Un migrante de Honduras narró ante el tribunal de juicio oral en Ciudad Juárez cómo fue tratado junto a otras personas en movilidad durante su estancia en el albergue que dirigió la pastora Velia H.G; su testimonio lo realizó desde Luisiana, Estados Unidos, a través de videoconferencia.
Por Blanca Carmona / La Verdad Juárez
Fotografía de portada: Verónica Martínez
Ciudad Juárez.– Uno de los migrantes que acusó a la pastora y encargada del albergue Aposento Alto, Velia H.G, de obligarlo a realizar trabajos forzados narró ante un Tribunal de Enjuiciamiento que decenas de personas en movilidad estuvieron viviendo en condiciones de esclavitud en ese espacio de acogida.
El hombre, identificado públicamente con las iniciales D.E.L.A, fue el primero de las víctimas en testificar en el juicio oral en contra de la religiosa evangélica acusada de trata de personas, en la modalidad de trabajos forzados.
“Nos trataban como esclavos”, afirmó al narrar lo que vivió él y otras personas alojadas en el albergue Aposento Alto, ubicado en la calle Tomate número 10942 en la colonia Lomas de Poleo.
Al ser interrogado por el abogado que representa a la religiosa, dijo que las órdenes no las recibió de la acusada y negó que estuviera realizando un trámite migratorio al momento que vivió en Aposento Alto.
La Fiscalía de Chihuahua, a través del Ministerio Público (MP), acusa a Velia H.G de haber cometido el delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados en perjuicio de seis migrantes y pide que sea sentenciada a 180 años de cárcel y al pago de 91 mil 600 pesos.
Este miércoles 17 de abril, en lo que fue el cuarto día del juicio oral que se sigue en contra de la pastora, el Ministerio Público (MP) presentó a la primera de las seis víctimas.
Desde Luisiana, Estados Unidos y por medio de una videoconferencia, la víctima de identidad protegida, respondió al interrogatorio de la fiscal Elsa Liliana Rodríguez Aldana y del defensor de la pastora César Octavio Rivas Ávila.
El migrante, de 31 años y nacido en Honduras, contó que en octubre del 2021 las autoridades estadounidenses lo retornaron a México a través de Ciudad Juárez, después de haber ingresado irregularmente por la frontera que forman Reynosa, Tamaulipas y McAllen, Texas.
Las autoridades migratorias mexicanas lo llevaron a él, a su esposa e hija al albergue Aposento Alto. Al llegar a ese sitio, afirmó, se les informó que tenían que pagar 200 pesos semanales por el hospedaje de cada adulto y al día siguiente lo pusieron a trabajar.
La primera actividad fue construir un cuarto de madera atrás de la casa de la pastora; al día siguiente le ordenaron “hacer unos pisos” y tardaron semanas, luego se le pidió construir una barda entre la casa de la pastora y el templo, que está ubicado a un costado, y también le pidieron emparejar un terreno, poner tuberías, colocar concreto.
D.E.L.A., también afirmó haber participado en la construcción de una acera.
“¿Qué pasó cuando terminaron la barda?”, preguntó la fiscal. El migrante respondió “recibimos el otro proyecto, de hacer el cuarto de lavado”.
El extranjero también relató que la pastora les dijo “no voy a tener a huevones aquí”, y en varias ocasiones les señaló que el portón estaba muy grande para que se fueran las personas que no estaban de acuerdo.
El testigo indicó que otro proyecto fue hacer reparaciones en una casa propiedad de la hija de la pastora, para rentarla.
En ese inmueble, narró, repararon las paredes, cambiaron las puertas y ventanas, quitaron un lavamanos y pusieron otro nuevo, y repararon un baño, para esto último debieron encontrar que estaba fallando y localizaron un tubo tapado, un “barril lleno (de excremento)” y tuvieron que hacer un hoyo séptico.
La víctima también recordó que le ordenaron reparar el cuarto que habitaba el hijo de la pastora, Néstor Gabriel R.H. Ahí repararon y pintaron las paredes, pusieron molduras en una puerta e instalaron una chapa que funcionaba con un código y un lector de huella.
