Chihuahua

miércoles 21 febrero, 2024
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    Restos en fosa de Coyame podrían ser de migrantes desaparecidos; lucha entre cárteles, presunto móvil de secuestro

    Indicios en restos óseos localizados en El Mimbre, apuntan a que estos se tratan de once de las trece personas desaparecidas en septiembre del 2021, aseguró la Fiscalía de Chihuahua, quien no investigará la filtración del hallazgo a medios locales antes que a las propias familias. 

    Se mantiene la teoría de que la lucha por el territorio entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez, podría ser el principal motivo por el cual los migrantes fueron secuestrados en medio del desierto. Hasta el momento, solo una persona está detenida por el crimen. 

    Por Óscar Rosales y Karla Quintana
    Fotografía de portada: Raúl F. Pérez

    CHIHUAHUA.- Entre el pasado viernes y ayer domingo, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó el hallazgo de varios restos óseos en una fosa cerca de la localidad de El Mimbre, ubicada en el municipio de Coyame del Sotol, los cuales podrían corresponder a once de las trece personas migrantes desaparecidas el 25 de septiembre del 2021.

    La dependencia estatal señaló que aunque hay varios indicios de que se trate de este grupo de personas, que intentaba cruzar a los Estados Unidos, la identidad de los víctimas no podrá confirmarse hasta que se realicen todas las pruebas biológicas de ADN correspondientes. 

    En una conferencia de prensa el viernes 25, Víctor Hinojos, titular de la Comisión Local de Búsqueda, explicó que el miércoles 23 se iniciaron trabajos de rastreo entre el Grupo Especializado de Búsqueda de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en los cuales se detectó un área con la posible presencia restos óseos. 

    Tras excavar, y ampliar el área de búsqueda durante el jueves 24, se confirmó el hallazgo de restos de siete personas en una fosa clandestina, a una profundidad de 1.20 metros. El sábado 26, la Fiscalía informó otro descubrimiento de cuatro cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), con lo que, al momento de esta publicación, se contabilizan un total de 11 personas localizadas en El Mimbre.

    El Mimbre se localiza aproximadamente a dos horas de la ciudad de Chihuahua. Animación: Óscar Rosales

    El hallazgo de esta fosa sucede seis días después de que la Patrulla Fronteriza detuvo en Presidio, Texas, a Sergio M., alías “El Menchaca”, presunto líder de “La Línea”, brazo armado del Cártel de Juárez. 

    “No vamos a poder hablar de certeza jurídica hasta el momento de tener las pruebas periciales y biológicas, pero todo indica que se trata de parte del grupo de los 13 migrantes. Hay muchos indicios que así lo establecen”, dijo César Jauregui, fiscal general, durante la rueda de prensa del viernes pasado, a la que también asistió Ada Miriam Aguilera, Fiscal Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada.

    Trabajos de recuperación en El Mimbre. Fotografía: FGE

    Gabino Gómez, representante de las familias de los migrantes y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), organización que acompaña legalmente el caso, explicó que el jueves 24 de agosto, en reunión con las autoridades que los citaron no fueron capaces de dar muchos detalles sobre el hallazgo. 

    “Oficialmente no nos han dicho cómo es que fueron a ese lugar, que es un lugar totalmente distinto a donde siempre se buscó”, señaló Gabino. 

    De acuerdo con el activista, en estos últimos 23 meses, se realizaron un total de 53 acciones de búsqueda (rastreos y sobrevuelos) entre dependencias estatales y federales. Es decir, en promedio, las autoridades buscaban a los migrantes alrededor de dos veces por mes. 

    Ada Miriam Aguilera, César Jauregui Moreno y Víctor Hinojos en rueda de prensa el viernes 25 de agosto. Fotografía: FGE.

    Disputa entre carteles, presunto móvil de secuestro y asesinato

    Gabino explicó que durante la rueda de prensa del pasado viernes, se dio información incorrecta sobre el número de personas desaparecidas, y enfatizó que fueron catorce los migrantes que intentaron cruzar el desierto en busca de llegar a Estados Unidos. En dicha travesía, un grupo armado secuestró a los migrantes, sin embargo, dejaron ir a un menor de edad que luego fue encontrado por autoridades norteamericanas y contó lo sucedido. 

