Los últimos seis o cinco años se ha recrudecido la lucha por la defensa del territorio en la Sierra Tarahumara. Los grupos delictivos han funcionado, en la mayor parte de los casos, como brazos armados para efectuar los despojos cuando defienden sus tierras de la tala irregular, de la minería, de megaproyectos o del control por la siembra de enervantes. El resultado es familias completas (indígenas y mestizas) desplazadas de manera forzada, homicidios y una amenaza constante y generalizada.
El pasado 27 de octubre, asesinaron a Joaquín Díaz Morales de 70 años, jefe de la brigada de incendios y ejidatario de Tule y Portugal, en el municipio de Guadalupe y Calvo.
Además, los habitantes de la comunidad Bahuinocachi del municipio de Bocoyna, han interpuesto una serie de denuncias ante autoridades estatales y federales, sin que hasta ahora encuentren una solución al saqueo del bosque ni contra las personas de un grupo delictivo que los han amenazado, a pesar de que el gobernador hizo acto de presencia el mes pasado.
En el primer caso, el asesinato de Joaquín Díaz puso en alerta a la comunidad, él había sido amenazado de muerte y desde el 2014, los habitantes han sufrido amenazas y asesinatos por defender su territorio. Varias personas se han ido para salvar su vida.
De acuerdo con testimonios del lugar, hasta ahora no se ha detenido a ninguna persona por ese homicidio ni por otros anteriores. Pero en el caso de Díaz Morales, él había señalado a quienes lo habían amenazado.
“Actualmente han dejado abandonadas sus parcelas, al menos tres familias por miedo a que regresen los asesinos y lleguen a matar a más gente, como lo han advertido. Dieron nombres de los que siguen”, cuenta un hombre cercano a la comunidad.
La Fiscalía Zona Sur dio a conocer que el cuerpo fue localizado en el Arroyo del Agua, en un camino de terracería que va de la cabecera de Guadalupe y Calvo a Mesa de San José.
El hombre de 70 años se encontraba en el interior de una camioneta pick up marca Ford, Línea Ranger modelo 1996, color guinda con placas ED37290.
El parte policiaco indica:
“Se le aprecian (al cuerpo) a simple vista, dos lesiones por arma de fuego en maxilar derecho y orificio de salida en el cuello del lado izquierdo. Se encontró en el lugar, un cartucho útil cal 7-67×39. No se localizaron más elementos balísticos. Se traslada el cuerpo a las instalaciones de Semefo para la realización de la necropsia de ley”.
El ejido Tule y Portugal fue entregado en 1959 a sus ejidatarios. Vivieron tranquilos hasta el año 2014, cuenta uno de los habitantes entrevistado a distancia.
El entrevistado relata que hace cuatro años, los habitantes de un rancho que colinda con un predio llamado Mesa de San José comenzaron a ser víctimas de agresiones verbales por vecinos que viven en los límites del ejido y que colinda con un predio particular también llamado Mesa de San José, cuyo propietario es Pedro Ruiz. Dicho terreno está intestado.
En el 2015, agrega, un grupo de personas conformado por los hijos de Arturo Ruiz, quien es nieto del propietario del predio particular mencionado, y de otros desconocidos para los pobladores, asesinaron a Crescencio Díaz Vargas, quien era comisariado ejidal que vivía en la Mesa de San José y sus tierras colindan con las de ese terreno en disputa.
“Algunos pobladores decidieron en ese tiempo, dejar sus tierras al no poder hacer nada, ya que los asesinos estaban amparados por el grupo del crimen organizado que predomina ese lugar”, relató con la impotencia de saber que las cosas no han cambiado mucho.
Seis meses después, el ejido interpuso una demanda contra Arturo Ruiz Portillo (o Arturo Peña Portillo) por despojo, debido a que ya se había adueñado por la fuerza, de tierras abandonadas y de otras que les “recogieron” a los señores Ruiz que aún vivían en el lugar.
Era el año 2016. En averiguaciones previas citaron a Arturo Ruiz y al presidente del comisariado, para arreglar de manera pacífica la situación, pero fue en vano.
“Le pidieron al ejido una pericial topográfica, la cual fue presentada por el ejido en tiempo y forma. También se le pidió una pericial al que se ostenta como propietario, Arturo Ruiz, la cual no cumplió y tampoco presentó papeles de ninguno”.
En las averiguaciones previas les informaron que como el señor no aportaba pruebas, el caso sería turnado al Ministerio Público. Pasaron dos años y no lo turnaron. Este año, el ejido cuestionó la dilatación y le informaron al comisariado ejidal que citarían de nuevo al demandado.