A los migrantes se les obligaba a trabajar de noche en la habitación del hijo de la pastora, pues a él le gustaba ese horario y los forzaba a laborar toda la noche, dijo el testigo de Honduras.
Otros de los trabajos que hicieron fue instalar una taza y pintar el baño de una bodega, así como instalar el cemento de 96 bultos.
A preguntas de la fiscal, el migrante afirmó que nunca recibió una remuneración económica por todo el trabajo realizado.
Al contrario, indicó, les ponían a él y a los otros hombres proyecto tras proyecto y los amenazaban con correrlos del albergue y quitar sus nombres de un libro donde se anotaron al ingresar al albergue y que supuestamente correspondía a un trámite migratorio para entrar a Estados Unidos.
“Yo siempre sostuve que, aunque no nos gustara estar ahí (se quedaron) por el proceso. Siempre nos dijeron que perderíamos el lugar”, expresó.
El migrante recordó que en una ocasión el hijo de la pastora, Néstor Gabriel, lo corrió a él y a su familia porque no bajó de inmediato unas hieleras y otros artículos.
“Nos trataban como esclavos”, afirmó al explicar que en esa ocasión él fue a hablar con la religiosa para decirle que después de todo el trabajo que habían realizado lo estaban corriendo y ella le respondió que no podía hacer nada, que esperara a que a su hijo se le pasara la ira.
Por lo que él tuvo que pedirle perdón a Néstor Gabriel.
“Él me acosaba de una manera…. Esa fue la humillación más grande que pase”, dijo el migrante con la voz entrecortada.
El migrante también señaló que fue el hijo de la pastora quien lo obligó a él y a su familia a firmar un acuerdo de confidencialidad con una vigencia de cinco años y bajo la advertencia de meterlos a la cárcel si incumplían.
Durante la comparecencia del testigo, la fiscal incorporó como prueba el acuerdo de confidencialidad.
El migrante, quien huyó de Honduras porque integrantes de la Mara Salvatrucha lo estaban extorsionando, explicó que en abril del 2022 él y su familia dejaron el albergue Aposento Alto porque los corrieron.
Al ser interrogado por uno de los abogados que defiende a la pastora, César Octavio Rivas, el testigo dijo que la religiosa no le había dado las órdenes de trabajar, que las instrucciones fueron de una persona a la que identificó como David, al parecer un migrante de Michoacán que era uno de los encargados en Aposento Alto.
Además, el migrante le respondió al defensor que él no tenía un trámite migratorio en proceso cuando vivía en el albergue y que dejó ese espacio por decisión propia, porque nadie lo corrió.
El interrogatorio del testigo se prolongó por casi cinco horas y hubo varios problemas técnicos para lograr la videoconferencia pues él no podía escuchar la voz de la fiscal, oía un zumbido y la repetición de su propia voz, y en ocasiones también la del juez, debido a la utilización de dos dispositivos al mismo tiempo.
Sólo el juez Jorge Gutiérrez Ortiz, veía el rostro de la víctima desde una laptop instalada junto a él; el resto de los intervinientes veían una silueta desdibujada ya que al migrante se le dio la orden de tapar la cámara con una bolsa.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) del Estado de Chihuahua, le asignó una psicóloga a la víctima, pero esta se encontraba en Ciudad Juárez, sentada junto al juez. De forma privada, el migrante solo pudo entrevistarse con la psicóloga unos cuantos minutos antes de que iniciara la audiencia.
Desde su silla, junto a dos defensores, la pastora estuvo escuchando al migrante. Por momentos se le vio pensativa y también revisando documentos y haciendo comentarios en voz baja a los litigantes.
Se espera que este jueves 18 de abril continúe el juicio con la declaración de una agente ministerial que participó en el cateo al albergue y cuyo dicho fue rechazado el martes pasado porque el Ministerio Público no había entregado a la defensa la cadena de custodia de los objetos que esa testigo aseguró ni las fotografías que se pretenden incorporar como prueba cuando ella declare.
Este contenido fue realizado por La Verdad Juárez, integrante de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie a la que pertenece Raíchali. Para ver la publicación original, has clic aquí.
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