Su arresto respondió a su estatus migratorio, sin embargo, por el historial legal que enfrenta en México, se podrá iniciar un proceso de extradición. Desde agosto de 2020, un juez de control del Distrito Judicial Morelos, otorgó una orden de aprehensión en su contra por presunto peculado y desvío de recursos públicos por un monto estimado de 250 millones de pesos, relacionados con la gestión que desarrolló frente al DIF estatal (2010-2016)
Por Patricia Mayorga/Raíchali
Chihuahua – La Fiscaía General de la República (FGR) confirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó apoyo para gestionar la deportación controlada de Bertha Olga Gómez Fong, ya que en Chihuahua tiene dos órdenes de aprehensión en su contra.
El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, dio a conocer que Betha Olga G.F., esposa del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, tiene dos órdenes de aprehensión en su contra, por una investigación relacionada con robo y otra por peculado agravado.
En un comunicado de prensa, la FGR dio a conocer que la detención de la expresidenta del DIF estatal, identificada como Bertha N, en observancia del prinicipio de presunción de inocencia, obedece estrictamente a motivos migratorios, en Estados Unidos.
“La FGR, a través de la Oficina de Interpol México, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), una vez que ocurrió su aseguramiento, recibió una solicitud de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, ya que esa autoridad ministerial cuenta con investigaciones en su contra de la persona mencionada”.
La instancia federal mantiene comunicación permanente con las autoridades estadounidenses para realizar las gestiones correspondientes para el proceso de deportación controlada, de acuerdo con el comunicado.
Las dos causas, dijo más tarde César Jáuregui, fueron iniciadas por la administración pasada, sin proporcionar más detalles.
A su vez, la FGE solicitó a la instancia federal que le permita colaborar en la atención del estatus migratorio, que deberá ser resuelto por un juez de Estados Unidos.
“Dicha notificación (sobre las causas penales contra la ex presidenta del DIF estatal) se contestó afirmativamente, por lo que inmediatamente, se acompañó la solicitud para los trámites migratorios correspondientes”, informó Jáuregui Moreno.
El fiscal dijo que el miércoles pasado, aproximadamente a las 2 de la tarde recibió la notificación de la FGR: “Cuando nos emiten ese comunicado, nos piden también información sobre si en Chihuahua tenía ella órdenes de aprehensión o causas pendientes. Y lo que nosotros hicimos, fue contestarle a FGR que sí, que tiene dos causas penales pendientes aquí, con órdenes de aprehensión”.
La fiscalía estatal trabaja con la fiscalía federal en lo conducente a los trámites que se realicen con autoridades norteamericanas, agregó.
Bertha Olga G.F fue detenida este miércoles 25 de marzo en el estado de Texas, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad fronteriza de El Paso.
De acuerdo con los primeros reportes, la detención se ejecutó bajo un procedimiento administrativo de carácter migratorio, por lo que fue trasladada al Centro de Procesamiento de El Paso, donde permanece bajo custodia federal.
Su arresto respondió a su estatus migratorio, sin embargo, por el historial legal que enfrenta en México, se podrá iniciar un proceso de extradición. Desde agosto de 2020, un juez de control del Distrito Judicial Morelos, otorgó una orden de aprehensión en su contra por presunto peculado y desvío de recursos públicos por un monto estimado de 250 millones de pesos, relacionados con la gestión que desarrolló frente al DIF estatal (2010-2016).
Los detalles confirmados en la base de datos federal de detenciones son que Gómez Fong se mantiene en custodia de las autoridades migratorias estadounidenses. Ese arresto administrativo podría ser el primer paso para una entrega formal a las autoridades mexicanas.
Antecedentes
En agosto de 2020 la Fiscalía General de la República giró la primera orden de aprehensión en contra de la expresidenta del DIF estatal. Su defensa promovió un amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México. Sin embargo, se le negó la suspensión definitiva contra la orden de captura y cualquier solicitud de extradición. La situación dejó el camino libre para su detención.
El gobierno estatal documentó la participación de Bertha Gómez, como socia mayoritaria en empresas como Hidroponia de Parral y Pavimentos y Servicios de Parral, entre otras que habrían recibido subsidios y contratos inflados que terminaron en cuentas personales y en pagos de tarjetas de crédito privadas.
