Aunque la sentencia está a favor de la comunidad, ésta solo es un paso jurídico más en el recorrido caminado durante 15 años por Huitosachi para que les reparen las afectaciones por proyectos turísticos en su territorio
Jaime Armendáriz / Raíchali
Fotografías cortesía de Contec
Chihuahua – Durante 15 años, la comunidad rarámuri de Huitosachi, localizada en el municipio de Urique, en la sierra Tarahumara de Chihuahua, ha caminado por juzgados para intentar obtener justicia por daños a su territorio mediante proyectos turísticos, sin embargo, hasta el momento, solo tienen triunfos en papel, más no en su realidad.
En 2010, con proyectos en las Barrancas del Cobre, a esta comunidad, al igual que a otras más, se les afectó en su terreno. Huitosachi en específico sufrió de despojo de tierras y contaminación del agua. Por lo cual, desde entonces, lograron un resolutivo a su favor desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que las autoridades estatales consultaran a las comunidades ante esos proyectos, pero eso no se ha conseguido.
Recientemente, a ese caminar jurídico, se le sumó un resolutivo de parte del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, que de nueva cuenta le da la razón a la comunidad y le exige al Gobierno de Chihuahua cumplir con las sentencias que están en firme desde hace 15 años.
En este proceso legal, resultó inédito que la sentencia fue leída en rarámuri a integrantes de la comunidad, considerado como un acto de trascendencia jurídica y social, específicó Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), organización que acompaña a Huitosachi en este proceso.
La audiencia se realzó el 19 de marzo a la 1 de la tarde. Ahí, la magistrada Nancy Elizabeth Sánchez Corona y los magistrados Rafael Rivera Durón y Amílcar Azael Estrada Sánchez, leyeron en formato fácil y con traducción al rarámuri la resolución que emitieron a favor de la comunidad.
Contec hizo referencia al amparo 635/2010, en el cual la Corte ordenó la creación del Consejo Consultivo Regional en el que participaría la comunidad para garantizar su derecho a la consulta y el desarrollo equilibrado justo y sustentable de la región. “Sin embargo, las instituciones del gobierno estatal de Chihuahua, no han cumplido con esos efectos y esto derivó en un recurso de inconformidad que la comunidad presentó ante el Tribunal Colegiado”, precisó la organización.
En ese sentido, dio a conocer que la magistrada y los magistrados resolvieron que no se ha dado cumplimiento a la sentencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió, a fin de que el desarrollo turístico de la región no resultara perjudicial para las y los integrantes de la comunidad de Huitosachi, así como al derecho a la consulta pública que tiene la comunidad.
“Resolvimos que no estamos de acuerdo en que se ha dado cumplimiento, porque las acciones que han reportado las autoridades del Estado de Chihuahua no están encaminadas a lograr mejoras en su comunidad para lograr un desarrollo integral, equilibrado, justo y sustentable, sino únicamente para promover el turismo en la zona donde ustedes viven”, leyeron en la sentencia.
“Nos percatamos de que la promoción del turismo la Sierra Tarahumara, al no tomar en cuenta sus necesidades y su cultura, les ha afectado en la supervivencia de quienes forman parte de la comunidad de Huitosachi”, expusieron los magistrados con apoyo de interpretación indígena ante integrantes de la comunidad.
Por lo anterior, la y los magistrados solicitaron a la Jueza de Distrito encargada del cumplimiento de la sentencia de la SCJN, que se asegurara de que las instituciones estatales de Chihuahua atendieran los problemas que tiene la comunidad, puesto que son derivados del desarrollo turístico promovido por el gobierno estatal, ello es: la falta de agua y su contaminación, así como el exceso de basura en la zona.
Además, el Tribunal Colegiado pidió a la Jueza de Distrito que se considere el Plan “Nátiga Busuré”, que la comunidad de Huitosachi realizó en conjunto con otras que habitan la región de las Barrancas del Cobre y en el que se proponen acciones puntuales para garantizar el desarrollo humano y económico de las comunidades indígenas.
Asimismo, desde ese tribunal colegiado se comprometieron a gestionar la traducción al rarámuri de los efectos de la sentencia, así como de una lectura de la misma en la comunidad de Huitosachi para conocimiento de sus habitantes.
Por su parte, integrantes de la Consultoría Técnica Comunitaria solicitaron al Tribunal Colegiado que se brinde un acompañamiento por parte del Poder Judicial de la Federación para que se cumpla la sentencia, “pues el racismo estructural y la falta de sensibilidad social de las y los funcionarios estatales no han permitido que se cumplan los efectos materiales de las sentencias previas”, acotó la organización.
Las representantes de la comunidad de Huitosachi reiteraron que el problema de la contaminación del agua y de la basura persiste, en perjuicio de las familias rarámuri de la región; ante esto, la y los magistrados externaron su interés de visitar la comunidad para conocer por sí mismos la situación que viven.
