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Con Corral la esperanza se convirtió en hartazgo, denuncian activistas

Revista Proceso

Ciudad de México.- Con la incorporación de históricos y fuertes liderazgos sociales al gobierno del panista Javier Corral Jurado y la Alianza Ciudadana, que conformaron algunas de las principales organizaciones civiles con él, gran parte de la sociedad se siente huérfana de líderes ante las represiones contra cualquier manifestación que efectúan y han calificado como “sordo” al gobierno actual.

Entrevistados por separado, seis ciudadanos que han participado en manifestaciones masivas, coinciden en que el gobierno estatal ha decepcionado a quienes confiaron en la candidatura de Corral y se duelen de la esperanza que fincó en gran parte de los chihuahuenses, luego de resistir a un sexenio perverso, opresor y hasta amenazador, con César Duarte Jáquez a la cabeza.

Pareciera, indican, que a la administración actual le basta con la cuota de sociedad civil que representa Alianza Ciudadana para considerar que es un gobierno ciudadano.

Como consecuencia de la lejanía de Corral con varios sectores, en las pasadas elecciones federales el apoyo fue para los candidatos de la coalición Juntos haremos historia y especialmente a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.

Rebelados contra las secciones 42 y 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la gran mayoría de maestros agremiados apostó a la colación morenista y varios de ellos se convirtieron obtuvieron candidaturas del partido evangelista Encuentro Social, que les abrió las puertas para apoyar al tabasqueño. Ahora confían en el regreso de Elba Esther Gordillo como su dirigente porque “con ella no se perdieron prestaciones”.

Los activistas que fueron nombrados funcionarios en el gobierno de Corral, le han apostado a impulsar reformas, políticas públicas y trabajar a favor de la ciudadanía, principalmente en el área psicosocial desde la Secretaría de Desarrollo Social y de la Comisión de Atención a Víctimas; en la Sierra Tarahumara, con los grupos indígenas, a través de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas y otras áreas, entre otras (https://www.proceso.com.mx/505581/al-interior-gobierno-corral-crece-resistencia-impulsar-programas-derechos-humanos)

Sin embargo, en redes sociales, ante medios de comunicación y en las mismas manifestaciones, los ciudadanos que se han atrevido a salir a las calles a protestar, reclaman las voces fuertes y enérgicas que en el pasado condenaron feminicidios, desapariciones, desplazamientos forzados, las injusticias en el campo, los homicidios de derechohumanistas y otras demandas ciudadanas.

El hartazgo duartista

Los entrevistados coinciden que, con el duartismo, Chihuahua vivió una de sus peores épocas.

El doctor René Flores Delgado, de Camargo, uno de los municipios que lideraron el movimiento contra el gasolinazo en la entidad, opina que en ese gobierno la confusión fue el común denominados al inicio, después fue el miedo que paralizó a la ciudadanía.

Cuenta que hubo represión cuando había intentos de manifestaciones, pero utilizaban a “terceras personas”, no a trabajadores o funcionarios de gobierno. “La incertidumbre por la violencia que no se reconocía, generó una desilusión muy rápida. La sociedad quedó atada y el peor enemigo fue el miedo”.

La gente, atemorizada, dejó de participar en causas sociales. “Nos resignamos al silencio por lo monstruoso del sexenio (…) de manera indirecta, atemorizados, dejamos de participar”.

“En ese gobierno (de Duarte), no había amenazas, sólo se ejecutaban, por eso el temor”, agrega.

En Camargo y la zona centro-sur hubo denuncias de intimidación para obligar a vender hectáreas de tierras agrícolas principalmente, hubo intentos de abrir presas para beneficiar a particulares y esa situación la confirma el médico, quien asevera que hasta ahora no saben quién ocupa hectáreas del territorio y lo mejor es no informarse ni preguntar.

El profesor Dante Valdez Jiménez, líder social de ciudad Madera -municipio localizado en la Sierra Tarahumara- recuerda que desplegaron la estrategia de Duarte de represión policaca y del crimen organizado que aterró a todos. “Sabemos que estaba plenamente vinculado con estos grupos, negociado para mantener a estas comunidades a raya en la manifestación social, sobre todo donde había minas.

“Los liderazgos no tenían eco (…) Las voces decían que César Duarte Jáquez era un personaje bastante peligroso (consciente o inconscientemente estábamos paralizados”.