    Diez de las personas desaparecidas son originarios de Chihuahua, uno de Durango, otro de Querétaro y uno más del Estado de México. Sus nombres son: Alan Ricardo Salas Torres (22 años), Emmanuel Aguilar Bailón (24 años), Rodolfo Guzmán González (32 años), Elías Girón (32 años), Benigno Alberto Álvarez Castro (36 años), Javier Ricardo López Rodríguez (38 años), José Luis Pilares (47 años), Daniel Villa (30 años), Amador Aguilar Mendoza (55 años), Abraham González Mendoza (32 años), Luis Carlos Islas Villegas (30 años) y dos personas más.

    Familiares de migrantes desaparecidos durante una protesta frente a Palacio de Gobierno en diciembre del 2021.Fotografía: Óscar Rosales.

    De acuerdo con César Jauregui, fiscal general, la disputa por el territorio y el tráfico de personas entre El Cártel de Juárez y El Cártel de Sinaloa, es la explicación más razonable por la cual ocurrió la privación de la libertad. Según su hipótesis, uno de estos grupos criminales es quien los asesinó y otro los sepultó. 

    Los hechos ocurrieron en los límites de donde operan ambas células criminales, por lo que según la teoría de la Fiscalía, el asesinato pudo ocurrir por no pagar a La Línea la cuota de cruce o por entrar al territorio de El Cártel de Sinaloa. 

    Por este caso, el 28 de febrero de este año se detuvo a Julian N., alias “El Roque”, perteneciente al Cártel de Sinaloa y detenido por el cargo de privación ilegal. A pesar de que el fiscal no dio detalles sobre las circunstancias de la detención, explicó que no se le puede procesar por otro delito hasta que terminen las pruebas científicas de los restos encontrados en la fosa de El Mimbre. 

    Jauregui afirmó que la Unidad de Análisis de Contexto de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada trabaja en el caso, sin embargo, no proporcionó más detalles de las líneas de investigación. Recordemos que esta Unidad de Análisis tiene la responsabilidad de investigar y analizar a profundidad la dinámica criminal, los patrones de violencia y los factores que enmarcan a un delito. 

    Disculpa pública por filtración, pero sin investigación

    Horas antes de que la Fiscalía de Chihuahua se reuniera el jueves 24 con las familias de los desaparecidos, para notificarles sobre la localización de los restos óseos, varios medios de comunicación comenzaron a publicar notas sobre el hallazgo de la fosa. Esto, con información que se filtró a través de personas que trabajan en las dependencias encargadas de la investigación. 

    Debido a esta filtración, hubo un fuerte reclamo de las familias a las autoridades, explicó Gabino Gómez del CEDEHM al inicio de la reunión, ya que ellas esperan ser siempre las primeras en saber sobre cualquier avance o cambio en la investigación. Ante esto, César Jauregui ofreció una disculpa que luego replicó de manera pública en la conferencia de prensa del viernes. 

    César Gustavo Jauregui Moreno. Fotografía: Karla Quintana

    Al cuestionar al fiscal sobre si existiría una investigación al interior de la FGE al respecto, este respondió “desde luego que no”, pues considera que los funcionarios no violaron la ley al pasar información de manera extraoficial a los medios de comunicación. 

    “Se trata de algo que nosotros mismos debemos ser más rigurosos. Ustedes hacen su chamba todos los días, y muchas veces acuden a sus fuentes. Yo no me voy a meter a hacer cosas que no deben hacerse. Lo que sí creo, es que debe tenerse más cuidado más por parte de nosotros (…) estamos en un país libre”, expresó el titular de la FGE. 

    De acuerdo con la fracción X del Artículo 288 del Código Penal del Estado de Chihuahua, se impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, al servidor público que “dé a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obre en una investigación o proceso penal y que por disposición de la ley sean reservados o confidenciales”. 


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