Por: Raíchali
Este lunes concluyó el desahogo de pruebas en la audiencia de debate por el homicidio del líder rarámuri Isidro Baldenegro, un juicio que marcará un precedente para Chihuahua al ser el primer crimen contra un defensor de derechos humanos que logra judicializarse.
Además, la resolución que dicte el juez Javier Cornejo tendrá una peculiaridad. De declarar culpable a Romeo Q. M. por el delito de homicidio calificado, la pena deberá acompañarse de una reparación de daño comunitario.
Para la abogada Alejandra Nuño, el mayor avance de este caso será la sentencia, ya que todos los crímenes contra defensores y defensoras de derechos humanos se quedan en las carpetas de la Fiscalía General del Estado.
Consideró que la situación es grave, pues Chihuahua ocupa el primer lugar a nivel nacional en asesinatos de activistas con 36 casos documentados por las organizaciones civiles locales.
Fotografía tomada de internet
Detrás de esa cadena de impunidad, opinó, se esconde la falta de voluntad política de los tres niveles de gobierno para entender la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos, pero también de implementar medidas y políticas públicas de prevención.
Un ejemplo de ello, mencionó, es que el activista rarámuri Julián Carrillo, asesinado en octubre de 2018, era beneficiario del Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Añadió que otro factor es que los ministerios públicos no cuentan con una capacitación especializada para tramitar, documentar y judicializar las carpetas de investigación por agresiones tanto a defensores de derechos humanos como a periodistas.
“En este juicio habrá un gran aprendizaje, pero lo que es un hecho es que la sentencia debe ser un mensaje poderoso de que no podemos permitir que se asesinen más defensores y defensoras porque la impunidad llama a que se sigan cometiendo estos ataques”
Pese a que el artículo 20 constitucional y las leyes nacional y estatal de atención a víctimas hablan de la reparación de daño comunitario, en el estado sólo se ha dictado una sentencia con esta característica.
Fue en julio de 2014 cuando el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) logró que, en la condena que recibió el pastor José Manuel Herrera Lerma por el delito de pederastia, se analizaran las causas y efectos en el ámbito comunitario, familiar y personal de las víctimas para la reparar el daño que causó en el municipio de Delicias.
El líder de la secta “Sendero de luz” fue sentenciado a 26 años de prisión y el pago de 167 mil 020 pesos de indemnización por el delito de violación agravado por el uso de violencia moral y el vínculo de confianza, ante la manipulación religiosa ligada al fanatismo como causas que impedían a las jóvenes resistir los múltiples actos de violencia sexual que cometió Herrera Lerma.
“El pseudo pastor violó a muchas niñas y jóvenes por muchos años. El daño a la comunidad era evidente porque en las audiencias podías ver los testimonios de las mamás de las víctimas que lo defendían y, gracias a los peritajes que se presentaron, se logró evidenciar el daño que hizo en el ámbito individual, social y comunitario”
Cuando se asesina a un activista en una comunidad como Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, el impacto trasciende del daño a las víctimas directas al entorno social.
Ese efecto quedó claro en las declaraciones de los testigos que acudieron a la audiencia, quienes han narrado cómo perdieron a un amigo, un esposo, un padre, pero también a quien era la voz de la comunidad cuando había problemas o era necesario realizar alguna gestión.
La abogada experta en Derecho Internacional y asesora del Cedehm, reconoció que en el sistema penal es difícil que los jueces y las juezas vayan más allá de indemnizaciones monetarias y penas privativas de libertad, por lo que presentaron tres periciales para comprobar el daño psicosocial.
En ese sentido, consideró que la reparación del daño comunitario es uno de los principales retos que debe enfrentar el sistema penal en casos de violaciones de derechos humanos y, en especial, ante la impunidad en los asesinatos de activistas.
¿Cómo se repara el
daño comunitario?
La mejor reparación de daño que se podría solicitar en este caso, explicó, será que el juez pueda instar al Poder Ejecutivo a que se implemente una acción o política pública que sirva para prevenir que la violencia en la Sierra Tarahumara continúe.
Además, se debe garantizar un acompañamiento integral que permita fortalecer a las comunidades en aspectos como seguridad, salud, educación, así como la protección a las tradiciones rarámuris, para que puedan ser libres en su territorio para transmitir su cultura.
Aclaró que no se trata de condenar al Estado como sucede en algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino a que el proceso de reinserción se aplique en las comunidades que históricamente han estado en el abandono.
En el caso de Guadalupe y Calvo, la organización Alianza Sierra Madre documentó que el primer asesinato de un líder rarámuri fue en 1973, lo que muestra el estado de indefensión en el que se encuentran los defensores de derechos humanos.
Para concluir, la abogada comentó que en los siguientes días el juez determinará si Romeo es culpable o no del asesinato de Isidro y, el siguiente paso, será la individualización de la pena y la reparación del daño, en donde esperan que la sentencia aborde el ámbito comunitario.
“Desde hace varias décadas hay una ausencia del Estado. Y ya no es posible que, por una tesgüinada, por una banda de personas que delinquen en la zona, que por trasnacionales que talan arboles ilegalmente y se apropian del territorio, no exista una consecuencia”