Al darse cuenta del citatorio, Arturo Ruiz amenazó de muerte a algunos pobladores, incluido el anterior comisariado ejidal. Después de 22 días, privaron de la libertad a Joaquín Díaz, uno de los amenazados y fue localizado sin vida, el 27 de octubre pasado.
Bahunocachi, otra historia de resistencia
La comunidad de Bahuinocachi ha enfrentado una serie de amenazas, después de que se atrevió a denunciar la tala clandestina de su bosque y la burla de los talamontes a las autoridades. O tal vez, la complicidad de éstas, con quienes explotan la Sierra Tarahumara.
La Red de Defensa de los Territorios en Tarahumara (Redeti) ha documentado los incidentes con la comunidad de Bahuinochachi, para presentar una solicitud al proyecto Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable (IPASSA) y actuar ante la situación preocupante que enfrenta el bosque de la Tarahumara.
El 5 de abril pasado, interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR/AIC/PFM/UAIOR/CHIH/CHIH/2818/2018). También han acudido por la vía legal, a la Fiscalía General del Estado, ante la Secretaría de Desarrollo Rural estatal; a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PFPA/15.7/2c.28.2/00006-18 PGR 2818/2018) y a la Comisión Nacional Forestal (Conafor). No hay resultados.
Ellos se niegan a acostumbrare a ver a los tala bosques llevarse sus árboles por la noche, ante la mirada de todos y ante la ceguera de las autoridades. Se niegan a que los camiones troceros desfilen durante las madrugadas.
Según el recuento que la misma comunidad ha hecho, los días 28 y 29 de febrero, veinticinco personas armadas cercaron la comunidad y talaron el predio Bajío del Largo, que está en posesión de la comunidad.
El 14 de marzo, personas armadas preguntaron dónde era el límite del predio con el ejido Molinares y posteriormente comenzaron a talar de forma indiscriminada, con motosierras. Cortaron los árboles más grandes dentro de ese predio, conocido como Bajío del Largo, así como de otras rancherías, incluida la comunidad de Bahuinocachi.
El 4 marzo, llegaron a la comunidad agentes de la Policía Estatal en tres camionetas, por Sisoguichi, pero los talamontes huyeron. Los policías pidieron información, firmaron las denuncias. Apenas se fueron, continuaron la tala con tres camionetas pick up, motosierras, dos caballos. Los primeros días llenaron entre 15 y 20 camiones troceros. Utilizaron otra camioneta color blanco, para vigilar.
El 7 de marzo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudió con 16 camionetas de la Policía Estatal y los acompañó el comisariado, el secretario del Ejido y el montero. Sólo supervisaron la parte de arriba de la comunidad, pero no el área que estaba talada. El predio más afectado no es propiedad del ejido, sino de la Nación, es posesión de la comunidad de Bahuinocachi, indican en un reporte que han hecho llegar a autoridades estatales.
Desde el 8 de marzo, los tala montes comenzaron a talar de nuevo y salieron con 5 camionetas cargadas y días después, llenaron otros dos camiones troceros que entraban y salían de la comunidad de Ojo de Buey.
El 13 de marzo, dice el reporte, se escucharon balazos en la comunidad. Detuvieron a tres personas en Panalachi, del mismo municipio de Bocoyna, por tala ilegal, pero los dejaron libres bajo fianza y regresaron a aquel territorio serrano.
Varias personas de la comunidad fueron amenazadas por teléfono, para advertirles que, si continuaban denunciando, las dañarían junto con sus familias.
Hasta ahora, continúa la tala ilegal en comunidades aledañas a San Juanito, uno de los principales pueblos del municipio de Bocoyna, así como a la salida a Maguarichi, alrededor de la presa, en las comunidades Aguas, Yeposo, Gutemare, San Pablo de la Sierra, entre otros.
Aseguraron los pobladores de aquellas comunidades, que una mujer fue localizada desnuda, después de la liberación de los delincuentes y de las amenazas. Otras dos personas fueron secuestradas en mayo pasado y amenazadas de muerte si continuaban las denuncias.
El pasado 26 de octubre, el gobernador Javier Corral Jurado estuvo en la comunidad de Bahuinocachi, después de la presión para atender la problemática. Lo acompañaron la próxima titular de la Semarnat, Josefa González Blanco Ortiz Mena y quien será director de la Comisión Nacional Forestal, Jorge Castaños Martínez. Por parte el gobierno estatal estuvieron el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Luis Felipe Siqueiros y la titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, María Teresa Guerrero.
Se reunieron con alrededor de 200 habitantes de comunidades aledañas y se comprometieron a atender la situación que afecta al bosque y la seguridad de la región, anunciaron una serie de estrategias para combatir la tala inmoderada del bosque y garantizar el presupuesto para garantizarlo.