Los fondos públicos fueron destinados, presuntamente, a la compra de equipos de inseminación artificial de ganado, que pararon en la empresa privada de señalada, Pavimentos y Servicios de Parral, así como en la tarjeta American Express de ella misma.
El exgobernador, Duarte Jáquez, fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami Florida, después de permanecer prófugo de la justicia por varios meses. Fue extraditado a México, el 2 de junio de 2022.
Posteriormente, Duarte obtuvo la libertad condicionada por un juzgado del fuero común, el 6 de junio de 2024. Pero el pasado 8 de diciembre lo reaprehendieron por una causa penal del fuero federal y lo enviaron a la cárcel del Altiplano en el Estado de México.
Foto: Conagua
Con la llegada de Ernestina Godoy como fiscal general de la República, se aceleró la ejecución de un expediente contra el exgobernador, porque México estaba en espera de que Estaos Unidos accediera a que se le procesara por una nueva acusación distinta a la que fue motivo de su extradición, por blaqueo de dinero.
El juez federal Daniel Marcelino Niño suspendió en febrero de este año, el juicio contra el ex priísta, de manera indefinida, por un amparo que presentó Duarte contra la vinculación a proceso por lavado de dinero decretado el 14 de diciembre por la jueza María Jazmín Ambriz López, lo que no implica su libertad.
Duarte está acusado por el presunto lavado de más de 73 millones 925 mil de pesos entre 2011 y 2014, causa penal que se suma a la que continúa en el estado de Chihuahua, por el desvío de más de 96 millones de pesos (causa penal 3041/19).
Con la recaptura de César Duarte, la FGR y la FGE reabrieron las carpetas de investigación en contra de su círculo cercano, entre quienes se encuentra Bertha Olga Gómez, a quien han señalado como pieza clave en la triangulación de recursos hacia la Unión Ganadera Regional División del Norte y a la Financiera División del Norte S.A de C.V, S.O.F.O.M, E.N.R.
Causa penal en contra de Duarte, en Chihuahua
Durante la audiencia de formulación de proceso contra el exgobernador de Chihuahua César Duarte entre el 2 y 3 de junio de 2022, que contó con 65 testigos –excolaboradores, empleados, vaqueros de sus ranchos y algunas víctimas—expusieron la manera en que operaba la red de corrupción que desvió 96 millones 665 mil pesos a las cuentas de las personas morales que el exmandatario fundó y dirigía. Pero Duarte aseguró que todo son mentiras de su sucesor Javier Corral Jurado.
El inculpado tenía hasta ese momento 19 órdenes de aprehensión del fuero común y una más del fuero federal por delitos electorales.
Después de dos años prófugo y otros tantos detenido en una prisión de Estados Unidos, retornó al estado que gobernó de 2010 a 2016 con los lemas “El poder es para poder” y “Que el cielo bendiga a Chihuahua”; este último incluso lo registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad (IMPE) con el mismo domicilio de la Unión Ganadera División del Norte (UGDN) y las farmacias Economik.
En tres días de la audiencia de formulación a proceso, Duarte escuchó las y los testigos, entre excolaboradores, empleados, vaqueros de sus ranchos y algunas víctimas, quienes relataron el modus operandi de la red de corrupción duartista.
El principal trabajador del rancho El Saucito y otros era Valentín Díaz Javalera, quien detalló que la nómina que pagaba a los trabajadores de los ranchos de Duarte en Balleza salían de la UGDN y Financiera División del Norte.
También declararon funcionarios del gobierno de Javier Corral Jurado, quienes se encargaron de documentar los hechos que el Ministerio Público (MP) busca probar.
A Duarte le siguen en Chihuahua un proceso por peculado y asociación delictuosa con penalidad agravada en el Poder Judicial, que en su momento presidía la magistrada Myriam Victoria Hernández Acosta, quien presentó una declaración jurada a su favor ante el Tribunal de Miami, Florida, para afirmar que Duarte es un perseguido político y evitar su extradición.
