La minera canadiense que pretende la explotación de Cinco de Mayo, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, argumenta falta de quórum el pasado 20 de septiembre, mientras que integrantes del ejido sostienen que la reunión fue legal y se ratificó, con fe notarial, la moratoria de 100 años a la actividad minera
Por Rocío Gallegos / La Verdad Juárez
Tras la ratificación del ejido Benito Juárez a la prohibición de la minería en su territorio, la minera canadiense Apollo Silver –compañía de exploración y desarrollo de minerales que impulsa el proyecto Cinco de Mayo en la región– desconoció el acuerdo y aseguró que la asamblea convocanda para este 20 de septiembre fue aplazada por falta de quórum.
Sin embargo, integrantes del ejido, ubicado en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, confirmaron que la asamblea ejidal se llevó acabo, fue legal y, por segunda vez en casi 14 años, se decidió por el no a la mina. “Fue un rechazo absoluto”.
A través de un comunicado difundido en su página web, la minera informó: “El ejido Benito Juárez volverá a convocar a la Asamblea sobre el Acuerdo de Acceso al Cinco de Mayo… la asamblea convocada para este propósito el 20 de septiembre de 2026 fue aplazada antes de que se llevaran a cabo las actividades, y la compañía entiende que esto se debió a la falta de quórum”.
También dio a conocer que está en conversaciones con el Consejo de Vigilancia del ejido para determinar la próxima fecha de la asamblea, “que probablemente tendrá lugar en octubre”.
“Los procesos del Ejido suelen requerir más de una asamblea para concluir, y ese es el camino que siempre hemos previsto”, se menciona en una declaración atribuida a Colin Sutherland, presidente y director ejecutivo de Apollo Silver.
Además, en un segundo comunicado la empresa aseguró que “algunos medios de comunicación han informado erróneamente que el ejido votó en la asamblea para reafirmar su acuerdo de 2012 que prohíbe la actividad minera”.
Ejidatarios ratifican moratoria de 100 años
Consultado sobre la postura de la empresa, Martín Solís Bustamante, quien acudió a la asamblea en representación de su padre, ejidatario de Benito Juárez, dijo que este domingo se ratificó el acuerdo tomado el 17 de noviembre de 2012, el cual prohibió por 100 años la actividad minera dentro del ejido a partir de esa fecha.
“A mano alzada se ratificó el acuerdo de 2012”, afirmó. De esto dio fe pública la notaria pública número 2 del distrito Galeana, Marcela Reyna Molina Lucero.
Además, personal de la Procuraduría Agraria y representantes de la visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) documentaron el desarrollo de la reunión, indicó.
Quórum y legitimidad de la asamblea
Solís Bustamante informó que hubo una participación muy importante en la asamblea de este domingo. De 375 integrantes del ejido, asistieron 285, de los cuales 200 votaron en contra de la mina y el resto se pronunció a favor.
Explicó que, de acuerdo con las reglas del ejido, para que la asamblea sea válida y pueda tomar decisiones se requiere la presencia del 50 por ciento más uno de los integrantes, requisito que se cumplió.
Comentó que la convocatoria fue realizada por el Consejo de Vigilancia, encabezado por Nancy Gómez, y fue dirigida por una mesa de debate integrada por Ernesto Fernández Carvajal, Gerardo Solís, Roberto Rueda y Benigno Valencia.
En la asamblea de este 20 de septiembre no estuvieron presentes el presidente del comisariado ejidal, Ismael Giner Amaro, ni el secretario ni el tesorero, debido a que estuvieron en desacuerdo con la convocatoria, señaló Solís Bustamante. “Ellos dicen que la asamblea fue ilegal, pero sí es legal”.
Sobre la postura emitida este lunes por la minera, consideró que se trata de un control de daños con el que buscan minimizar ante sus inversionistas las consecuencias negativas del rechazo de los ejidatarios.
Tras la reunión del domingo, el ejido difundió un comunicado de prensa en el que refirió que por mayoría se refrendó el acuerdo de 2012, por lo que “continúa siendo una expresión de la voluntad de la Asamblea General y no existe consentimiento para permitir o promover actividades mineras dentro del territorio ejidal”.
El alcance del proyecto Cinco de Mayo
De acuerdo con la empresa, el proyecto Cinco de Mayo se ubica en la zona centro-norte del estado, aproximadamente a 190 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chihuahua. Consta de 29 concesiones que suman más de 25 mil hectáreas en el municipio de Buenaventura.
El principal activo de Cinco de Mayo es el yacimiento Upper Manto, un depósito de reemplazo de carbonatos (CRD) de plomo, zinc y plata, y alberga también el yacimiento de oro y molibdeno de Pozo Seco.
En su sitio web, la compañía menciona que los trabajos de campo futuros en Cinco de Mayo, incluidas las perforaciones necesarias para poner en funcionamiento el recurso Upper Manto, dependen de que se obtenga primero la aprobación social de la comunidad local.
También advierten que todas las declaraciones incluidas en su comunicado de prensa, a excepción de las afirmaciones sobre hechos históricos, “son declaraciones prospectivas” que “se basan en las opiniones y estimaciones de la gerencia y están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los previstos, incluidos, entre otros: el riesgo de que la próxima asamblea del Ejido no se convoque o celebre como se anticipó, se aplace aún más o no resulte en la aprobación para levantar la moratoria”.
“La información prospectiva contenida en el presente documento se presenta con el propósito de ayudar a los inversionistas a comprender el desempeño operativo esperado de la Compañía y sus planes y objetivos, y puede no ser apropiada para otros fines”, se aclara en el comunicado.
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Este contenido fue originalmente publicado por La Verdad Juárez, integrante de Territorial alianza de medios. Aquí puedes ver su publicación.