Jorge Ramírez, también maestro del municipio de Madera, refuerza: “Fue cruel, inhumano, insensible, simulador (…) en las comunidades el narcotráfico fue el que estuvo gobernando, pusieron a títeres, (…) había una paz social muy simulada porque el control lo tenía un grupo delictivo. Dejó de existir el estado derecho y ahora tampoco existe”.

Siria Solís Solís, habitante del municipio de Buenaventura y lideresa de El Barzón recuerda que el sexenio pasado sí había miedo, pero no han dejado de exigir justicia y de defender su tierra.

“Benito Juárez (ejido de Buenaventura) es una de las comunidades que más ha sufrido por la desaparición forzada, asesinatos, hubo gente que se iba y no se volvió a ver”.

Del ejido Benito Juárez era el matrimonio defensor de derechos humanos, Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, quienes fueron asesinados en octubre de 2012.

“Lo hemos dicho, si se nos va la vida por nuestra tierra es por nuestros hijos y nietos, que tienen que hacer producir la tierra que heredamos de nuestros antepasados. Nuestra misión es informar a los niños la historia del pueblo, que quieran su tierra”, agrega Siria Solís.

Otro profesor que se convirtió en líder sin quererlo desde el municipio de Guerrero (donde inicia la Tarahumara), es Ramiro Franco, quien presidió la Asociación de Padres de Familia durante varios años, hasta el gobierno de César Duarte.

Él recuerda que impulsaron el Plan Villa, que consistía en implementar orquestas infantiles en las escuelas principalmente, pero fue hasta que concluyó el sexenio cuando se conocieron porqué no funcionaron. Desviaron dinero y las orquestas quedaron incompletas.

“Cuando creíamos que no podíamos tener uno peor, llegó César Duarte y superó a todos los anteriores: robó cuanto pudo y descaradamente, se alió con el narcotráfico y ejerció siempre mano dura ante los problemas y reclamos sociales”, refiere Luz María Cisneros, quien se ha unido a la defensa de ciudadanos apresados por el gobierno de Corral durante manifestaciones.

Cómo inició el hartazgo

La mayoría de los nuevos liderazgos apoyaron a Javier Corral como candidato a la gubernatura. El movimiento Unión Ciudadano, liderado por Jaime García Chávez y Javier Corral entre otros, les dio fuerza para creer en que la situación podía cambiar.

Corral renunció al movimiento una vez que ganó la gubernatura.

“Cuando llegó Javier Corral con su campaña y sus promesas de combatir a fondo la corrupción y llevar a la cárcel a César Duarte, logró reunir a gran cantidad de chihuahuenses de todos los partidos y todas las ideologías en su apoyo y con grandes esperanzas de que esta vez sí iba a cambiar Chihuahua”, retoma Luz María Cisneros.

Javier Corral cautivó a más ciudadanos cuando dijo que él no podría lograrlo solo, requería de una participación ciudadana y que tomaría en cuenta a todos.

“Esto me animó a salir a la calle, a tomar mi responsabilidad como ciudadana e inicié uniéndome a Retén Ciudadano y a Resistencia Civil Estatal y a grupos que tenían ideas afines a la mía. Queríamos todos realmente un cambio”, comparte Cisneros.

René Flores coincide que el pueblo de Camargo y de la zona centro sur del estado se animó salir hasta que llegó Corral al gobierno y se anunció el gasolinazo, que detonó manifestaciones masivas en todo el país, el 1 de enero de 2017.

“La lucha de Jaime García animaba, daba valor (…) sabíamos que el sexenio de Duarte había dejado un problema serio, donde las amenazas no eran un acto directo, el acto se cumplía si la gente se manifestaba”, insiste Flores.

Con la trayectoria parlamentaria de Corral y la forma en que posicionó diferentes luchas ciudadanas, abrigó esperanzas, describe el médico camarguense.

Valdez Jiménez explica que, en el caso de Madera, su vocación productiva y de lucha, los lanzó de nuevo a las calles. A partir del 1 de enero de 2017, tomaron de manera permanente durante el mes, oficinas gubernamentales de los tres niveles de gobierno, bancos y hasta un centro comercial.

“Al pegar en este asunto en vocaciones de municipios serranos y por los niveles de marginación, la gente detona de manera fácil, además ya había hartazgo de varios años de anterioridad. Los atracos de Duarte que estaban vistos y el embate de Peña Nieto contra la clase trabajadora, se llena de maestros las manifestaciones, amas de casa, de los líderes ejidales que ahí andaban, cosa no vista en las manifestaciones. La expectativa en Javier Corral era alta”, añade Dante Valdez.