De acuerdo con la información que se dio a conocer en torno a la extradición, se ventilaron también las declaraciones de los magistrados Luis Villegas Montes y Otilia Flores Anguiano, que declararon a favor de Duarte en la carpeta de investigación, y la jueza federal de la Corte de Florida, Lauren Fleischer Louis, habría indagado la procedencia de los nombramientos de los tres declarantes.
El 9 de junio fue vinculado a proceso y el juez dio seis meses para el cierre de la investigación. Hasta ese momento habían sido procesados 25 empresarios y exfuncionarios que formaron parte de la misma red de corrupción y 10 más han sido sentenciados.
En la primera causa penal, se le acusa del desvío de 96 millones 665 mil 253 pesos del erario a las cuentas de las morales que él fundó y de las que fue presidente y gobernador al mismo tiempo: Unión Ganadera División del Norte y Financiera División del Norte S.A. DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.
Además de Duarte, tienen responsabilidad administrativa más de 30 personas entre 2011 y 2014, sólo por este proceso. Los presuntos responsables también declararon en el juicio.
Los más de 96 millones fueron depositados en varias cuentas de la Secretaría de Hacienda, para 11 procesos simulados desde la Secretaría de Desarrollo Rural y Hacienda, con 17 pagos reiterados a la Unión Ganadera División del Norte y otros más a la Financiera.
El Ministerio Público relató que Duarte tiene más 90 por ciento de las dos empresas beneficiadas y a través de las cuales, pagó sus nóminas de sus ranchos, compra de propiedades, pago de tarjetas, sus propios impuestos y también transfirieron a cuentas de familia.
Foto: especial
Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga (ex diputado federal que murió en un accidente el 20 de marzo de 2017) fue el principal operador de César Duarte al interior del gobierno como director de la Fideicomiso Estatal para el Fomento de Actividades Productivas del Estado de Chihuahua (FIDEAPECH), después como director de Administración en la Secretaría de Hacienda y como presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS). En 2016 fue impulsado por Duarte como diputado federal.
La contadora de la UGDN y de la Financiera, que también es pieza clave en las investigaciones y estuvo presa por el mismo caso, es Guadalupe Medina Aragón.
El Ministerio Público presentó pruebas de los nombramientos de Duarte, Carlos Hermosillo y otras personas, como parte del Consejo de administración de la UGDN, que fundó Duarte en 2005 cuando era diputado federal y de la Financiera División del Norte, que fundó en 2011.
A la Financiera le entregaron 32 millones y Duarte tenía más del 98 por ciento de acciones de la serie A y 93.35 por ciento de las acciones de serie B. El representante legal era Pedro Humberto Baca Gómez, quien es sobrino de la esposa de Duarte, B.O.G.F y que también estuvo involucrado en la compra de ranchos, de manera irregular, según el expediente.
El Ministerio Público indicó durante la audiencia que la Financiera duplicó su capital entre 2009 y 2012. La justificación era el apoyo a los ganaderos asociados a las morales y los así simularon los 11 procesos:
La adquisición de equipo de inseminación artificial de ganado de carne, con más de 56,965 pesos el 17 de junio de 2011 y otros 2 millones 692 mil 299 el 25 de abril de 2012, depositados a la UGDN; la compra de vaquillas productoras de carne en dos procesos por más de 22 millones de pesos entre 2011 y 2012.
También otorgaron un préstamo por 5 millones de pesos a la UGDN el 9 de enero de 2011 y más de 36 millones para indemnizar a los productores que transportaban ganado al rastro, entre el 2012 en diferentes pagos, supuestamente.
De acuerdo con testigos que laboraron en la Secretaría de Hacienda desde antes del gobierno de Duarte, nunca se había autorizado un préstamo en efectivo a alguna moral, a través de esa modalidad y afectaron la lista a deudores.
Foto: Especial
Al finalizar el sexenio de César Duarte, había preocupación por la cuenta a deudores y el gobernador ordenó poner orden a los documentos.
Según las declaraciones, pagaron 10 millones de pesos a la misma asociación para el programa de alimento para ganado bovino, el 12 de julio de 2012; compraron una finca urbana la calle Guillermo Prieto y Mercaderes en la ciudad de Parral; le dieron 8 millones de pesos a la Financiera División del Norte para comprarla el 25 de septiembre del mismo año.
