Por Raíchali
El Segundo Informe de Gobierno de Javier Corral se resumió en un documento de 49 páginas repleto de infografías con datos y avances sueltos. Entre ellos, Chihuahua destaca como el tercer lugar en producción de camote.
Sin embargo, a media carrera, en el reporte de actividades de 2018 no aborda un balance de los primeros resultados de las promesas que hizo.
Uno de ellos es la educación superior gratuita, el cual se convirtió en la primera promesa de campaña que rompió cuando el entonces secretario de Educación Pablo Cuarón Galindo declaró que era una promesa de corazón y no de razón.
Pero, más a fondo, Corral hizo varios compromisos en su toma de protesta el cinco de octubre de 2016. Al comenzar su discurso, se comprometió a que habría una división de poderes y combate a la impunidad.
Para ello, anunció que presentaría al Congreso de Chihuahua una iniciativa para eliminar el fuero al gobernador y diversos servidores públicos del Estado, la cual, hasta el momento, no ha llegado a la torre legislativa.
Otro aspecto que llama la atención fue que, durante su informe, el mandatario celebró el avance de la reestructuración de la deuda pública gracias a la mayoría panista.
“Con el apoyo mayoritario de los diputados del Congreso del Estado (11 panistas) está en marcha el proceso de reestructuración de la deuda pública, hoy hago aquí el compromiso de destinar la inversión en infraestructura y el 100 por ciento de los recursos que obtengamos para el beneficio de los que menos tienen y más han esperado”, destacó en su informe.
Respecto a la estructura de las finanzas públicas, Corral presentó un Plan de Austeridad que contempla la subasta de la flotilla aérea, la Casa de Gobierno, 500 automóviles y otros 13 inmuebles, ventas que no se han concretado.
En su campaña de 2016, Javier Corral prometió que iba a regular la publicidad oficial. La iniciativa la presentó en la última mitad de la primera legislatura en que su partido obtuvo la mayoría, sin embargo, no prosperó.
Aunque Acción Nacional la retomó en la legislatura 2018-2021, con la que cerrará su gestión, no está contemplada en la agenda legislativa que se dio a conocer formalmente por los legisladores locales, es decir, que no es una prioridad.
El Informe comenzó 25 minutos tarde 
Pese al retraso, quedaron casi 300 sillas vacías
En contraste, las prácticas de otorgamiento de contratos de publicidad oficial a medios de comunicación se mantienen. Si bien no son las cantidades otorgadas en la administración de César Duarte, por el orden de hasta mil 500 millones de pesos anuales, la práctica es la misma: con discrecionalidad y sin criterios claros para designar el recurso público.
A esto se suma que, Corral, ha mantenido desde su campaña una afrenta generalizada a medios de comunicación a los cuales ha acusado de haber servido a los intereses del gobierno pasado con la presunción de que todos actuaron como él asegura, aunque existen y se mantienen los esfuerzos de periodismo crítico.
“Queremos la crítica fundamentada y constructiva, la cual no únicamente agradeceremos, sino atenderemos. Pero también rechazaremos y exhibiremos el manejo informativo malintencionado o los intentos de extorsión”
(Discurso de toma de protesta)
En medio de la crítica a la prensa, se inició un programa de medios oficiales con recursos públicos en los que destaca el semanario impreso Cambio 16, con un costó anual de 5 millones 786 mil 869 pesos, y las cápsulas de radio y televisión denominadas Puntualizando se gastó 22 millones 056 mil 715 pesos.
En materia de seguridad y procuración de justicia, Corral se comprometió a:
“Fortalecer las capacidades del ministerio público y de la policía. Actuaremos con respeto a los derechos humanos y con sentido social. Debemos corregir el modelo de policía y respetar la especialización de las divisiones que las integran. La coordinación con los municipios será fundamental para lograr colocar a Chihuahua en los estándares que no se han logrado alcanzar en muchos años, esto es, en una incidencia delictiva por abajo de la media nacional”
Sin embargo, durante su gestión han asesinado a por lo menos 68 agentes de la policía estatal y a tres directores de seguridad pública municipal: Alberto Chacón Domínguez de Namiquipa, Alejandro Eder González de Bocoyna y, el caso más reciente, Efrén Peñaflores de Cuauhtémoc.