Reconoce que hay protectores de derechos humanos “valiosos” como funcionarios en el gobierno de Corral, pero considera que en gran medida se han quedado paralizados en la defensa de los derechos ciudadanos que se han violado durante esta administración.

“Los atrapa el gobierno de Corral y se paraliza la movilización social (…) se queda al descubierto mucha y queda vulnerable ante el gobierno saliente. El gobierno no ha generado condiciones seguras y reprime la movilización social.

“(El gobierno de Corral estatal) maneja la política hacendaria a costa del hambre del pueblo (…) se presenta un esquema bastante interesante (de represión contra manifestantes) en el que pensábamos desde el reclamo que muchos de los líderes sociales históricos de Chihuahua irían a renunciar, pero cometen un acto de incongruencia política e ideológica y se quedan”, arremete el maderense.

Desde esa manifestación, se han acumulado los detenidos en protestas, las personas golpeadas por la fuerza pública y el reclamo social por el desprecio del gobierno.

Jorge Ramírez agrega sobre Corral:

“Entra a gobernar con la izquierda y comienza a gobernar con la derecha. Lo que esperábamos era que nos devolviera el poder al pueblo, que nos empodere, que nos escuche, pero se volvió un gobierno recaudador, inhumano, nos mandó a policías, utilizó al estado represor para reprimir cruelmente”, indica Ramírez.

Siria Solís coincide en que le apostaron al gobierno de Corral y opina que los compañeros de lucha que decidieron participar en el gobierno como funcionarios adquirieron otros compromisos y “a lo mejor no está tan clara la lucha (…) sabemos que venga el gobierno que venga, la lucha va a ser constante”.

Franco dice que cuando llegó el nuevo gobierno y con éste el reclamo contra el gasolinazo y otras causas sociales, vieron la confianza para salir a las calles. “Nos dieron permiso”, dice un tanto tímido al referirse a los grupos que han controlado la región desde hace años.

“Corral dijo en un video en campaña que defendería a los maestros, los llamó amigos”.

Los maestros también le perdieron el miedo al SNTE, se unieron a las manifestaciones contra el gasolinazo y salieron a reclamar la falta de pago de hasta dos años en el caso de algunos.

“Tres meses y medio no cobré el aumento correspondiente, perdí una camioneta de 14 mil pesos que empeñé, por ir a manifestarme. Maestras como Nely Rascón, duraron dos años sin cobrar”, recuerda sobre una manifestación que realizaron más de diez días en Chihuahua.

La desilusión

“Perdimos la esperanza. Hoy nos aterroriza un futuro incierto. Hay un grito de la sociedad, profundo, que no se ha alcanzado a desglosar. El gobierno nos ha hecho perder todo, incluso hasta el miedo”, dice Flores.

El médico fue sacado de un acto público en Camargo en noviembre de 2017, cuando Corral asistió a un evento en ese municipio y él le reclamó su promesa de darles una cita desde enero.

“Hemos visto que tiene fuerza en su mano y dice ‘de aquí para acá son míos, y de aquí para acá no me interesan’”.

En Camargo iniciaron el movimiento tres mujeres: Sandra y Viridiana Bojórquez y Pilar Fernández, quienes animaron a otros a sumarse.

Dante Valdez recuerda que en la Sierra Tarahumara surgió desde 2007 el movimiento Resissste.

“No pensó el gobierno que el magisterio saldría como liderazgo principal para mover a otros sectores de la población (…) quedamos vinculados de alguna manera haciendo causas comunes, ese fue el panorama por eso se sale a la calle de manera masiva”.

Al salir a las calles, pensaron que serían tratados de otra manera por el gobierno estatal y que el mismo gobernador se sumaría a la exigencia contra el gasolinazo, pero pasó lo contrario.

Luz María Cisneros lamentó que en las primeras manifestaciones Corral haya reprimido a los manifestantes, aun cuando uno de sus colaboradores se encontraba tomando las oficinas de Pemex.

“Como que no quiere que todas esas asociaciones con todos sus reclamos se le suban al cuello (…) parecen que sus acciones están encaminadas más bien a administrar los conflictos y desarmar y dividir las organizaciones, en vez de analizar objetivamente los problemas y conducir los esfuerzos de gobierno y gobernados hacia procesos de solución”, abundó Cisneros.

Agrega: “Sólo está ocupado en atrapar y consignar a César Duarte. Justo es decir que estamos conscientes de que recibió un gobierno completamente saqueado y maniatado tanto por el gobierno federal como por los compromisos que contrajo tramposa y descaradamente su predecesor.

