Raíchali

Presos indígenas torturados, las cuentas que dará México ante la ONU

Por: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo

Indígenas detenidos ilegalmente y torturados llenan las cárceles por decenas. Muchos, sin sentencias. Un patrón documentado por organizaciones humanitarias. En la próxima sesión del Comité Contra la Tortura de la ONU, el gobierno mexicano deberá responder por estas prácticas, plantear políticas públicas para erradicarlas, y acciones para reparar el daño cometido

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. Diego López Méndez fue detenido a los 20 años de edad, cuando se encontraba en su lugar de trabajo. La historia de su encarcelamiento incluye una detención sin orden judicial, golpes, descargas eléctricas, asfixia, objetos introducidos en las uñas.

“Lloraba yo de los golpes, sentía que me iban a matar. ‘Tú fuiste’, me decían. Hasta que ya no aguanté y dije: ´yo creo que sí…´. Ahí dejaron de golpear”.

Lo acusan de homicidio. La única prueba en su contra es la declaración de un compañero de trabajo, al que detuvieron días antes y a quien, también a golpe de tortura, le pidieron diera el nombre de “sus cómplices”. “Yo no sé por qué dio mi nombre, pero luego me dijo que fue por los golpes, y me pidió perdón. Yo lo perdoné, porque a él también lo torturaron mucho”.

Su excompañero de trabajo logró demostrar su inocencia y salió libre, pero el juez no supo cómo acomodar el proceso contra Diego y declararlo inocente, sin reconocer que había firmado una declaración autoinculpatoria, sin reconocer la tortura en su proceso.

En el expediente penal 59/2017 se señala que Diego fue detenido el 18 de julio de 2012 “por una orden de captura” expedida por una autoridad judicial. De manera contradictoria, el expediente dice también que Luis Abelardo Castro Cruz, primer secretario de Acuerdos, declaró que las autoridades ministeriales detuvieron a Diego “en flagrancia”.

Como el Diego, en México y en Chiapas se cuentan por cientos los casos documentados contra personas indígenas a las que se les obliga a declararse culpables de delitos a través de la tortura practicada por integrantes del aparato de justicia.

Representantes de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), organismo donde confluyen más de 200 organizaciones de la sociedad civil, visitaron hace unos días el estado de Chiapas, como parte de sus actividades previo a la sesión 66 del Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el gobierno mexicano será evaluado por 10 expertos en una audiencia de dos días que tendrá lugar el próximo mes de abril, en Ginebra, Suiza.

La OMCT prepara un “informe sombra” o alternativo al que presentará el gobierno mexicano, mismo que será entregado a los expertos de la ONU, y servirá también como instrumento para la evaluación del país.

Uno de los temas que abordará el informe alternativo es justamente la desprotección de los pueblos indígenas frente a la tortura.

Los organismos que integran la OMCT aseguran que cuando se tortura a una persona, la otra víctima es la familia.

Eso se vuelve evidente en la comunidad Edén del Carmen, del municipio Ocosingo, ubicada a poco más de tres horas desde la prisión de San Cristóbal de las Casas donde está encarcelado Diego.

A la familia de Diego López Méndez, le llegó la tristeza. Foto: Ángeles Mariscal

Ahí, Pedro López Martínez, padre de Diego, llora y lamenta no haber tenido los 15 mil pesos que les pedía el defensor de oficio que le asignaron a su hijo.

Con ayuda de un traductor, porque Pedro es hablante de tsotsil, el padre de familia lamenta su pobreza, que lo llevó a sacar a su familia del municipio San Juan Cancúc, y llevarla a Edén del Carmen, donde compraron un pequeño lote para construir la casa de madera y piso de tierra donde crecieron Diego y sus 5 hermanos y hermanas; y que aún habitan.

Pedro explica que Diego, el penúltimo de sus hijos, siempre fue muy inquieto y, empecinado en estudiar, pidió que le consiguiera una bicicleta para poder acudir a la comunidad cercana a cursar el nivel secundaria. Pedaleaba una hora y media de ida, y una hora y media de vuelta. Todos los días. Cuando terminó la Secundaría, Diego se marchó a trabajar a San Cristóbal de las Casas: “para ayudarnos a sobrevivir”.

“Un día vinieron a decirnos que estaba detenido. Yo no hablo español, por eso su hermana fue a verlo. Así empezó la tristeza… porque él es inocente pero lo habían golpeado mucho (…) Tuvo un abogado y después otro. Nos pidió (el abogado) 15 mil pesos para que lo liberarán, ¿pero de dónde iba yo a sacar el dinero?”

En la habitación de madera, a un lado del fogón, Juana Méndez se sostiene constantemente la cabeza con las dos manos, la aprieta con fuerza. Tiene dolor que no se le quita. “La tristeza por Diego (su hijo) la empeoró. Ella se enferma por la tristeza”, explica su esposo.

Miguel y María, hermanos de Diego, sentados en bancas de madera, escuchan a su padre. En un momento de la conversación, Don Pedro le dice a su hijo Miguel que no quiere que él vaya a la ciudad.

“Pero a veces tiene que salir porque acá sólo gana 50 pesos al día. Yo le digo que se cuide mucho, que se cuide de los policías”, explica.

En la familia de Diego quedó sembrado el miedo a la ciudad, a los policías, a las autoridades.

Desde el inicio del proceso Diego denunció haberse autoinculpado por la tortura a que fue sometido, pero el juez Belisario Filemón ignoró la declaración. En 2018 denunció formalmente el hecho ante la Fiscalía Contra la Tortura. Este 12 de febrero, a 6 años y medio de su detención, tendrá nuevamente una “audiencia de derecho”, a partir de la cual el juez debe emitir una nueva sentencia.

La información completa se encuentra en Chiapas Paralelo

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