La capital de Chihuahua encara un 8M marcado por la contradicción: mientras el gobierno de Maru Campos se describe como un gobierno “humanista” y que respalda a las mujeres, el Centro Histórico de la ciudad vuelve a ser amurallado con un cerco metálico que costó al erario público 39 millones de pesos. A esto se suma que las dependencias locales de Salud obstaculizan derechos básicos a las mujeres y las denuncias por detenciones y agresiones ilegales durante la marcha del 2025 siguen sin resolverse.
Por Óscar Rosales / Raíchali
Con diez denuncias por detenciones y agresiones ilegales sin resolver del 2025, un despliegue de 600 agentes policiacos, discursos contradictorios, y un muro de vallas metálicas con un costo de 39 millones de pesos, es que la ciudad de Chihuahua se prepara para la marcha del próximo 8 de Marzo, el Día Internacional de la Mujer.
Diversas colectivas, organizaciones y activistas de la entidad han señalado que el discurso humanista y de apoyo del gobierno de María Eugenia Campos Galván se contradice en gran parte con sus actos y la operación de las instituciones y organismos públicos que niegan derechos y criminalizan a las mujeres, al mismo tiempo que Chihuahua es uno de los estados más peligrosos para ellas.
De acuerdo con el informe Violencia en México. Una década sin paz 2015-2025, de la organización México Evalúa, Chihuahua es el tercer estado del país con la tasa más alta de feminicidios por cada 100 mil habitantes en los últimos 10 años. Solo le superan de Morelos y Sinaloa, este último en el primer lugar.
Para la marcha del próximo domingo existen dos convocatorias principales. La primera, descrita como “separatista”, comenzará a las 03:00 pm en la Glorieta de Francisco Villa y culminará en la Plaza del Ángel. El segundo contingente, denominado “interseccional”, cita a las 04:00 pm en el mismo punto para dirigirse hacia la Plaza Mayor, justo a un lado de la Plaza del Ángel (dónde usualmente están las letras de Chihuahua).
No obstante, existen muchas otras convocatorias desde distintos colectivas. De acuerdo con Mariela Castro, activista y vocera de Marea Verde Chihuahua y parte del contingente interseccional, no es que exista una falta de consenso u organización entre mujeres, sino que la representación y lucha viene de distintos frentes con la misma intención: salir a marchar.
Entre las recomendaciones generales, piden a las mujeres y niñas asistentes a compartir su ubicación en tiempo real con una persona de confianza, llevar cubrebocas por el posible contacto con gas pimienta y no regresar sola a sus hogares.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) anunció un operativo de acompañamiento de seguridad, en el que estarán presentes mujeres de la dependencia para vigilar que se respeten los derechos de los contingentes y no existan excesos por parte de las autoridades locales. De igual manera, confirmaron la presencia de la Cruz Roja para atender cualquier emergencia médica que surja durante la marcha.
Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que se desplegarán alrededor de 600 agentes para resguardar y vigilar la marcha. La dependencia afirmó que el 45 porciento del personal serán mujeres y evitarán tener contacto directo con las manifestantes. Además, aseguraron que la Plataforma Centinela se mantendrá en “vigilancia permanente”.
También se contará con la participación de diversas corporaciones como Bomberos, Protección Civil, Policía Vial y Asuntos Internos.
Muros que arrebatan espacios de lucha
Este año, las vallas metálicas extendieron nuevamente su perímetro en el Centro Histórico, por lo cual ahora rodean también el edificio de Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) y el edificio Héroes de la Reforma. La colocación de la muralla comenzó durante la noche del jueves 5 de marzo y terminó durante la madrugada.
Las vallas rodean también el Ayuntamiento de Chihuahua y en la Avenida Juárez y calles Aldama y Carranza, se colocaron barreras de concreto. Ventanas y puertas de las oficinas de la Comisión Estatal de Vivienda (COESVI) y la Policía Estatal Digital, fueron cubiertas con madera.
Dentro del cerco metálico, también quedó atrapada la Cruz de Clavos, antimonumenta de lucha feminista que desde su creación en 2002, honra a las mujeres victimas de feminicidio, desaparición y violencia en Chihuahua. Ese espacio se ha vuelto un lugar emblemático para otras exigencias de justicia, como por la masacre de Creel en 2008, o por el asesinato en 2022 de los padres jesuitas Gallo y Mora, en la Sierra Tarahumara.
Según declaraciones de Santiago de La Peña, Secretario General de Gobierno, las vallas son para garantizar la seguridad de las mujeres que asistan a la marcha así como para proteger “el patrimonio histórico de los chihuahuenses”.
Sin embargo, lo que buscan impedir es la iconoclasia, que es la intervención gráfica (pintas) destrucción o alteración de imágenes o espacios que representan poder, con el fin de hacer visible una protesta.
Para Ruth Fierro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) el muro de vallas es un reflejo de la poca apertura de diálogo que tiene el actual gobierno de Chihuahua con las cientos de ciudadanas que han buscado su apoyo al ser victimas de violencia.
De acuerdo con una solicitud de información del 2024 realizada a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), y que en un primer momento se negó a responder hasta que fue obligada por el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), compró 608 vallas metálicas con un costo de 39 millones 268 mil 181 pesos y que fueron adquiridas a la empresa Sujetadores de Acero S.A de C.V.
Para la directora del CEDEHM, “donde está el interés del gobierno está su presupuesto”, ya que dicho gasto pudo tener un mejor uso.
