicas, empresas, profesionales y ciudadanía a sumarse al movimiento para combatir los estigmas, generar oportunidades y construir redes de apoyo para las mujeres que atraviesan estos procesos y para quienes recuperan su libertad.
“Las mujeres privadas de la libertad no pueden ser definidas únicamente por el delito, la sentencia o la prisión. Son personas con historias, familias, responsabilidades y proyectos de vida”, mencionó Salazar Olvera.
La iniciativa surge del acompañamiento jurídico que realiza el Cedehm, así como de actividades como los talleres de alfabetización jurídica y el encuentro “Construyendo puentes de apoyo integral a las mujeres privadas de la libertad”.
De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales (CNSIPEE) 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Chihuahua hay 602 mujeres privadas de la libertad, mientras que en México la cifra asciende a 14 mil 260 mujeres en centros penitenciarios.
Salazar Olvera señaló que no existe una estadística desglosada sobre las mujeres privadas de la libertad que tienen alguna discapacidad o pertenecen a pueblos indígenas.
“No existe una estadística desglosada por mujeres con alguna discapacidad o que pertenezcan a pueblos indígenas. Cabe mencionar que el último informe oficial que se tiene es un diagnóstico elaborado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH), pero este se publicó en el 2023. Entonces faltan, pues, todos estos años donde haya un diagnóstico”, explicó.
Durante 2026, el Cedehm ha acompañado cinco casos relacionados con el proceso de indulto, así como a mujeres que atraviesan procesos penales en los que se identifican posibles omisiones en la aplicación de la perspectiva de género, particularmente cuando existen antecedentes de violencia, condiciones de vulnerabilidad o barreras para acceder a la justicia.
Uno de los casos corresponde a una mujer sentenciada a 13 años de prisión junto con el padre de sus hijos. El CEDEHM señaló que no se consideraron adecuadamente el contexto de violencia familiar ni las condiciones de vulnerabilidad presentes en su caso.
En julio de 2026 se informó que se promovería su acceso al indulto. Sin embargo, según el Cedehn, el procedimiento no ha avanzado debido a que el monto de la reparación del daño resulta inaccesible para ella.
El segundo caso es el de una mujer indígena náhuatl, originaria de Guerrero, sentenciada a 20 años de prisión. La organización señaló que su proceso se dificultó por la barrera lingüística y la falta de interpretación adecuada.
Otro caso es el de Manuela, una mujer rarámuri que recientemente recuperó su libertad después de vivir 30 años de violencia, tras ser acusada por la muerte de su esposo, ocurrida en un contexto de violencia y defensa propia.
El Cedehm también acompaña el proceso penal de una mujer que vivió durante años violencia familiar por parte de su expareja y que fue denunciada y acusada de violencia familiar y violación. Su medida cautelar fue modificada y actualmente se encuentra bajo resguardo domiciliario.
Finalmente, la organización acompaña el caso de una mujer con discapacidad intelectual y antecedentes de violencia por parte de su pareja, quien fue acusada junto con él por el feminicidio de su hija. En la investigación se identificaron deficiencias importantes y falta de pruebas que sustentaran la acusación en su contra. El Ministerio Público desistió del proceso penal y la mujer recuperó su libertad.
