El Ayuntamiento de Chihuahua, encabezado por la panista María Eugenia Campos Galván, ha aplicado recurso económico, material y humano para lograr que la ciudadanía le dé la aprobación a su proyecto de alumbrado público, “Iluminamos Chihuahua”, el próximo domingo 24 de noviembre mediante la figura del plebiscito.
Ante esa situación, las agrupaciones civiles promotoras de la consulta pública se encuentran en una desventaja, dado que el Instituto Estatal Electoral (IEE), organizador del plebiscito, no cuenta con el marco legal para fiscalizar el recurso usado desde la función pública y no hay límite para que el Municipio promocione los argumentos a su favor en espacios pagados en medios de comunicación.
Por lo menos así lo evidenciaron los propios consejeros de ese organismo al justificar un impedimento jurídico para revisar las maneras en que cada una de las posturas difunde sus planteamientos. Y aunque aún no existe una cantidad oficial de lo que municipio ha erogado, no tendrá la obligación de informarlo a la autoridad electoral.
“Puede generar ciertos desequilibrios desde la postura de quien lo promueve pero no podemos llegar más allá de lo que prevé la ley”, dijo Saúl Rodríguez, integrante del pleno electoral, en una rueda de prensa realizada el miércoles de ésta semana.
El debate
Los únicos espacios en igualdad de condiciones han sido los propios generados por el IEE en un programa de radio propio y recientemente, el 12 de noviembre pasado, en un foro público realizado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).
Éste último se realizó con formato largo y en ocasiones confuso, en un recinto resguardado por seguridad pública y con acceso controlado a pesar de haberse anunciado como público. El acto finalmente quedó como un ejercicio de reiteración de cifras, señalamientos y hasta de confrontación verbal.
Por parte de la autoridad los protagonistas fueron el secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, y Arturo García Portillo, asesor de proyectos especiales, acompañados por la Tesorera municipal, Amanda Córdova, y Federico Muruato, director de Mantenimiento Urbano.
Del otro lado acudieron Nayo Rodríguez, Carlos Olvera y Juan Carlos Arregoitia, conocidos por su activismo en Wikipolítica y hoy parte de “Chihuahua Decide”, así como Valeria Villalobos y Cristina Arzate, también integrantes del colectivo.
“Es cínico venir y quererse colgar de los más necesitados. Lo que el municipio quiere es robar; no quieren luz, quieren dinero”, acusó Nayo, al dirigirse a García Portillo porque minutos antes éste mencionó que la ciudadanía necesitaba un nuevo sistema de alumbrado para mejorar su calidad de vida y seguridad. “Es un chantaje sistemático”, insistió Nayo.
De una forma similar respondió Jáuregui, “no sean mentirosos, no sean cínicos y no sean rajados. Nosotros nos venimos a soplar ya muchos calificativos pero ustedes usan la mentira para decir cosas que no son”. Además hizo referencia, sin ninguna prueba, a que detrás de ellos estaría el partido Morena, “que casualidad que anden con la gente de la 4T”.
Así se confrontaron constantemente durante 5 bloques de argumentos, con intervenciones de 7 minutos y 3 de réplicas. Esos transcurrieron en ocasiones interrumpidos por el público, del cual la mitad eran invitados de los promoventes, es decir, en contra del proyecto de alumbrado, y la otra mitad en respaldo a la alcaldesa, todos funcionarios públicos y partidistas de primer y segundo nivel.
Los funcionarios aseguraron que no existe un proyecto como tal, y que lo único aprobado por el Cabildo era un techo de más de 6 mil millones de pesos para financiarlo a 15 años. La justificación de ellos es que existe un sistema colapsado y obsoleto, de 81 mil lámparas y un costo similar de 6 mil millones para mantener esa misma infraestructura en los mismos 15 años.
Para terminar sus intervenciones, Jáuregui expresaba “No te dejes bajar el switch, vota sí éste 24 de noviembre”.
Acerca de la corrida financiera avizorada a 15 años, la Tesorera explicó que en 2016 al municpio le costó 168 millones de pesos el mantenimiento del sistema de iluminación en la ciudad, para 2017 la cantidad subió a 190, en 2018 llegó a los 217, y en éste 2019 cerrarían en los 244 millones. El 75 por ciento corresponde a energía eléctrica y el 25 restante a mantenimiento.
Para los siguientes años las estimaciones sin de 292 millones para 2021, 402 en el año 2026, y para el 2034 se estaría gastando, aseguró, 585 millones anuales.
