Personas indígenas que han sido obligadas a dejar su hogar en la Sierra Tarahumara reclamaron a las autoridades de Chihuahua un regreso seguro a sus comunidades, asediadas actualmente por células criminales que amenazan a sus pobladores y asesinan a quienes no se suman a sus filas.
Texto de Óscar Rosales
Fotografías por Raúl F. Pérez
Chihuahua.- Un grupo de personas indígenas en situación de desplazamiento forzado, originarias de los municipios de Uruachi y Guadalupe y Calvo, protestaron durante la mañana de este viernes afuera del Palacio de Gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) en la ciudad de Chihuahua, para exigir que se garanticen las condiciones necesarias para regresar a sus comunidades y se cumplan con las recomendaciones emitidas en 2022 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Cruz Sánchez Legarada, rarámuri desplazado originario de El Manzano, comunidad ubicada en el municipio de Uruachi en la Sierra Tarahumara, explicó que del 2016 a la fecha, al menos 160 personas han abandonado el lugar debido a la situación de violencia e inseguridad en la zona. Muchos escapan de los carteles del narcotráfico, que asesinan a quienes se niegan a ser reclutados.
La historia de desplazamiento forzado de Cruz y su familia comenzó el 27 de febrero del 2015, cuando dos personas de El Manzano fueron atacadas por un grupo armado en la carretera de San Juanito, en el municipio de Bocoyna. Uno de ellos murió: era el hijo de Cruz.
Un mes después, un grupo de 50 individuos vestidos con uniformes verde camuflado y chalecos negros dispararon contra las viviendas de los familiares del sobreviviente. El ataque duro al menos siete horas. Una persona murió y otra resultó herida.
Tras los hechos, Cruz y otras 36 personas huyeron de El Manzano. Luego de escapar, sus casas fueron quemadas por los mismos agresores. Pese a la situación, Cruz siempre ha defendido la idea de volver a la comunidad de Uruachi.
Siete años después, el 29 de abril del 2022, la CNDH emitió la recomendación 96/2022, en la que el organismo reconoce que el Gobierno del Estado de Chihuahua y la Fiscalía General del Estado (FGE) incumplieron con las comunidades de El Manzano y Monterde, al no ofrecer condiciones para un retorno seguro y expone una serie de irregularidades en las investigaciones de los ataques.
Cruz aseguró que a dos años de la recomendación de la CNDH, esta no lleva avances significativos. Explicó que las autoridades les han brindado refugio y servicios básicos, como luz y agua, y que a cada persona desplazada se le da mil pesos al mes para alimentos, pero que difícilmente les alcanza ante el aumento constante de precios.
El defensor rarámuri afirmó que el desplazamiento les ha afectado también en lo cultural, ya que la celebración de sus fiestas tradicionales y la preservación de la lengua no se pueden cuidar de la misma manera al estar en un entorno tan distinto al que crecieron, alejados de la Sierra Tarahumara.
“Como pueblo rarámuri yo creo que sí, todavía seguimos con esas costumbres, aunque no es la misma porque pues ahorita estamos en otro lado y es diferente. Nos hemos estado organizando con otras con otros pueblos de otras comunidades pero igual manera nos estamos atendiendo para sacar esto adelante”, expresó Cruz.
De acuerdo con el Informe del ejercicio de caracterización del desplazamiento interno en Chihuahua 2023, las principales causas que llevan a las personas a salir de sus comunidades son la violencia generada por el narcotráfico, el crimen organizado, la tala ilegal y los problemas comunitarios. Una gran parte de las personas desplazadas, se resguardan cerca o dentro de las grandes urbes del estado.
Al menos 1,032 personas encuestadas para el reporte vivían en el municipio de Guadalupe y Calvo, que forma parte de la Sierra Tarahumara de Chihuahua y el “Triángulo Dorado” de México. Del mismo modo, el 81 por ciento de la muestra total del informe, señaló que el desplazamiento implicó que el resto de la familia con la que vivía también abandonara su hogar.
En Chihuahua el desplazamiento forzado esta tipificado como un delito desde enero del 2023, y se castiga hasta con diez años de prisión. Sin embargo, un mes después, los diputados y las diputadas del Congreso del Estado reformaron la ley y agregaron un párrafo que, según expertos, criminaliza a las víctimas, ya que no se considera el crimen si la persona que se vio obligada a dejar su hogar se defiende de sus agresores.
En la manifestación también estuvieron presentes integrantes de la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), Alianza Sierra Madre (ASMAC) y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, organizaciones que acompañan a las victimas de desplazamiento forzado en Chihuahua.
Isabel Saldívar, encargada del área de Defensa Jurídica Integral de CONTEC, explicó que las personas en situación de desplazamiento forzado se agrava al no contar enfrentan otros retos luego de que llegan a un lugar, como la falta de educación, vivienda digna y acceso al trabajo, ya que al encontrarse sus nombres en carpetas de investigación por ser víctimas indirectas, los empleadores les estigmatizan y les rechazan automáticamente.
Saldívar señaló que deben aumentar los esfuerzos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE) para atender todas esas carencias.
“Batallan muchísimo (las personas desplazadas) en todos los sentidos pero principalmente con las cuestiones de salud y de acceso a la vivienda, a pesar de que la se les acompaña en parte, pues no se está haciendo como lo suficiente y a veces hasta tenemos para la gente malos tratos del personal de la CEAVE”.
“Los desplazados están aquí que requieren atención, no se puede dejar de atenderlos y es responsabilidad de todas las autoridades”, agregó la abogada de CONTEC.
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