“Yo tengo la impresión de que Corral es un hombre honesto, pero que no se acerca abiertamente a dialogar con la población para buscar sinceramente soluciones (…) Un ejemplo muy claro es el conflicto de la caseta de Sacramento”.

El año pasado el gobierno desactivó las tarjetas que daban libre acceso por las casetas a ciudadanos de Sacramento, Saucillo, Camargo y Jiménez. Entre los trámites de actualización de datos para entregarlas de nuevo y burocracia, se les fue el tiempo.

Los integrantes del movimiento aseveran que el gobierno trató de dividirlos de diferentes maneras y los asustaban para que la gente no tomara las casetas.
Después de la toma de la caseta de Sacramento y de la detención de los manifestantes, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, llamó a la cordura y a buscar el diálogo para resolver el conflicto por la caseta de peaje.
Apro buscó una entrevista con el funcionario, pero no hubo respuesta.
En un comunicado el funcionario aseguró que el conflicto derivó de abusos en el censo levantado para entregar tarjetas con descuento porque los propios pobladores quisieron integrar a personas que no eran de ese lugar o que no cubrían los requisitos establecidos por la secretaría de Hacienda.
Y la secretaría de Hacienda informó que la actual administración aumentó en casi un 35% la cantidad de tarjetas de descuento, en beneficio de pobladores de las zonas aledañas a dicha instalación.
“La puesta en operación de una brecha para permitir el libre paso a la altura de la caseta ha ocasionado pérdidas para el gobierno del estado por más de 4 millones de pesos”, señaló en el comunicado.

El 10 de abril pasado, la gente de Sacramento tiró una barda que impedía el paso por el camino vecinal, por donde pasan habitantes de 36 comunidades.
Luego de varios intentos de bloquear el acceso libre al ejido, el mes pasado lo logró el gobierno. Durante la madrugada colocaron un muro de contención. La gente lo quitó de nuevo con camionetas y fuerza humana.

“Nos avisaron que venían 10 camionetas en la carretera para reprimir. La gente se acomodó haciendo una barrera de mujeres y atrás los hombres. No deseábamos el enfrentamiento, sólo que se respetara el acuerdo de la entrega de las tarjetas (…) Al irse acercando los policías, formaron una valla”.

Golpearon mujeres, arrastraron a uno de los líderes, golpearon y detuvieron a un menor de edad y a otro detenido le reventaron los tímpanos cuando lo llevaban detenido esposado, de acuerdo con exámenes médicos.

Al adolescente de 14 años le provocaron inflamación de la cabeza, mareos y náuseas como consecuencia de los golpes que le dieron en las piernas cuando lo detenían, mientras sometían a su papá.

“La gente gritaba y corría para protegerse, nunca esperamos que actuaran así (…) En la Fiscalía no se les permitió a sus familiares verlos, no se permitió que un licenciado los representara, se les obligó a aceptar a los que ahí se encontraban y a firmar cada documento que se les entregaba, pues se les amenazaba con no poder ser liberados y hacer más cargos”.

Los médicos levantaron actas de las lesiones, pero los afectados prefirieron no demandar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por temor a represalias.

“La gente resiente el no ser tratada con respeto y consideración, el que se pretenda darle atole con el dedo y a la usanza más descaradamente priista se pretenda armar intrigas, trampas y triquiñuelas mediáticas para desconocer las organizaciones verdaderamente representativas de las demandas del pueblo”, explica Luz María Cisneros”.

Jorge Rodríguez agrega que Corral se molesta con frecuencia porque no le exigieron a César Duarte. “Sí le exigíamos, pero éramos tres, ahora salió un pueblo más cansado, porque la lucha social actual tiene esa ventaja. La gente ya está harta, ya está más informada”.

Siria Solís opina que ahora no es miedo, pero aún tienen que luchar para defender su territorio. En el ejido Benito Juárez han hecho alianzas con otros comisarios ejidales y se han fortalecido.

Ella reconoce que con compañeros en el gobierno sí han podido empujar y tener algunos logros para la gente del campo, pero eso les ha ocasionado campañas de desprestigio contra El Barzón y la situación se ha puesto más difícil para la comunidad.

“Es un odio sin sentido al movimiento, porque cuando la gente necesita, El Barzón está ahí. La lucha social va a seguir, va a pasar por los siglos de los siglos. Nosotros vivimos en una parte donde hay oro (…) ahora tenemos mucha esperanza con Andrés Manuel”, dice.

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