“Ahí tenemos el caso de la FEM (Fiscalía de la Mujer), que es una fiscalía que en comparación con las cargas de trabajo que tienen otras fiscalías, pues resulta muy insuficiente el presupuesto que tienen destinado, las condiciones laborales de las de las personas, de los agentes y ministerios públicos, que están encargados de resolver estos casos, los propios recursos materiales, técnicos(…) ojalá que que este presupuesto se destinara en las muchas necesidades que hay en estas instancias”, declaró.
Ruth Fierro ve un sinsentido en las vallas, ya que los edificios públicos están asegurados. Por ejemplo, en 2023, el Palacio de Gobierno de Chihuahua contó con una póliza de seguro por daños que, según datos de la Secretaría de Hacienda, cubre hasta los 80 millones de pesos.
Por otro lado, el contingente interseccional que comenzará su movilización a las 4 pm, a través de un comunicado condenó la colocación de las vallas y afirmó que se trata de una estrategia para desalentar la participación en la marcha.
Además, señalaron que el bloqueo de las calles representa una vulneración a la libertad de tránsito y que limitan las rutas de circulación, así como las posibles salidas de un evento masivo.
Agregaron que a través del cerco metálico se manda un mensaje simplista y peligroso, al afirmar que se trata de una lucha de “buenos contra malas” y que esa narrativa, lejos de garantizar el derecho a la protesta, criminaliza a quien sale a marchar.
“Hacemos responsable a María Eugenia Campos y Marco Bonilla de cualquier incidente que pudiera ocurrir como consecuencia de las decisiones tomadas para bloquear y restringir las vías en el entorno de la marcha”, se lee al final del comunicado.
Denuncias del 8M del año pasado, en etapa final de resolución
En la marcha del año pasado, al menos tres jóvenes mujeres fueron detenidas ilegalmente por agentes de la Policía Estatal vestidos de civil y otras siete resultaron agredidas, en un operativo de seguridad que fue condenado por organizaciones civiles y ciudadanía.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal justificó el operativo de ese momento como una medida adecuada ya que, presuntamente, las mujeres detenidas pusieron en riesgo la integridad física de un guardia de seguridad de las oficinas del Registro Civil, ubicadas a un lado de la Plaza del Ángel.
Las diez mujeres interpusieron distintas quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), las cuales se agruparon en una sola carpeta de investigación y es así como se le dio seguimiento.
Al día de hoy, la investigación se encuentra en una etapa final para emitir una “resolución de fondo”, explicó Alejandro Carrasco Talavera, presidente interino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La dependencia dijo no tener conocimiento de la destitución de algunos de los agentes involucrados en el operativo del 2025.
Chihuahua sigue sin garantizar acceso al aborto, pese a inconstitucionalidad
En enero del 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional la criminalización del aborto voluntario en el estado hasta la semana 12.6 de gestación. De esa manera, todas las dependencias a cargo de la Secretaria de Salud de Chihuahua deben garantizar el servicio de manera gratuita, libre y segura a las mujeres que lo solicitarán de forma voluntaria, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046).
Además, la resolución de la SCJN obliga a que el Congreso de Chihuahua modifique las leyes locales para que sea congruente con el fallo constitucional.
Sin embargo, pese a las órdenes de la corte, los y las diputadas siguen sin modificar el Código Penal de Chihuahua. A su vez, la Secretaría de Salud ha obstaculizado el acceso al aborto en sus clínicas y hospitales, aseguró Mariela Castro, vocera de Marea Verde Chihuahua, en entrevista para Raíchali.
“Frente a una realidad en donde se supone que ya no es un delito, pues obviamente es una violación de derechos humanos y violencia institucional, y simbólica, a los derechos sexuales y reproductivos, y sobre todo pues un abuso de autoridad”, afirmó Mariela.
Ante las barreras institucionales, las organizaciones que acompañan a mujeres a quienes se les ha negado el acceso al aborto, han litigado en los tribunales para que se respeten sus derechos.
Un ejemplo de lo anterior se dio con una resolución judicial en febrero de este año, en la que el Gobierno del Estado de Chihuahua indemnizó a una adolescente víctima de violación, a la cual se le negó el servicio de aborto en 2023. Con esto, la Secretaría de Salud reconocieron su responsabilidad en la violación a derechos humanos de la menor.
Maru Campos es cuestionada por sus actos, no por su género
Para la activista feminista Mariela Castro, parte del discurso de Maru Campos se ha enfocado en lo mucho que a ella le ha costado ser gobernadora de Chihuahua y que las criticas hacia ella son originadas por su género, es decir, solo porque ella es mujer.
Sin embargo, Mariela explicó en entrevista que los cuestionamientos hacia ella derivan de su desempeño como gobernadora y no pueden describirse como actos de violencia política por cuestiones de género.
En los últimos días, la gobernadora ha sido cuestionada a raíz de una investigación periodística que revela y detalla como se construyó una “mansión dorada” en la ciudad de Chihuahua, con un valor mínimo 31 millones de pesos, a través de nexos con personajes ligados al Duartismo.
“No es violencia política señalar los delitos y los eventuales delitos que estén ocurriendo, y pues hay muchos muchísimos elementos para hacer considerar que al menos sí se tejió una red de tráfico de influencias, y pues actos muy evidentes de corrupción que los medios ya están ventilando y que ojalá los órganos correspondientes los retomen para su investigación”.
Ante los señalamiento de su abrumador enriquecimiento, la gobernadora de Chihuahua aseguró en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, que le “encanta que tiren misiles” y que ha llevado “una vida limpia”, y que la mansión fue un regalo de su esposo, el empresario Víctor Manuel Cruz Russek, fallecido en octubre del 2025.
El audio inicial que acompaña a la nota fue generado con NotebookLM y forma parte de un proceso de formación de la Red de Periodistas de a Pie y la DW Akademie, promovido por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo.
