Chihuahua

domingo 3 julio, 2022
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    «Tenemos mucho miedo», dice una mujer de Buenavista a un mes del enfrentamiento entre comunitarios y grupo delictivo

    Texto: Jesús Guerrero

    Fotografía: especial

    27 de febrero del 2022

    Chilpancingo

    A un mes de que la policía comunitaria se enfrentó a balazos con un grupo de pistoleros en la comunidad de Buenavista de la Salud dejando como saldo seis personas muertas, los líderes de las autodefensas le pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado ordene la detención de los integrantes de esa organización criminal.

    Los líderes de la policía comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), advirtieron que si no hay respuesta del gobierno ellos van a seguir resistiendo e incluso van a armar a mujeres y niños para enfrentar a ese grupo de delincuentes.

    El 27 de enero, integrantes de esa organización a la que los pobladores los identifican como Los Ardillos, atacaron la comandancia de la policía comunitaria generándose un enfrentamiento.

    Cuatro autodefensas, incluido su comandante, el profesor Mario Zamora, cayeron muertos.

    Posteriormente dos miembros del grupo delictivo murieron cuando se enfrentaron a tiros con policías estatales que se dirigían en sus patrullas a Buenavista de la Salud por la carretera federal Chilpancingo-Acapulco.

    “Ojalá y vinieran aquí la gobernadora Evelyn Salgado y la alcaldesa de Chilpancingo (Norma Otilia Hernández Martínez) para que se vengan a dar cuenta de la situación”, dijo uno de los líderes de las autodefensas.

    Señaló que ellos no van a huir de su comunidad pese a la presencia de ese grupo de la delincuencia.

    Contó que la noche del 27 de enero los agresores se trasladaban en camionetas blindadas custodiados por patrullas de la policía estatal.

    “Hay testigos de que esas personas (los delincuentes) entraron al pueblo por la autopista del Sol”, señaló.

    En una rueda de prensa que ofrecieron a los medios de comunicación, los dirigentes de la policía comunitaria dijeron que toda esa información que tienen de la conexión que tiene la policía estatal con esa organización criminal les genera desconfianza porque después de los hechos ocurridos hace un mes el gobierno de Evelyn Salgado envió a esta zona más elementos de esta corporación supuestamente para proteger a la ciudadanía.

    Denunciaron que incluso los policías estatales y los agentes de la Guardia Nacional ha tratado de desarmar a la policía comunitaria.

    Según los dirigentes de la policía comunitaria esa información del involucramiento de la policía estatal con ese grupo criminal ya la tiene la Fiscalía.

    “Nosotros creemos que para el gobierno de Evelyn (Salgado) le será más fácil desarmar a la policía comunitaria que a ese grupo de los Ardillos “, refirió.

    Puso como ejemplo lo que ocurrió hace diez días cuando en la localidad de Quechultenango que es el bastión de ese grupo delictivo, los pobladores retuvieron cinco horas al Ejército Mexicano y a 20 agentes de la policía ministerial estatal.

    “Allá no pudieron agarrar a nadie, a ninguno de los delincuentes”, expresó el dirigente de la policía comunitaria.

    Ciudadanos que también llegaron a las instalaciones de la comandancia para darle respaldo a la policía comunitaria, denunciaron que existe el temor de que otra vez ingresen a su comunidad esa gente de civiles armados.

    “La gente los ha visto cerca de aquí merodeando y el gobierno, qué hace? Pues nada”, refirió una mujer.

    Recordó que antes de que ocurrieran los hechos del 27 de enero, la gobernadora Evelyn Salgado y la alcaldesa Norma Otilia Hernández fueron a la comunidad para inaugurar una escuela primaria y ahí varias mujeres hablaron con las dos.

    “Yo le dije a la gobernadora que nos apoye porque aquí tenemos mucho miedo”. Ya no podemos salir porque nos amenazan de que nos van a descuartizar estamos prácticamente secuestrados en nuestro propio pueblo”, expresó la mujer.

    Recordó que la alcaldesa Norma Otilia Hernández, le contestó, “ya estamos en eso trabajando”.

    “Pero lo que ella (la edil Norma Otilia) no me aclaró es de que ya se estaban poniendo de acuerdo con la maña para que nos vinieran acabar más rápido”, dijo la mujer.

    Una señora denunció que hace el 11 de agosto del 2021 su hijo fue secuestrado en la comunidad de Mohoneras por un grupo de hombres armados y hasta el momento sigue sin aparecer.

    Indicó que su hijo Norberto González Valente y desde hace ocho años era asesor jurídico de la UPOEG.

    “Si en tres días no nos resuelven nos vamos armar”, dijo la mamá del desaparecido.

    Habitantes de Buenavista de Salud que está a 30 minutos de distancia de Chilpancingo, dieron a conocer que después de los hechos del 27 de enero, muchas familias se desplazaron a otros lugares de Guerrero por temor a que se registren más enfrentamientos.

    “Lo único que queremos es tranquilidad y paz pero el gobierno no nos garantiza nada”, añadió otra mujer de Buenavista de la Salud.

    Recordó que la policía comunitaria de la UPOEG se fundó aquí hace 8 años porque había mucha delincuencia.

    “Pero ahora este grupo delictivo quiere entrar aquí porque el gobierno se lo permite”, dijo una mujer.

    Recordó que días antes de los hechos del 27 de enero, elementos del Ejército y Policía Estatal desarmaron a los policías comunitarios de la UPOEG.

    “Ahorita no sabemos en que momento ese grupo va atacar nuevamente al pueblo”, refirió.

    Este contenido fue publicado originalmente en Amapola Periodismo, integrante de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie. Para ver la publicación original, ingresa aquí.


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