Pero para “Chihuahua Decide”, el plan municipal solo busca ser “un traje a la medida para una empresa a la medida”. “Quieren vender un proyecto fraudulento con claras aspiraciones políticas”, insistieron. Para eso aseguraron que existen proyectos de alumbrado en otras ciudades con costo 10 veces menor al presupuestado en Chihuahua.
Juan Carlos Arregoitia estableció que el Municipio ha sido incapaz de hacer un censo propio de luminarias que mantiene y se basa únicamente en cifras que le da CFE. Ahí consideró que existen inconsistencias en las cifras y hasta algunas incongruentes. Por ejemplo, los propios datos del Ayuntamiento indican que en 2018 había 74 mil 800 lámparas; en 2019 seguía en esa cantidad y un mes después del contrato de mantenimiento, reportaban 81 mil 500 luminarias.
Es decir que se declararon 6 mil lámparas más en un mes. “O el municipio estuvo instalando 220 lámparas por día sin decirle a nadie, o desde un principio no las contaron bien”.
También manifestaron que la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) había rechazado el proyecto de Maru, pero Jáuregui especificó que ese organismo no ha recibido la solicitud formal del Municipio para el proyecto en debate.
Será el primer plebiscito en la historia
El proyecto municipal tendrá un costo superior a los 6 mil millones de pesos y concesionado a 15 años a un particular. Fue aprobado en abril de éste año por el Cabildo pero las organizaciones de la sociedad civil organizada solicitaron someterlo a consulta mediante un plebiscito, figura establecida en la Ley de Participación Ciudadana del Estado en 2018.
El argumento de “Chihuahua Decide”, movimiento impulsado por las agrupaciones Red por la Participación Ciudadana, Wikipolítica y Másde3, es que se trata de un proyecto con costos inflados para financiar las aspiraciones políticas de la alcaldesa capitalina, con miras a la gubernatura del estado para el 2021.
Pero, a diferencia del Ayuntamiento que tiene la estructura pública, las organizaciones han sorteado el proceso para lograr la consulta con recursos propios. Primero para reunir más de 4 mil firmas ciudadanas y hacer el planteamiento formal al Instituto Estatal Electoral (IEE), y luego para comenzar una campaña de difusión con los puntos que ellos consideran importantes para darle el “No” al proyecto.
Ésta es la primera ocasión que se lleva a consulta ciudadana la decisión de una autoridad. En el caso de Chihuahua es necesaria la participación de por lo menos el 10 por ciento del total de las personas integrantes de la Lista Nominal (690,725), es decir poco más de 69 mil, para que el resultado sea vinculante.
Para ello serán utilizadas 420 urnas electrónicas en 188 centros de votación en la ciudad, que darán un resultado preliminar la noche del 24 de noviembre pero hasta 2 días después se tendrán las cifras oficiales y finales.
La fecha, otro factor en contra
El IEE tiene un plazo de hasta 90 días para programar la consulta pública, pero a finales de octubre decidió que sería el 24 de noviembre el día del plebiscito. Las organizaciones impugnaron el acuerdo en el tribunal local electoral sin éxito alguno y la fecha se ha sostenido.
Eso provocó que, sin presupuesto propio, el instituto electoral tuviera que pedir un reajuste presupuestal al Congreso del Estado, y éste a su vez obtuvo el recurso desde el Ayuntamiento, visto como un posible control hacia la organización de la votación, aunque ha sido negado en reiteradas ocasiones porque el IEE maneja directamente el recurso.
Quienes conforman “Chihuahua Decide” creen que ampliar la fecha al máximo, es decir, hasta enero del 2020, generaría mejores condiciones, tanto porque el instituto tendría recurso propio como porque hay más tiempo para difundir los argumentos en contra del proyecto.
A la par de eso, justo ésta semana, el presidente municipal de Parral, Alfredo Lozoya, al argumentar que ese es un municipio destacado en el consejo consultivo de Participación Ciudadana, acudió al IEE para participar formalmente en esa jornada de votación, en la que registró 45 observadores.
Pero lo más llamativo que hizo, fue pedirle al instituto diferir la consulta sin dar otra fecha, con la premisa de que es necesario tener mayor tiempo para que la ciudadanía conozca las posturas.
Con todo eso, tanto los promotores del proyecto como las organizaciones en contra, mantienen sus actividades para llegar a una de dos opciones: o el alumbrado de Chihuahua será concesionado a 15 años, o tendrá que esperar.
