Texto y fotografía por: Ana Cristina Ramos
El 6 de agosto de 2014, 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, terminaron en los ríos Bacanuchi y Sonora, en uno de los mayores desastres ecológicos del país; el derrame provocado por la minera de Grupo México -propiedad del segundo hombre más rico del país, Germán Larrea- afectó a los pobladores de 36 comunidades de la región.
Cuatro años después, este miércoles 22 de agosto, el ministro Javier Laynez Potisek, presentará ante la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proyecto de sentencia del amparo 365/2018, que decidirá si la misma empresa puede construir una nueva presa de jales (donde se tiran los desechos tóxicos de una mina) sin que las comunidades afectadas puedan opinar al respecto.
El fallo será trascendental, no sólo para los habitantes de Sonora, sino para todos aquellos que enfrentan las consecuencias negativas de los megaproyectos en México, como es el caso de las poblaciones aledañas al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Por eso, el pasado lunes 20, a las puertas de la Suprema Corte se reunió una pequeña congregación de hombres y mujeres con paliacates rojos, sombreros de paja, machetes y letreros con consignas de demandan a los derechos ambientales.
Eran habitantes de Bacanuchi, que fueron afectados por el derrame de la presa de jales en Sonora, y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco, que desde 2001 han luchado una batalla contra la construcción del aeropuerto en Texcoco.
“Nosotros lo único que le estamos pidiendo a la corte es que nos dé la razón, nosotros vivimos ahí, estamos sufriendo las consecuencias”, dijo Martín Valenzuela, representante de los Comités de Cuenca Río Sonora, quien cargaba un letrero con la leyenda: “Justicia, remediación y no repetición”.
Para Luis Miguel Cano, el abogado que acompaña el proceso legal en Sonora, el tribunal debe de darle garantía a los ciudadanos sobre su derecho a participar de manera informada en asuntos medioambientales. “Lo que diga la corte, no sólo va a afectar el desastre natural en Sonora, nos afecta a todos, por eso hoy nos unimos; pueden negarnos el amparo, pero no pueden negarnos nuestros derechos”, dijo.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente — Grenpeace, CEMDA, CIEDH, Litiga OLE, Oxfam México, ProDESC y Serapaz — se sumaron a esta demanda y entregaron a la corte un Amicus Curiae (una opinión especializada de expertos ajenos al litigio, que busca apoyar al tribunal en la resolución de un tema) en el que exponen argumentos jurídicos sobre el derecho a la participación pública en asuntos ambientales.
“El Máximo Tribunal se encuentra en un momento histórico acerca de un fallo que versa sobre el derecho a la participación pública medioambiental. La participación ciudadana en las políticas públicas es un derecho humano, vital para mantener sociedades democráticas con gobiernos abiertos a recibir opiniones aun cuando sean discordantes con su visión”, dijo María Colín, campañista legal de Greenpeace México, organización que apoya la iniciativa.
Benjamin Cokelet, codirector ejecutivo de PODER, coincidió en que la Corte tiene una oportunidad histórica para “estar al día con las decisiones internacionales que favorecen la participación amplia y anticipada de las comunidades en temas medioambientales”.
A los norteños los acompañaron con consignas (“No están solos, Sonora vive, la lucha sigue; Sonora hermano, Atenco te da la mano; agua sí, muerte no”) integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, del movimiento Mexicali Resiste, que se oponen a la instalación de una cervecera en Baja California y pobladores de la Sierra Norte de Puebla que desafían a las mineras; todos llegaron a reclamar a los ministros su derecho a participar en decisiones que afectan su medioambiente.
Hasta ahora, las resistencias de pueblos indígenas a la instalación de megaproyectos han tenido un mayor margen legal para protegerse que las comunidades no indígenas, pues las primeras están amparadas por el derecho a la consulta libre, previa e informada, establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por el artículo primero de la Constitución Mexicana. Pero hay otros instrumentos en el derechos internacional, como el artículo 23 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y al artículo 25 del Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos, que establecen el derecho de las comunidades de participar en las decisiones de interés público.
El abogado Cano explica, por ejemplo que el Acuerdo de Escazu, como se conoce al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en marzo de este año, fue promovido por México, y busca garantizar derechos de acceso a la información, participación y justicia en temas medio ambientales.
“¿Cómo va a ser que México como gobierno impulse el convenio y mientras la Corte nos diga que el derecho de participación no incluye los derechos medioambientales?”, cuestionó el abogado.
Para Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, no tiene sentido que los ministros voten en contra de estos casos y fuercen a los movimientos a buscar a alargar sus luchas y buscar ayuda fuera de México “¿Por qué dejan que nos vayamos a una lucha internacional cuando aquí debiéramos tener personas decentes que caminen con nosotros?”, preguntó la activista.
Realizado y publicado originalmente por Ana Cristina Ramos para Pie de Página.
