El juez Pablo Carmona Hernández se negaba a darle medidas de protección a una menor y a su madre, quien había sido víctima de abuso sexual y violencia doméstica. El magistrado ya había sido denunciado penalmente desde el 2017, pero la presidenta del tribunal, Myriam Hernández, dijo desconocer de estas acusaciones.
Por Óscar Rosales
Michelle A., amenazada de muerte, víctima de abuso sexual y violencia doméstica en Chihuahua, logró lo que le negaron por derecho desde el 2019: protección para ella y su hija de tres años contra su presunto agresor, José Rodolfo B. G.
El Juez Segundo de lo Familiar, Pablo Carmona Hernández, denunciado por abuso de autoridad y violencia institucionalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), argumentaba que no había motivos suficientes para que las autoridades salvaguardaran la integridad de Michelle y su hija.
De acuerdo con ella, José pidió al juez Carmona que abriera otro caso para litigar por la custodia de la menor y una pensión, solicitud que si fue atendida. Michelle asegura que cuando la niña es visitada por su padre, actúa de manera muy tensa.
Sin embargo, luego de una serie de manifestaciones por parte de ella, su representante legal, David Peña, y colectivas feministas durante las dos últimas semanas de abril, el juez cedió y otorgó medidas de protección temporales. A Michelle le parecen insuficientes, ya que solo durarán hasta junio, periodo en el que se realizarán estudios psicológicos y socioeconómicos a los involucrados.
“No sabemos que está esperando que suceda. A lo mejor encontrarla en un charco de sangre, agonizando, para poder dar la protección suficiente”, señaló una mujer acompañante durante la protesta de este martes.
Las denuncias contra el juez Carmona existen ya desde hace cinco años. La primera fue por abuso de autoridad en 2017, luego de que otra mujer, Carolina López Domínguez, le solicitó que dejara de llevar su caso dado el favoritismo que la afectada notó hacia su contraparte, sin embargo, el magistrado se negó a la petición y la agredió verbalmente. Inclusive, ella asegura que la corrió del tribunal.
Sumado a eso, en 2020, Michelle ya había acudido a la FGE para denunciar a su agresor, sin embargo, cuando fue le habían dicho que “ya no podía”, como si su abuso ya hubiera prescrito.
“Me dijeron que no procedía mi caso. Después me asesoró legalmente y me doy cuenta que no tuvieron por qué haberme negado mi denuncia”, explicó.
Durante las protestas, se exigió que el mismo juez explicara con bases legales las razones por las que no daba la protección, pero este nunca atendió a los y las manifestantes.
“Aquí mismo en los juzgados están enterados de las injusticias y del machismo que presenta este juez, pero nadie hace nada, no se le quita de su puesto, no se le sanciona de ninguna manera”, denunció Michelle.
Peña también mostró, a través de consulta remota, como el archivo de la segunda solicitud de protección fue borrada del sistema digital del tribunal. De acuerdo con el abogado, solo el juez designado tiene la facultad y los permisos de borrar esos documentos.
Presidenta del tribunal desconocía las denuncias contra Carmona
Tras la negativa del juez Carmona de responder a las demandas de la manifestación de este martes, David Peña solicitó a Myriam Hernández Acosta, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, atender el caso.
A pesar de que la magistrada les recibió, dijo desconocer las denuncias que existían en contra de Carmona. Ante esta respuesta, Peña señaló que es trabajo de ella conocer las acusaciones que existen contra cada persona del Poder Judicial, ya que, en el caso de Carmona, las denuncias en su contra existen desde el 2017.
En días anteriores, la magistrada había respaldado el actuar de los jueces del tribunal.
“Dicen y dicen, entonces si no tenemos elementos yo confío totalmente en la capacidad, en la preparación de cada uno de los jueces”, expresó en rueda de prensa la presidenta del tribunal. En la misma, agregó que los jueces cuentan con los estudios y la capacitación suficiente para ejercer con profesionalidad, pero que en caso de que existan pruebas y peticiones, se harán las investigaciones correspondientes.
Durante la reunión con Peña, la magistrada insistió en que se esta “limpiando” el Poder Judicial, pero que en muchas ocasiones no cuentan con lo suficiente para generar los cambios que se desean.
“Hay cosas que no puedo hacer porque no tengo con qué, y hay cosas que veces muy fundadas, no me dan (…) a veces no me traen elementos suficientes con valor jurisdiccional” argumentó Hernández.
Finalmente, la magistrada pidió oportunidad de que se llevara a cabo la audiencia programada para ese mismo martes para darle continuidad al caso.
Presunto agresor solicitó protección
Durante la audiencia a puerta cerrada, el presunto agresor también solicitó medidas de protección para él, una petición que careció de fundamentos para Michelle.
“Era ilógico, tú como agresor estas exigiendo una orden, cuando la orden es para la víctima. Hubo muchas incongruencias por parte de ellos”, dijo.
Aunque el juez Carmona se negaba nuevamente a dar la protección a Michelle y a su hija, el abogado defensor insistió que los precedentes de violencia registrados a través de las denuncias, el temor fundado por parte de ambas hacia su agresor, la perspectiva de género y el interés superior de la niñez, eran elementos suficientes para otorgar la protección.
Finalmente accedió, aunque las medidas solo serán otorgadas hasta junio del presente año, después de realizar las valoraciones psicológicas y socioeconómicas correspondientes.
Luego de eso, Michelle asegura que no hay certeza de seguridad tanto para ella como para su hija. De manera preventiva, responsabiliza públicamente a su agresor por cualquier cosa que le pudiera pasar a ella, a su hija, o al resto de su familia.
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