Texto y fotos: Adriana Esquivel
Chihuahua.- El exterior de la oficina de la delegación de Bienestar se convirtió en el escenario perfecto para una discusión sin salida, en la que quedó en evidencia la ruptura en la comunicación tanto de los funcionarios federales como de los líderes de la Caravana Rarámuri por Trabajo.
El movimiento partió el lunes de San Juanito con cerca de 250 mujeres, hombres, niños y niñas rarámuri que, con la reestructura del gobierno de México, perdieron su registro en programas de ayuda a adultos mayores, madres solteras y Prospera, cuyo objetivo era apoyar en el desarrollo humano de la población en pobreza extrema.
A la capital llegaron el jueves poco después de las tres de la tarde. Cruzaron la ciudad hasta llegar al Parque Lerdo, ubicado en la zona centro, en donde durmieron para buscar una respuesta en la delegación este viernes.
Para las nueve de la mañana, el contingente retomó su camino hacia el edificio. El personal de la delegación ya los esperaba en la puerta y, al recibirlos, les pidieron que pasaran bajo una carpa que se instaló en el estacionamiento para escuchar sus demandas.
Por un lado, Pedro Torres, coordinador de comunicación social de la dependencia federal, daba cifras de apoyos y de inversión en los municipios de la Sierra Tarahumara y ofreció revisar cada caso de manera individual para determinar por qué algunas personas quedaron fuera del padrón de beneficiarios.
Del otro lado de la mesa, Luis Carlos Gonzáles, vocero de la Caravana, insistía en que el problema no se iba a resolver con el personal de la delegación en Chihuahua debido a que los acuerdos que firmaron hace más de un año quedaron en el olvido y la solución sólo se iba a alcanzar con los titulares a nivel federal.
Pero la discusión no inició ahí. Minutos antes, en el Parque Lerdo, ambos se dedicaron varias acusaciones por separado frente a los medios de comunicación. González denunció que los funcionarios lo estaban hostigando, mientras que Torres declaró que tanto él como otros gobernadores sí eran beneficiario de los programas y que tenía fotos para probarlo.
En medio de las acusaciones entre ambos, alzaron la voz varios gobernadoras y gobernadores indígenas para exponer las inquietudes y problemas que enfrentan en sus comunidades.
Con una fotografía impresa en la que se encuentra con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sebastián Fuentes lamentó que en Choguita, sólo 82 de 250 personas, tienen acceso a un programa federal.
“Él (AMLO) nos dijo que primero iba a ayudar a las gentes indígenas. En Choguita nomas 82 personas están ayudando, nos tenemos que ir por trabajo”, expresó.
Su comunidad, ubicada en el municipio de Guachochi, tiene otro problema: muchos se quedaron fuera porque siembran en una superficie menor a las dos hectáreas que pide como requisito el programa Sembrando Vida.
La señora Socorro Millán comentó que en las comunidades de Bocoyna la situación es similar, pues varias personas no consiguieron apoyo porque no tienen credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) o les falta la CURP.
En su participación, reclamó al coordinador que dar cifras sobre las personas que sí tienen acceso, no es un consuelo para ellos dentro de la vida comunitaria.: “Nos quitaron toda la ayuda, todos los apoyos para nosotros. No es nomas (revisar) el mío (caso específico), es mi comunidad, luego mi gente, la que no recibe ¿qué?”.
La señora Bertha Alicia Cruz también le reclamó al funcionario que sus cifras de 137 mil personas apoyadas en la Sierra Tarahumara, no tiene efecto en su comunidad, pues nadie ha recibido ayuda desde el cambio de administración federal.
El diálogo parecía no tomar rumbo. Entre las propuestas que se presentaron estaba revisar individualmente la situación de cada integrante de la caravana, también se puso sobre la mesa ir a las comunidades y censar a las personas que faltan, pero los reclamos continuaron.
El coordinador alzó la voz en varias ocasiones e interrumpió las participaciones de los integrantes de la caravana, actitud que le reclamaron y justificó asegurando que debía hablar fuerte para que los demás escucharan.
A la discusión también entraron la activista Luz María Cisneros y Aldo Loya, excandidato a diputado local por Morena que ha denunciado en varias ocasiones que el delegado federal Juan Carlos Loera ha solapado actos de nepotismo y corrupción.
Tras casi dos horas de diálogo accidentando, se firmó el compromiso de armar una mesa interinstitucional para revisar el pliego petitorio que el movimiento entregó desde julio de 2019.
En caso de no obtener una respuesta después de esa reunión, el coordinador de la caravana aseguró que reactivarán el movimiento hasta llegar a la Ciudad de México.
