Por primera vez en la historia del estado, personas de la diversidad sexual interpusieron un amparo en el que se exige a los diputados y diputadas locales incluir a la población LGBTIQ+ en los gastos públicos de cada año, dado que son un grupo vulnerable, al igual que los pueblos indígenas, las mujeres y las personas jornaleras. El recurso asignado podría convertirse en refugios para jóvenes echados de su casa y programas de sensibilización, adelantan activistas.
Texto y fotografías de Óscar Rosales / Raíchali
Chihuahua.- Un grupo de seis activistas chihuahuenses interpusieron un juicio de amparo contra la Ley de Egresos del Estado de Chihuahua 2025 por no incluir una partida presupuestal para atender con programas y políticas publicas a la población LGBTIQ+.
El grupo de activistas dio a conocer el procedimiento jurídico este jueves 13 de febrero en rueda de prensa realizada en el Congreso del Estado.
El amparo presentado en el Poder Judicial de la Federación el pasado viernes 7 de febrero, señala que el presupuesto de este año asigna recursos a grupos vulnerables como pueblos indígenas, mujeres, personas con discapacidad, y personas jornaleras, sin embargo, omite completamente a la población de la diversidad sexual y de género que también enfrenta discriminación y violencias muy especificas.
“Ni las administraciones anteriores, ni esta, han implementado ningún plan para proteger a esta población. No ha habido ningún plan destinado a terminar con los crímenes de odio, para acabar con la discriminación”, señaló David García, director del medio independiente Altavoz LGBT+ e integrante del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua.
García recordó que Chihuahua es uno de los estados más peligrosos para las personas de la diversidad sexual y enfatizó el odio particular hacia la población trans. En septiembre del año pasado, se reportaron dos transfeminicidios: el de Ariana Ponce y “La China”. Aunque hay un detenido por el caso de Ariana, sigue sin haber sentencia contra el presunto asesino.
De existir partidas presupuestales, se podría invertir en campañas de sensibilización para evitar la discriminación o el acoso en las escuelas, atención psicológica para personas violentadas y evitar el suicidio, incluso en refugios para aquellos jóvenes que son echados de sus casas luego de que sus familias se enteran de que pertenecen a la población LGBTIQ+, explicó Lenia Chávez, representante de la colectiva Sáficas del Norte.
Ya existen precedentes de este tipo de actos legales en otras entidades con resultados favorables, refirieron las organizaciones durante la rueda de prensa. Guanajuato fue el primer estado en hacerlo en 2022 y, tras el fallo del juzgado a favor de las personas demandantes, el congreso de dicho estado asignó 13 millones de pesos en el paquete presupuestal 2023.
Después le siguió Yucatán, dónde activistas ganaron el amparo en junio del 2023, y el Estado de México, en agosto del 2024. Este último destinó 36 millones de pesos a políticas y programas públicos para la población LGBTIQ+, como refugios y hospitales.
Por todos los casos de éxito, que tuvieron el acompañamiento de la organización AMICUS, los activistas chihuahuenses expresaron sentirse optimistas.
El amparo no va en contra de las demás poblaciones vulnerables ya incluidas en el Presupuesto de Egresos, y tampoco implica que se le dará directamente a los demandantes algún tipo de beneficio económico, enfatizó Misael García, de Altavoz LGBT+.
“Este conocimiento de que somos una población vulnerable es completamente familiar para los diputados, para el Congreso y el Gobierno del Estado. Al no incluirnos como una población vulnerable, están incurriendo en un acto directo de discriminación”, declaró Misael.
Durante el día de la entrega del amparo, David García explicó en entrevista para Raíchali que el principal argumento legal de su demanda tiene origen en el Artículo Primero de la Constitución Mexicana, el cual señala expresamente que no se puede discriminar a ninguna persona por su orientación sexual, religión, raza, identidad de género, edad, entre otras.
“Nos tocará después vigilar que el dinero se gaste adecuadamente como lo hacemos con el resto de las partidas”, expresó David.
Oportunidad para mejorar vidas, pese a omisiones del Congreso
Durante la rueda de prensa, las organizaciones recordaron que el Congreso de Chihuahua es uno de los más omisos del país, ya que ignora deliberadamente todas aquellas iniciativas que buscan equilibrar la balanza y mejorar las condiciones de vida de las personas LGBTIQ+.
Chihuahua es uno de los útlimos tres estados en México que sigue sin cambiar su Código Civil para permitir el matrimonio igualitario (aunque en la práctica, ya pueden casarse sin necesidad de amparo desde 2015 por una orden ejecutiva del gobierno estatal). Por otro lado, tampoco existen adecuaciones en la ley local para que las personas trans puedan realizar modificaciones de acuerdo a su género (se realiza sin amparo desde 2019, pero por una orden judicial).
Además, ya han pasado poco más de tres años sin que los diputados y las diputadas legislen para sancionar y prohibir las terapias de conversión, las cuales suelen ser disfrazadas de anexos y centros de rehabilitación donde se torturan a personas LGBTIQ+ para ser “convertidas”.
“Pareciera que en este estado si no es base de demandas y amparos, no avanzamos”, señaló David García.
“Los legisladores y legisladoras en lugar de legislar a favor de la población LGBTIQ+, dedican su puesto a difundir un discurso de odio desde la tribuna. Hay casos muy específicos, pero incluso podemos recordar que cuando la gobernadora (Maru Campos) era legisladora, también se impuso desde su puesto”, añadió David.
De acuerdo con datos del 2021 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 140 mil personas mayores de 15 años en el estado de Chihuahua se indentifican como parte de la población LGBTIQ+. Para las organizaciones, esta cifra realmente podría ser mucho mayor e ilustra que hay una oportunidad para mejorar miles de vidas si se les destina recurso económico.
El director de Altavoz LGBT+ también agregó que en medio del contexto de deportaciones de Estados Unidos, derivado de las políticas del gobierno Donald Trump, designar recursos a la población LGBTIQ+ permitiría atender con perspectiva de derechos humanos a todas aquellas personas deportadas que pertenezcan a este grupo.
“Saben perfectamente lo que se les puede venir encima”, concluyeron las organizaciones, para describir las consecuencias contra los diputados y las diputadas de Chihuahua si no llegaran a obedecer una orden judicial a favor de la población LGBTIQ+.
