“Estamos ante el incidente en el que más personas migrantes bajo el resguardo de las autoridades han perdido la vida, no podemos llamarle accidente a una muerte anunciada” se expuso en audiencia celebrada en Washington, Estados Unidos, donde sobrevivientes y organizaciones denunciaron la política migratoria en México
POR ROCÍO GALLEGOS / LA VERDAD
Fotografía Rey R. Jáuregui
Acompañados por representantes de 10 organizaciones de sociedad civil, sobrevivientes y familias de las víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano por sus políticas migratorias.
“Venimos a denunciar las políticas migratorias en México, estas políticas migratorias son políticas mortales”, dijo Ana Delgadillo Pérez, de la Fundación para la Justicia, una de las organizaciones acompañantes de sobrevivientes y familiares de víctimas de esa tragedia ocurrida el pasado 27 de marzo.
En la audiencia que se llevó a cabo este jueves 9 de noviembre en Washington, Estados Unidos, el incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) se exhibió como una de las graves consecuencias de la actual política migratoria mexicana.
“Estamos ante el incidente en el que más personas migrantes bajo el resguardo de las autoridades han perdido la vida, no podemos llamarle accidente a una muerte anunciada, este no es un hecho aislado”, expuso Delgadillo Pérez durante la audiencia que la CIDH transmitió en vivo.
Brayan uno de los sobrevivientes describió ante los comisionados de la CIDH que la estancia migratoria en Ciudad Juárez, donde estuvo detenido, “parecía una cárcel, no había ni agua, carecía de higiene”.
“Fue una desesperación cuando veías el lugar en llamas, el humo se estaba expandiendo en ese lugar encerrado, había como cuatro ventanas sin ventilación, las ventanas las tenía cerradas… yo corría, decía abra la puerta, no nos dejen morir aquí adentro” dijo. “ Es algo que va a quedar marcado en nuestras vidas”.
Durante el 188° periodo de sesiones de la CIDH y bajo el nombre “México: derechos humanos y acceso a la justicia de personas detenidas por motivos de inmigración”, las organizaciones y víctimas del incendio compartieron cómo la política migratoria de contención y criminalización han perpetuado la detención prolongada, injustificada y en condiciones inhumanas en las estaciones migratoria
También evidenciaron las violaciones a derechos que viven las personas migrantes en México, el papel del INM, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a quienes acusaron de impedir el acceso a la justicia para estas poblaciones.
“La detención migratoria en México sigue siendo arbitraria, inconstitucional, prolongada, indigna” dijo Lorena Cano Padilla, del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), otras de las organizaciones acompañantes de los migrantes. “La contención migratoria en México se ha intensificado a cualquier costo, incluida la muerte”.
En representación del Estado mexicano la embajadora ante la OEA, Luz Elena Baños, reiteró el compromiso “de continuar adoptando medidas necesarias para atender y reparar a las víctimas” del incendio de Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 personas, y de prevenir que estos hechos no se vuelvan a repetir.
La actual política migratoria “se enmarca en el respeto a los derechos humanos” y responde “al compromiso del gobierno para atender el tema migratorio desde una visión humanitaria”, aseguró.
Por parte de México también estuvo presente la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuriria Rodríguez, quien enumeró las atenciones otorgadas a víctimas de esta tragedia entre consultas, atenciones y acciones para servicios. También aseguró que a la fecha ya fueron compensadas económicamente 20 familias de quienes fallecieron en el incendio en Ciudad Juárez.
Las organizaciones solicitaron a las y los comisionados de la CIDH abrir un espacio de interlocución y articulación entre el Estado mexicano y las organizaciones para impulsar la creación de una comisión especial para la investigación de casos de graves violaciones a derechos humanos contra la población migrante, con enfoque multidisciplinario y transnacional.
También pidieron realizar una visita a México para verificar la situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas migrantes derivadas de las políticas migratorias implementadas y de la militarización del control migratorio, así como recomendar al Estado mexicano eliminar las facultades de control migratorio a cuerpos militares, como la Guardia Nacional.
Luego de escuchar a ambas partes, Esmeralda Arosemena Troitiño, presidenta de la CIDH, pidió al Estado mexicano la oportunidad de acudir a México, e instalar una comisión especial para la investigación de casos de graves violaciones a derechos humanos contra la población migrante.
Al final de la audiencia, las y los comisionados de la CIDH señalaron la urgencia de tomar medidas regionales para prevenir casos como Ciudad Juárez y las masacres en México.
De acuerdo con la CIDH, en la audiencia tuvieron participación, presencial y virtual, representantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUNI), Clínica Jurídica para Refugiados “Alaíde Foppa”, Al Otro Lado TJ, Uno de Siete Migrando, Asylum Access México (AAMX), Sin Fronteras, Apoyo a Migrantes Venezolanos, Dignidad y Justicia en el Camino, entre otros colectivos. Por parte del Estado Mexicano estuvieron, además de la representación ante la OEA, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Este contenido fue publicado por La Verdad, integrante de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Consulta aquí la publicación original.
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