Apenas se fueron, los Talamantes continuaron su trabajo nocturno.
La Red Serrana lo advirtió hace años
El año 2016, ante la gravedad de la situación de la tala inmoderada de árboles, la Diócesis de la Tarahumara, apoyada por la Red Serrana, advirtió los daños que se habían ocasionado y el panorama adverso que amenazaba a la Tarahumara.
Las cifras de árboles talados los últimos años se desconoce, pero el daño es evidente.
El sacerdote jesuita de la parroquia de Creel, Javier Ávila Aguirre, calculó en una rueda de prensa efectuada hace más de dos años en Creel, Bocoyna, que sólo en Bocoyna y durante un periodo corto de incendios provocados presuntamente por un grupo delictivo durante el año pasado, se perdieron alrededor de 15 mil árboles.
En la comunidad de Bosques de San Elías Repechique, del municipio de Bocoyna, en menos de un mes cortaron de manera ilegal y discriminada, alrededor de 20 mil árboles.
La comunidad hizo un plantó de un mes que paralizó la entrada y salida de camiones “troceros” y aún continúan en litigio.
Después de casi dos décadas de silencio y trabajo callado en región serrana, sacerdotes, religiosas y religiosos de la Diócesis de la Tarahumara, advirtieron que la tala inmoderada ha causado incendios provocados de miles de hectáreas, desplazamientos de comunidades completas, juicios agrarios y penales.
Lanzaron la campaña Cuidamos el bosque, al denunciar la tala criminal del bosque. La delincuencia organizada se adueñó de predios y aserraderos, advirtieron para exigir a las autoridades que pongan un alto a la tala ilegal y a la impunidad ambiental, para que investiguen y sancionen a los responsables. Que revisen los permisos indiscriminados, advirtieron.
“Ya se perdió la vergüenza, la discreción para cometer actos ilícitos. Vemos con gran dolor, que de manera burda y descarada se da la explotación de los recursos forestales en toda la sierra sin ningún control, burlando todas las medidas legales que evitarían la devastación del bosque, hasta llegar a incendios provocados intencionalmente por manos criminales”, alertaron en un comunicado generado aquella ocasión.
“La delincuencia organizada se adueña de predios y aserraderos, la madera extraída circula amparada con permisos ilegales”.
El sacerdote jesuita, Javier El Pato Ávila, señaló que en la Tarahumara hay un patrimonio amenazado. “Vemos gobiernos que acaban siendo testigos mudos de estas violaciones , tanta policía del estado, municipales, militares y federales alrededor de la zona de San Juanito (…) Aceptamos que a los delincuentes los juzgue la federación, pero el bosque no es de la federación, es del estado, es de la región, yo creo que se están acabando los recursos de una subsistencia local muy importante y tenemos la obligación de defender esos bienes dados, como dice el Papa Francisco, hay que cuidar nuestra casa común”.
El actual párroco de Sisoguichi, Héctor Fernando Martínez, mencionó que la actividad minera, con el modelo extractivo de tajo abierto, “está dejando graves e irreparables daños en donde se está utilizando, actualmente hay una grave amenaza contra la salud, empiezan a ser evidentes los daños (…) hay ya una afectación permanente al paisaje y basta ir de aquí a Chínipas para constatarlo.
“Los lugares donde se encuentra la minería van a quedar totalmente degradados, creemos que este hecho va sumado al impacto por la deforestación como parte de un mismo modelo económico”. El jesuita Javier Campos Morales dijo que la tala de bosque y la carencia de éste es un problema que el indígena ha sufrido en otras formas. “No van a gritar ni a decir de cosas, ante la invasión han huido y se han replegado, ahora ya no tienen en donde replegarse, las leyes forestales les prohíben hasta cortar madera, esto afecta directamente toda su vida la relación con el creador y la naturaleza se ve destrozada”.
Quien era encargado de la Pastoral Indígena, Gabriel Parga, advirtió: “Estamos en una franca desértica, es un bosque muy frágil, no son las características de los bosques de Chile y Canadá que compiten con nuestro bosque, esto nos duele, seguimos viendo camiones y camiones autorizados para pasar, el programa económico de Peña Nieto pretende doblar la explotación forestal en México, para cubrir la demanda del país (…) lo grave es que mucho es legal, está autorizado, pero tendrían que hacerse estudios más profundos que limitaran la tala en vez de promoverla.
La Red Serrana, conformada por varias organizaciones civiles que trabajan en comunidades de la Tarahumara, arroparon la demanda de la Diócesis y llamaron a sumarse a la campaña.