A la vendedora, Consuelo García Chávez, le dijeron que lo compraría el gobierno estatal, pero al cambiar las escrituras se dieron cuenta que lo vendieron a la Financiera. La compra se hizo a través de la Financiera División del Norte y el Ministerio Público determinó que ese y otros pagos, eran improcedentes por el conflicto de intereses, ya que Duarte era gobernador y a la vez accionista mayoritario de la moral y lo mismo pasaba con Carlos Hermosillo, quien operó la compra.
Le pagaron también 310 mil pesos en dos pagos a la UGDN para el traslado de ganado a la Feria de San Marcos de Aguascalientes, en abril y octubre de 2013. Y otro proceso simulado fue el pago para un programa de repoblamiento de ganado bovino entregaron 4.6 millones a la UGDN el 8 de octubre y entregaron 5.5 millones de pesos para la compra de avena, frijol y maíz a la UGDN el 28 de noviembre de 2014.
Los socios de la Unión Ganadera División del Norte en diferentes municipios como Rosales, Satevó, Chihuahua, Aldama, entre otros, declararon que nunca se vieron beneficiados con los programas y a quienes les entregaron vaquillas, estaban en mal estado.
Una ocasión, el gobierno de Duarte dio a conocer a medios de comunicación, que llegaría ganado de Nueva Zelanda, pero de acuerdo con los testimonios no lo recibieron, se lo quedó Duarte y algunas las llevaron a Nayarit, según consta en diferentes declaraciones.
La UGDN presentaba listas de beneficiaros con las firmas de entrega de apoyos, pero quienes declararon desconocieron sus firmas y por lo menos 45 ya habían fallecido antes de que se firmaran los convenios.
El destino del dinero desviado
Desde su campaña a la gubernatura, Duarte ofreció a los ganaderos apoyo de compra de ganado y otros, con la condición de que se afiliaran como asociaciones locales o municipales, a la Unión Ganadera División del Norte.
Exfuncionarios que declararon bajo secrecía de su identidad o de manera abierta, expusieron que fueron presionados para hacer los procedimientos de entrega de los recursos por Carlos Hermosillo, que siempre tenía la instrucción de César Duarte para agilizar los pagos y que eran autorizados por los secretarios de Hacienda y Desarrollo Rural en turno.
Como titulares de la Secretaría de Hacienda estuvieron Cristian Rodallegas Hinojosa, José Luis García Mayagoitia y Jaime Ramón Herrera Corral. En la Secretaría de Desarrollo Rural, estuvieron Octavio Legarreta y Leonel de la Rosa. Un personaje clave porque operó en compra y venta de ganado con esos recursos, es Eloy Soto Payán, quien fue director de Ganadería y es familiar de Duarte, también es Parral.
Elosy Soto Payán sufrió un atentado en septiembre de 2025 en Parral, en el que terminaron heridos dos abogados, entre ellos Héctor Villasana, uno de los abogaos de César Duarte.
Los funcionarios de Hacienda que son testigos, detallaron que una parte del dinero lo depositaban en una cuenta de la Secretaría de Hacienda, lo cobraban en efectivo y posteriormente lo depositaban en una bóveda de la dependencia, así fue el modus operandi de la nómina secreta de Duarte.
Según lo declarado, destinaron 45 mil pesos para el pago del fideicomiso 744743 en Banorte a nombre de Duarte y de su esposa Bertha Gómez, para capitalizar a Unión Progreso, en 2012, en donde estuvieron involucrados Carlos Hermosillo y Jaime Herrera. El total del fideicomiso fue de 65 millones de pesos.
Una vez que la UGDN y la Financiera recibió el dinero público, con algunos depósitos hicieron transferencias a cuentas personales de Duarte, de su esposa y de empresas como Hidroponia de Parral S.A de C.V, Ganadera El Saucito que está a nombre del matrimonio y de sus hijos.
La UGDN, la Financiera, la empresa Pavimientos y Servicios de Parral, y la casa de campaña de Carlos Hermosillo, compartieron el mismo domicilio en la Plazuela Morelos en el centro de Parral.
