Una opinión de Sergio Andrade-Ochoa para Raíchali
En la más reciente edición del Presupuesto Participativo en la ciudad de Chihuahua, una parte considerable de los proyectos propuestos —y también de los ganadores— volvió a concentrarse en un tipo de obra que parece inevitablemente recurrente: la pavimentación de calles. De acuerdo con información oficial del municipio, de los 87 proyectos aprobados para 2025, 27 correspondieron directamente a pavimentación, absorbiendo cerca del 30% del presupuesto asignado, mientras que el resto se distribuyó entre rehabilitaciones, infraestructura básica y algunos proyectos de índole social o comunitaria.
A primera vista, podría interpretarse como una decisión lógica: muchas colonias continúan enfrentando rezagos históricos en infraestructura vial, falta de accesos adecuados o calles deterioradas. Para quienes viven cotidianamente estos problemas, pavimentar una calle no es un lujo, sino una necesidad básica. Sin embargo, esta tendencia también revela —y reproduce— un fenómeno estructural que afecta a cientos de ciudades en México: la reducción del presupuesto participativo a una forma de tapar carencias que deberían resolverse desde la planeación urbana ordinaria, no desde mecanismos que, en teoría, están diseñados para incentivar procesos democráticos más profundos.
Lo que debería ser una herramienta de innovación, participación social informada y transformación urbana, termina funcionando como un parche para atender necesidades esenciales que el estado no cubre mediante su presupuesto regular. Y ahí se encuentra la primera red flag 🚩🚩🚩.
Cuando lo básico se vuelve participativo
El presupuesto participativo nació como un mecanismo para democratizar las prioridades de inversión en las ciudades. Permite a la ciudadanía proponer proyectos, discutirlos, votarlos y dar seguimiento a su implementación. En América Latina hay ejemplos emblemáticos, como Porto Alegre, donde el modelo permitió reconfigurar completamente la relación entre ciudadanía y estado.
Pero para que funcione como tal, requiere condiciones que no siempre se cumplen:
- Capacitación para las y los ciudadanos,
- Información técnica comprensible,
- Procesos equitativos para zonas con desigual organización comunitaria,
- Y, sobre todo, que la participación no se limite a elegir qué calle se pavimenta.
Cuando la mayor parte de los proyectos participantes están orientados a pavimentación, como ocurre hoy en Chihuahua, no necesariamente se trata de mala fe ciudadana, sino de una señal clara de que la infraestructura básica está lo suficientemente rezagada como para desplazar otras prioridades relacionadas con bienestar, salud urbana, espacio público o movilidad sostenible.
En lugar de construir iniciativas transformadoras —como espacios comunitarios, corredores peatonales, ciclovías, áreas verdes, proyectos de seguridad vial o programas socioambientales—, el presupuesto participativo corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de sobrevivencia urbana: el único espacio donde las colonias ven factible atender carencias que llevan décadas arrastrando.
El riesgo de perpetuar una ciudad para automóviles
En la edición 2025 del presupuesto participativo en Chihuahua, los proyectos de pavimentación dominaron buena parte del debate público. Algunos promoventes y organizaciones celebraron que al fin se atendieran necesidades históricas; sin embargo, desde una perspectiva de salud urbana y movilidad, el panorama merece una lectura más cuidadosa.
Pavimentar calles no es un problema en sí mismo; el problema surge cuando ese es el único proyecto aspiracional para miles de personas. La pavimentación casi nunca viene acompañada de:
- Infraestructura peatonal completa,
- Accesibilidad universal,
- Calmado de tráfico,
- Infraestructura ciclista,
- Vegetación o sombra,
- Cruces seguros,
- Mejoras en el transporte público.
Es decir, se invierte en capacidades de desplazamiento motorizado, pero no en bienestar urbano integral. Esto refuerza un modelo de ciudad centrado en el automóvil, que genera efectos documentados en múltiples estudios de salud urbana: mayor inseguridad vial, aumento de contaminantes, reducción de actividad física cotidiana, entornos hostiles para personas mayores, niñas y niños, y amplificación de desigualdades territoriales.
Las calles pavimentadas pueden mejorar la conectividad, pero si no vienen acompañadas de diseño seguro y accesible, pueden aumentar la velocidad vehicular, con los riesgos que esto implica para la población.
La desigualdad también participa
Otro de los riesgos es la desigualdad en la participación. Quienes tienen más organización vecinal o capacidad para gestionar proyectos tienden a obtener más recursos. Las zonas con menor cohesión social —que a menudo enfrentan problemas más graves— pueden quedar relegadas.
Esto genera una paradoja: El presupuesto participativo busca democratizar la inversión, pero puede terminar reforzando privilegios territoriales preexistentes.
Además, cuando la ciudadanía concentra su energía en promover la pavimentación, es también porque las instituciones han fallado en proveer servicios básicos. De manera indirecta, esto libera al gobierno de su responsabilidad de planear y financiar infraestructura esencial, trasladando esa carga al campo de la “participación ciudadana”.
Desde una visión de salud urbana, la pregunta de fondo es: ¿El presupuesto participativo está ayudando a transformar la ciudad o solo está administrando la desigualdad?
Porque una ciudad saludable —según la evidencia de la Organización Mundial de la Salud, ONU-Hábitat y la literatura en salud urbana— requiere mucho más que asfalto:
- calles caminables,
- accesibilidad universal,
- espacios públicos seguros,
- movilidad sostenible,
- naturaleza urbana,
- y una distribución equitativa de servicios y oportunidades.
Si el presupuesto participativo no fomenta este tipo de proyectos, se limita a reproducir un modelo de ciudad que ya no responde a las necesidades contemporáneas,que puede incrementar riesgos para la salud y el bienestar y que, además, van en contra de la legislación y normativa vigente (Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial y NOM-004-SEDATU-2023.
El reto: transformar sin dejar de atender lo urgente
La pavimentación seguirá siendo una demanda legítima —y urgente— en muchas colonias de Chihuahua. Negarlo sería desconocer las desigualdades acumuladas. Pero la política pública no puede quedarse solo en esa urgencia.
El reto del gobierno municipal es fortalecer el presupuesto regular, reducir el rezago en infraestructura básica y liberar al presupuesto participativo para proyectos transformadores. Por su parte, el reto de la ciudadanía es ampliar la conversación hacia el tipo de ciudad que se quiere construir: ¿una ciudad centrada en la movilidad vehicular o una ciudad centrada en el bienestar y la salud de las personas?
La participación social puede ser una vía para democratizar la ciudad, pero solo si se acompaña de políticas sólidas, información clara y una visión de futuro común. Si no se corrige el rumbo, el presupuesto participativo corre el riesgo de convertirse, año tras año, en lo mismo: un parche para una ciudad que merece transformaciones mucho más profundas.
*Sergio Andrade-Ochoa (@rat_inside) es un activista chihuahuense experto en temas de movilidad y planeación urbana, con más de 15 años de trayectoria. Ha sido reconocido por la International Youth Foundation, Fundación MAPFRE, la Federación Latinoamericana de Asociaciones Químicas, el Gobierno del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Desarrollo Social y Rotary International por sus contribuciones en materia de derechos humanos, salud pública, ciencia y tecnología.
