Comunidades rarámuri de Huitosachi, Bacajípare y Mogótavo exigieron solución al problema de décadas de contaminación de agua y en una reunión con autoridad es, acordaron que dependencias estatales realizarán visitas a las localidades entre agosto y septiembre para avanzar en el cumplimiento de la sentencia.
Por Karla Quintana/Raíchali
A más de una década del inicio de un juicio promovido por comunidades rarámuri de la región de Barrancas del Cobre por las afectaciones asociadas al desarrollo turístico, representantes de Huitosachi, Bacajípare y Mogótavo, del municipio de Urique, cuestionaron que las autoridades continúen sin concretar las medidas ordenadas para atender problemas contaminación del agua de su territorio, por falta de regulación en drenaje, aguas residuales y manejo de residuos.
“Como que no se resuelve nada, así lleva varios años. No sé ponen de acuerdo ni entre ellos, no se ha resuelto nada”, señaló María Monarca, representante de Huitosachi, en rueda de prensa las otras dos comunidades, después de la reunión celebrada este viernes en el Juzgado Octavo de Distrito del Poder Judicial Federal en Chihuahua.
El encuentro fue convocado por la jueza Marisela Eréndira Ángel Licea y la secretaría Alessa Andra Pérez Alvarado, quienes dan seguimiento a la ejecución de la sentencia relacionada con el juicio promovido por las comunidades.
Durante la reunión participaron representantes de las tres comunidades, así como autoridades municipales, estatales y federales, con el objetivo de revisar los pendientes para avanzar en el cumplimiento de la resolución.
Foto: Karla Quintana
La abogada de la organización que es asesora jurídica de las comunidades, Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), Citlali Quintana Sapién, explicó que el proceso judicial (635/2020) inició en 2010 y que, el año pasado el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito estableció puntos específicos que deben atender las autoridades para resarcir las afectaciones.
“Las comunidades tienen un juicio desde 2010 y el año pasado se resolvió por parte del Tribunal Colegiado, puntos específicos para que las autoridades den cumplimiento y resarzan las afectaciones en esas áreas”, explicó Quintana.
De acuerdo con la abogada, las afectaciones que deben atenderse están relacionadas principalmente con el agua, la basura y las aguas residuales generadas por la actividad turística.
Uno de los principales pendientes es la construcción de una planta tratadora para atender las aguas residuales generadas por los hoteles y la actividad turística de la zona.
Citlali Quintana señaló que entre las medidas que deben concretarse es la construcción de una planta tratadora de las aguas residuales que se generan por los hoteles, por el turismo, así como un plan de manejo de los residuos y desarrollar una visión turística que considere la cosmovisión y la forma de vida de las comunidades rarámuri.
En la reunión, las comunidades solicitaron que la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) acuda directamente a sus territorios para revisar los proyectos, para establecer acuerdos y definir fechas de cumplimiento.
Foto: Contec
Como resultado, se estableció una agenda de visitas con participación de representantes de la JCAS, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.
La primera visita será el 12 de agosto en Bacajípare; posteriormente, el 27 de agosto, las autoridades acudirán a Huitosachi y a la zona donde se contempla la planta tratadora; finalmente, el 4 de septiembre visitarán Mogótavo.
El objetivo será revisar con las comunidades los sitios propuestos para las obras y explicar los proyectos de agua y tratamiento de aguas residuales que se plantean como parte del cumplimiento de la sentencia.
En el caso del drenaje, integrantes de las comunidades señalaron que llevan varios años planteando la necesidad de contar con infraestructura, pero también han expresado que ésta debe ubicarse de manera que no genere nuevas afectaciones.
María Monarca, representante de la comunidad de Huitosachi, explicó que sí existe disposición para que se construya la infraestructura necesaria, pero que la propuesta es que la planta o las obras correspondientes se ubiquen en una zona adecuada, fuera del núcleo de la comunidad y cercana al área del río donde pueda atenderse el problema.