El Ministerio Público enumeró y nombró las empresas de hermanos, hijos y esposa de Duarte para demostrar hacia dónde desviaron los recursos públicos.
En otro acto delictivo que señala el Ministerio Público en la causa penal de Duarte, indica que en 2011, Carlos Hermosillo llegó con los hermanos Carrasco García, para proponerles la compra de sus cuatro ranchos de más de 30 mil hectáreas en el municipio de Camargo, ubicado al sur del estado. El más grande era el rancho Santa Rita y junto con los otros ahora están asegurado como propiedad del gobierno estatal.
Hermosillo ofreció 150 dólares por hectárea y no aceptaron porque no lo querían vender. Cuando declararon tres hermanas y dos hermanos, indicaron que en total fueron cinco ranchos, que declararon ante el Ministerio Público.
El 23 de mayo de 2011, días después de la oferta, un grupo armado secuestró a uno de los hermanos, Bonifacio Carrasco García por 24 horas. La familia pagó 120 mil pesos de rescate e inmediatamente después, Hermosillo regresó a decirles que les vendieran. Les vendieron también las cabezas de ganado y acordaron el pago en una sola exhibición.
El tipo de cambio subió y Hermosillo no lo respetó, como se había acordado. Les pagaron en dos partes, un millón 200 mil dólares en 2011 y 2012. El notario fue Eduardo Ulloa Rodríguez, del municipio de Santa Bárbara, lo que les pareció raro porque no llevaron a un notario local. Es el mismo notario que participó en la compra de la finca urbana de Parral, a Consuelo García.
El comprador de los ranchos fue un particular, Gilberto González Duarte, de Torreón, Coahuila y no el gobierno, según los testigos.
Cuando compraron los ranchos, quienes fueron a supervisar el ganado y los predios, fueron los trabajadores del rancho El Saucito que también declararon y que fueron parte de las negociaciones Pedro Baca y César Javalera como perito.
La orden para desviar los recursos las daba Duarte directo a la gente de su confianza colocada en puestos clave en la Secretaría de Hacienda y ellos se encargaban de operar con presiones y órdenes a otras dependencias, una de las principales era la Secretaria de Desarrollo Social, de acuerdo con decenas de testigos que dieron detalles del modus operandi para tergiversar las reglas de operación.
Otros señalamientos
El exgobernador César Duarte ordenó que se liberaran recursos por 36 millones de pesos del Gobierno del Estado para la Unión Ganadera Regional División del Norte, pese a irregularidades, de acuerdo con el testigo de identidad reservada registrado con el número KA5P23/2019.
Como funcionario que fue de la Secretaría de Hacienda, alertó en su momento que no había justificación para entregar esa cantidad y menos aún, en calidad de fondo perdido, como lo había dispuesto el mandatario.
En el testimonio leído por el agente del Ministerio Público en la audiencia contra Duarte, dijo que éste ordenó la compra de maquinaria agrícola por 60 millones de pesos. La operación se hizo en diciembre de 2010, cuando acababa de iniciar la administración. Un año después, en noviembre del 2011, firmó un convenio con la Unión Ganadera División del Norte para entregarle 36 millones de pesos “a fondo perdido”.
Foto: Gobierno el estado
La justificación fue que el recurso sería destinado para apoyar a pequeños productores para diversas actividades pecuarias, específicamente para el traslado de sus animales al rastro de sacrificio. Sin embargo, el dinero no se le entregaría directamente a los productores, sino a la Unión Ganadera Regional División del Norte.
El exfucionario que testificó, le advirtió al gobernador que Carlos Hermosillo, funcionario de la administración estatal, estaba haciendo la gestión del recurso y que esa transacción era incompatible porque el gestor era a la vez representante legal de organización ganadera.
El gobernador fue “muy determinante” en la orden de firmar la entrega del dinero y no hizo caso de la negativa y advertencia del testigo,quien narró que fue en el despacho del gobernador, ubicada en Palacio de Gobierno, donde el entonces exmandatario le ordenó que le “diera para adelante”.
El testigo señaló que él advirtió a Duarte Jáquez que esos fondos afectarían a programas prioritarios como salud o educación. Sin embargo, el exmandatario insistió que se firmara el convenio y firmó.
