El director de la asociación civil Asentamientos Tarahumares, Eleazar Sánchez abandonó el diálogo con los habitantes del asentamiento Carlos Díaz Infante porque se negaron a comprarle las casas en las que viven desde hace más de 20 años.
Sánchez convocó este jueves a una reunión en el asentamiento rarámuri para hablar con ellos de la “situación legal” de las propiedades y de un esquema que les propuso en septiembre de 2018 en el que propone venderles las viviendas que les fueron entregadas dentro del asentamiento.
Al observar que la comunidad no estaba sola y que en la reunión había asesores externos y abogados, el director decidió dejar el lugar.
“Vamos a tomar nuestras medidas para establecer qué es lo que vamos a hacer en el asentamiento. No se va a vender, es una mentira, se va a regularizar todos los procesos de contrato que se tienen de cada una de las personas (…) en este momento, yo, como presidente de la asociación, me paso a retirar”
Antes de dejar el salón de usos múltiples anunció que acudiría a instalar una oficina al asentamiento para que los habitantes firmen los nuevos contratos. El director no se detuvo ante las preguntas de los presentes sobre los papeles que había dicho que les llevaría ese día.
Para la mayoría de los que estuvieron presentes, la actitud de Sánchez fue una falta de respeto a la comunidad, pues fue él quien organizó la reunión y el tiempo que permaneció en el lugar no quiso escucharlos.
“Muy indispuesto para hablar con los que están a su nivel, los que tienen estudio. Con nosotros sí quería hablar solos porque no tenemos conocimiento… siempre le gustó aprovecharse, por eso entró a la asociación cuando podría hacer otra cosa”
En el asentamiento Díaz Infante viven cerca de 40 familias rarámuri. El lugar les fue entregado hace más de 20 años para que tuvieran un lugar digno donde vivir en la ciudad, pues la mayoría de ellos llegaron a Chihuahua por falta de trabajo y oportunidades en la Sierra Tarahumara.
El terreno lo obtuvieron gracias a una donación que realizó el Ejido Robinson y la construcción de las viviendas fue el trabajo de personas externas y padres jesuitas que querían ayudar a los rarámuri.
Pero los directivos de la asociación cambiaron y, según denuncias de los mismos habitantes, desde el año pasado han intentado despojarlos de sus viviendas.
En septiembre de 2018, un grupo de vecinas acudió a la Plaza Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno, para denunciar que los querían obligar a entrar en un esquema de compra venta obligada de sus viviendas.
En su posicionamiento expresaron que:
Eleazar lo único que hace es querernos vender las casas y decirnos que si no las pagamos nos va a sacar, nos amenaza.
Ese señor ya no tiene respeto, no respeta a las autoridades indígenas. Entra, hace y dice lo que quiere, nos contradice y nos falta al respeto como autoridades indígenas y como personas.
No necesitamos personas como Eleazar que nos vengan a faltar al respeto y nos quieran decir lo que queremos o no queremos, lo que necesitamos o no necesitamos.
Al finalizar la reunión, la comunidad refrendó su decisión de defender su patrimonio y no permitir que las amenazas y hostigamientos del director los asuste como sucedió en el asentamiento Carlos Arroyo, en donde varias familias han sido desalojadas por los administradores.