Con el nombramiento de Gilberto Loya en la FGE, la gobernadora mantiene la práctica de entregar la procuración de justicia a mandos cuestionados por corrupción, motines o presuntos operativos ilegales
Por Itzel Ramírez/La Verdad Juárez
Con el nombramiento de Gilberto Loya en la FGE, la gobernadora mantiene la práctica de entregar la procuración de justicia a mandos cuestionados por corrupción, motines o presuntos operativos ilegales
Por Itzel Ramírez/ La Verdad Juárez
Desde su llegada al Gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván ha entregado la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) a funcionarios investigados por la propia dependencia por actos que van desde la presunta participación en esquemas de corrupción hasta su responsabilidad en motines y operativos fuera de la legalidad.
La tendencia se confirmó este viernes con la designación como nuevo fiscal general de Gilberto Loya Chávez, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública estatal. El nombramiento se da justo en la discusión de una reforma para dotar de autonomía a la dependencia y a escasos días de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que la Fiscalía General de la República mantiene abierta la investigación sobre el caso de los agentes estadounidenses fallecidos en un operativo en la sierra en abril pasado.
Loya, quien había manifestado su interés en la candidatura del PAN al gobierno estatal, recibe la encomienda como fiscal sin que el gobierno estatal haya aclarado si su investigación sobre ese mismo caso se encuentra cerrada.
Cuestionado sobre si la designación de Loya implica un conflicto de interés por las indagatorias sobre el operativo en la sierra y los asuntos relacionados con las prisiones estatales, José Luis Martínez Juárez, coordinador de Comunicación Social y vocero estatal, se limitó a señalar que el tema es competencia directa de la FGE.
La designación le otorga a Loya fuero constitucional en el ámbito local apenas unas semanas después de que se conociera que cuatro custodios del Cereso de Chihuahua – entonces bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública– torturaron a un reo hasta provocarle la muerte.
Tras asumir el cargo, el nuevo fiscal anunció una reestructuración de la dependencia para “responder a la instrucción” de la gobernadora. Entre los cambios destaca la llegada de Wendy Chávez Villanueva como vicefiscal; Omar Tinoco en la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación; Luis Rico en la Dirección de Administración, y Daniel Barraza al frente de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
Chávez ocupaba la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de género y a la familia (FEM) y en abril de este año fue designada por la gobernadora Campos como la encargada de la unidad especializada creada ex profeso para la investigación del caso de los agentes estadounidenses.
Para relevar a Loya al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, la gobernatura designó a Luis Ángel Aguirre Rodríguez, quien se venía desempeñando como subsecretario de Estado Mayor de la propia corporación.
Foto: Gobierno de Chihuahua
La reforma y señalamientos de una “fiscalía a modo”
A inicios de agosto, en el Congreso local, PAN y Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa de ley para modificar el carácter jurídico de la Fiscalía General del Estado y dotarla de autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Sin embargo, para la bancada de Morena, esta propuesta representa un intento del Ejecutivo por nombrar un fiscal “a modo” que permanecería ocho años en el cargo.
La diputada Elizabeth Guzmán, integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, criticó la llegada de Loya a la FGE.
“Este nombramiento refleja un poco desesperación ante a falta de resultados, Chihuahua sigue dentro de los primeros lugares en homicidio doloso. La verdad es que nos parece que hay desesperación ante la falta de resultados, pareciera que lo que están buscando es cubrirse las espaldas”, afirmó la legisladora de Morena.
Guzmán consideró que la propuesta del PAN de reforma a la FGE no garantiza la autonomía que se requiere.
“Dicen en el PAN que están intentando hacer una fiscalía autónoma, pero no autónoma del Gobierno del Estado, la bancada de Morena ha presentado iniciativas para que la fiscalía sea autónoma y no se ha revisado. Lo que vemos es que ante la falta de votos que se tiene en Congreso para una reforma constitucional, lo que han intentado ellos de hacer una fiscalía a modo”, concluyó la diputada.
El equipo de comunicación de Nancy Frías, diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, no respondió a una solicitud de entrevista.
Jáuregui: fiscal y jefe
Antes de Gilberto Loya, quien despachaba como titular en la FGE era César Jáuregui Moreno, nombrado por Maru Campos en enero de 2023, tras la remoción de Roberto Fierro.
Jáuregui Moreno, integrante clave del equipo de Campos y hombre de todas sus confianzas, reconoció en 2019 haber recibido dinero público, en un esquema que la Fiscalía General del Estado de aquellos años designó como la “nómina secreta”, encabezada por César Duarte Jáquez, actualmente preso en un penal federal.
En una declaración ministerial, el político detalló cómo enviaba a Campos para recoger el dinero, al ser ella la vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN que él encabezaba en el Congreso local.
La acusación establecía que Campos y Jáuregui habrían recibido más de nueve millones de pesos dentro de este esquema.
Como fiscal, el panista era el responsable de dar continuidad a las carpetas de investigación de los actos de corrupción presuntamente cometidos durante el duartismo, aunque no se informó del avance de las averiguaciones.
El escándalo de los agentes estadounidenses provocó la renuncia de Jáuregui, que ahora busca la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua.
Fierro, el eterno en la nómina
Roberto Fierro Duarte fue el primer fiscal general del gobierno de Maru Campos, puesto en el que se mantuvo hasta enero de 2023, cuando la mandataria lo destituyó tras un motín en el Cereso de Juárez, que dejó un saldo de 17 personas fallecidas.
En aquel momento, la FGE era la encargada de la administración de los Ceresos estatales, que actualmente están a cargo de la SSE. Una revisión al centro penitenciario reveló que en su interior había armas, celdas VIP, drogas y millones de pesos en efectivo.
Hacia 2025, dos años después de los hechos, ni Fierro, como fiscal general, ni otras autoridades habían sido imputadas ni señaladas en las investigaciones de la dependencia.
Luego de la destitución, Fierro fue acomodado como jefe de oficina y secretario particular de la gobernadora y posteriormente fue nombrado titular de la Secretaría de la Función Pública, organismo encargado de la investigación y sanción administrativa de los servidores públicos.
Actualmente, permanece en el cargo.
Este contenido fue originalmente publicado en La Verdad Juárez, integrante de Territorial alianza de medios. Aquí puedes ver su publicación.
