Chihuahua.- Un grupo de personas desplazadas de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, entre ellas integrantes del pueblo rarámuri, viajaron a Nuevo Casas Grandes para hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la problemática de seguridad que se vive en el estado y solicitarle su intervención.
En Chihuahua, el desplazamiento forzado no ha cesado desde 2014, fecha en que llegaron las primeras familias que han acompañado organizaciones de la sociedad civil y que a pesar de los esfuerzos para visibilizar y denunciar los casos las autoridades estatales no han logrado sancionar a los responsables de las más de 100 personas que se acompañan desde entonces.
En un comunicado de prensa, se denunció que las autoridades tampoco han realizado acciones contundentes para que las familias logren el regreso a sus hogares en condiciones de seguridad. Incluso, en el caso de Cruz Soto Caraveo, quien se encontraba en situación de desplazamiento desde el año 2014 y en octubre del año pasado fue privado de su libertad y asesinado, no hay a la fecha resultados concretos.
En el caso de Chihuahua, el desplazamiento forzado interno es consecuencia de la impunidad y la falta de justicia que se han vivido por largo tiempo, y es una reacción de cientos de familias a la violencia e inseguridad generalizada provocada por integrantes del crimen organizado que operan en grandes territorios y que se dan, en presencia, en ausencia y en ocasiones en connivencia con Instituciones del Estado.
En el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a favor de la comunidad indígena de El Manzano, solicitando al Estado mexicano la adopción de medidas necesarias para preservar la vida e integridad de las y los integrantes de la comunidad, medidas cubiertas parcialmente.
Esta problemática atrajo la mirada internacional con la visita de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jimenez-Damary, en septiembre de 2018; la visita Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, en 2017, quienes manifestaron la necesidad de afrontar la problemática en conjunto con las autoridades federales.
En ese contexto, entregaron un documento en el que solicitaron lo siguiente:
- Acciones coordinadas de autoridades Federales, Estatales y Municipales para que se integren con debida diligencia las carpetas de investigación y se sancione a los responsables del homicidio de Cruz Soto Caraveo.
- Investigación, sanción y pacificación de las zonas de expulsión, además de garantizar la seguridad de la población para un retorno seguro.
- Otorgamiento de viviendas propias y un empleo digno, además de condiciones adecuadas para que las personas desplazadas tengan mayor estabilidad, y quienes son indígenas puedan reproducir su cultura, base de supervivencia.
- Que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas CEAV realice sin demora el reconocimiento de la calidad de Víctimas de las y los desplazados y garantice sus derechos derivados de esta condición.
“Sabiendo del interés del mandatario y compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad, pedimos presente al Congreso de la Unión una iniciativa de la Ley para la atención del desplazamiento Forzado en México, Ley que responda a la problemática que afecta a miles de personas en el país”, expresaron.