El planteamiento refleja una de las dificultades que han acompañado el cumplimiento de la sentencia: las comunidades no sólo exigen que se construyan las obras, sino que éstas sean acordadas con ellas y respondan a sus necesidades y condiciones territoriales.
El manejo de los residuos también fue uno de los temas centrales de la reunión.
Integrantes de las comunidades señalaron que existe un problema con la acumulación y disposición de basura, por lo que plantearon la necesidad de contar con infraestructura que permita separar y reciclar los residuos dentro de las comunidades.
“También tenemos un problema de la basura”, señaló otra de las integrantes de las comunidades, quien planteó la instalación de un espacio con contenedores para reciclaje que permita trabajar el manejo de los residuos desde las propias localidades.
La abogada Citlali Quintana explicó que otro de los acuerdos consiste en elaborar un plan integral de manejo de basura, responsabilidad que, de acuerdo con las atribuciones señaladas durante la reunión, corresponde principalmente a las autoridades estatales y municipales.
“También se comprometieron a hacer el plan integral de manejo de basura, como dice que le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y también al municipio”, señaló Quintana.
Sin embargo, advirtió que el municipio de Urique enfrenta una limitación presupuestal importante frente a la magnitud de la actividad turística que recibe la región.
Foto: Contec
“Es un municipio pequeño que no tiene suficiente presupuesto para sustentar el turismo de la zona turística más importante del estado”, explicó.
Uno de los puntos señalados por la defensa de las comunidades es que el cumplimiento de las medidas ambientales no debe concentrarse únicamente en el Parque de Aventura Barrancas del Cobre.
La abogada explicó que el parque cuenta con infraestructura propia para el tratamiento de aguas residuales y manejo de basura, pero consideró que la actividad turística que se desarrolla en sus alrededores también debe ser tomada en cuenta al evaluar las afectaciones.
“El parque como tal tiene su planta tratadora y su manejo de basura. Pero alrededor del parque hay mucha zona turística, constantemente se generan eventos y hay afluencia turística que también se debe de tomar en cuenta porque es también una afectación a las comunidades”, señaló la abogada de Contec.
De esta manera, el problema planteado por las comunidades abarca no sólo las instalaciones del parque, sino el conjunto de actividades, hoteles, eventos y servicios turísticos que se desarrollan en la zona de Barrancas del Cobre y que generan residuos y aguas residuales.
Quintana explicó que la sentencia vincula a las autoridades de acuerdo con las atribuciones que tiene cada una, por lo que el cumplimiento requiere la intervención coordinada de distintas instancias.
“La sentencia vincula a las autoridades dependiendo de sus atribuciones. Hasta ahorita la mayoría de las atribuciones corresponden al estado y al municipio”, explicó.
En este sentido, la reunión buscó establecer una ruta para que las dependencias involucradas acudan a las comunidades y conozcan directamente las condiciones de cada localidad antes de definir las obras.
Foto: Contec
Además de la definición técnica del proyecto, durante la reunión se planteó la necesidad de garantizar recursos para su ejecución.
Se buscará que el Congreso del Estado destine partidas presupuestales a los organismos correspondientes para obtener los recursos necesarios para la construcción, operación y mantenimiento de la planta tratadora.
Para las comunidades, el cumplimiento de la sentencia implica que las autoridades pasen de los acuerdos y reuniones a la ejecución de medidas concretas.
La agenda establecida para agosto y septiembre será el siguiente paso para revisar los proyectos directamente en Bacajípare, Huitosachi y Mogótavo, aunque las comunidades mantienen el señalamiento de que las medidas han sido discutidas durante años sin que, hasta ahora, se hayan resuelto de manera definitiva.
El proceso judicial se originó a partir del reclamo de las comunidades por las afectaciones ambientales y a su vida comunitaria relacionadas con el desarrollo turístico en Barrancas del Cobre. El caso llegó a instancias federales y derivó en una resolución cuyo cumplimiento continúa bajo seguimiento del Juzgado Octavo de Distrito.
