Chihuahua es uno de los ejemplos más dolorosos de los efectos de la militarización como estrategia de seguridad. Sólo el operativo Conjunto Chihuahua dejó uno de los saldos más elevados de asesinatos en México con 108.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifra que ningún otro estado ha superado.
Así lo denunciaron 21 organizaciones del estado en una carta dirigida a los senadores Bertha Alicia Caraveo, Cruz Pérez Cuellar y Gustavo Madero, en la que les exigen votar en contra de la Guardia Nacional.
Los defensores de derechos humanos recordaron que desde la Operación Cóndor en 1976, el estado ha sufrido los efectos de la creación de destacamentos militares y de operativos como la guerra contra el narco durante el sexenio del panista Felipe Calderón.
Los efectos, aseguran, son claros:
“Ciudad Juárez se convirtió, de manera vergonzosa y preocupante, en el municipio más violento del planeta. Guadalupe y Calvo, Chihuahua y otros municipios de la entidad mostraron tasas altísimas de delitos de alto impacto, muchos de ellos cometidos por las instituciones de seguridad que fueron lideradas, en los hechos, por el ejército”
Consideraron que el arribo de militares a Ciudad Juárez revivió los miedos y las heridas que existen en la frontera, pues los operativos detonaron temor entre la población y el desplazamiento de cientos de familias.
Recordaron que el Estado mexicano ha sido condenado por violaciones a derechos humanos graves en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Chihuahua.
En diciembre de 2018 se notificó la sentencia relacionada con la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, cometida el 29 de diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura.
En el caso Alvarado Espinoza, la Corte Interamericana reconoció que, en el contexto de la “militarización como estrategia de seguridad pública y la “guerra contra el narcotráfico”, hubo un “incremento de la violencia criminal y las violaciones a los derechos humanos asociadas a la implementación de los ‘Operativos Conjuntos’”.
Por ello, la Corte estableció:
“La implementación de las estrategias estatales de combate al crimen organizado basadas en el despliegue de efectivos militares en distintas zonas del territorio mexicano han sido materia de monitoreo constante y expresiones de alerta y preocupación por parte de distintos organismos internacionales y mecanismos especiales nacionales e internacionales.
Tales alertas, que no fueron controvertidas por el Estado mediante prueba que desvirtuara su contenido, han dado cuenta de alegadas graves violaciones a los derechos humanos asociadas a la actuación de elementos castrenses en el marco de dichas estrategias, entre las cuales se encontraban desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, así como la impunidad crónica, como patrones estructurales comunes en los casos en que ha sido comprobada la participación de agentes estatales, constituyendo un fenómeno de especial gravedad en entidades tales como Chihuahua”
Por último, pidieron retomar todas las propuestas que se han hecho en general y la del colectivo Seguridad Sin Guerra en particular, las cuales podrían ser una verdadera respuesta para frenar la violencia que tanto daño nos ha ocasionado en México.
Entre las organizaciones firmantes destacan Alianza Sierra Madre, Bowerasa, Abogadas Democráticas, El Barzón, Uno de Siete Migrando, la Red por los Derechos de la Infancia en Ciudad Juárez, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, la Red de Participación Ciudadana, entre otras.
