Raíchali

Criminalizar, salida fácil de Fiscalía tras asesinatos de activistas

Por Adriana Esquivel

Chihuahua.- Como una salida fácil, la Fiscalía General del Estado ha optado por criminalizar a los defensores de derechos humanos que han sido agredidos o asesinados por su activismo.

El caso más reciente es el de Cruz Soto Caraveo, quien vivía en el exilio desde 2014 y el 12 de octubre de este año fue secuestrado cuando acudió a Témoris para recibir un apoyo federal. Su cuerpo fue localizado una semana después.

El activista Cruz Sánchez consideró que las autoridades estatales recurren a la criminalización de las víctimas para deslindarse de la responsabilidad que tiene de garantizarles seguridad.

Recordó que Soto Caraveo había denunciado en varias ocasiones el hostigamiento y amenazas que recibió en la comunidad de Monterde, Guazaparez, por negarse a entregar sus tierras.

Pese a que había un antecedente, se vio obligado a dejar su comunidad con toda su familia en 2014 y, desde entonces, vivían en condición de desplazamiento sin más apoyo que acompañamiento psicosocial.

Al confirmarse su asesinato, algunos medios de comunicación de Chihuahua publicaron como versión oficial de la Fiscalía General del Estado en la que señalaban que detrás del crimen había una traición de Cruz a Noriel P.G, alias El Chueco.

«Él (Cruz Soto) estuvo buscando y pidiendo justicia en el municipio (de Guazaparez), fue hasta Cuauhtémoc, a Chihuahua y no se le tomó en cuenta tantas vueltas que echó para pedir ayuda. No hay justicia… Va alguien a poner una denuncia y no se atiende como debe ser y ahí tenemos las consecuencias»

Cuando se presenta una denuncia, añadió, la primera respuesta es investigar a las personas que se acercan para pedí ayuda, lo que ha provocado que les víctimas pierdan la confianza en las corporaciones de seguridad.

«Las autoridades lo hacen, dicen primero para deslindar responsabilidades que es de ellos mismos. Por eso lo hacen de esa manera. Las autoridades deberían estar más al tanto y, si hay una denuncia, ir sobre las personas señaladas»

En ese sentido, consideró que a la familia Soto Caraveo los dejaron solos, por eso fue que Cruz decidió regresar a la Sierra para recibir el apoyo económico que entregaría la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

«Uno no sabe ni qué hacer. Vas con las autoridades y no hay respuesta… Esto pasa (los crímenes) por la desesperación que se siente, porque (las víctimas) no han sido tomados en cuenta después de tanto tiempo.

Cruz Sánchez es integrante del Colectivo de Familias Desplazadas Forzadamente de la Sierra Tarahumara y, desde 2015, salió de El Manzano, municipio de Uruachi, cuando su familia fue despojada de sus tierras y propiedades por el crimen organizado.

Fotografía de Julián Carrillo, asesinado en octubre de 2018, de la Sierra Tarahumara, Estado de Chihuahua, México, febrero 4, 2019. (Ginnette Riquelme)

Como a Cruz Soto, otros activistas del estado han sido blanco de criminalización por medio de filtraciones a la prensa local. Entre los crímenes más recientes se encuentran Isidro Baldenegro y Julián Carrillo, dos líderes rarámuri que lucharon por la defensa de su territorio ancestral.

En la Sierra, las autoridades son los criminales

Frente a la Cruz de Clavos, el activista Gabino Gómez reprochó que ninguna autoridad ha sido capaz «de tomar realmente la decisión para actuar y pacificar» aquellas comunidades serranas en donde el crimen organizado tiene el control.

«En Chihuahua, igual que en otras partes del país, hay territorios donde no existe el Estado, donde la autoridad son los grupos criminales… y, desgraciadamente, quien intenta sólo asistir a darse una vuelta, le pasa lo que le pasó a Cruz Soto Caraveo»

Durante la conmemoración por el primer aniversario del asesinato del activista rarámuri Julián Carrillo, Gómez González recordó que la Plaza Hidalgo está llena de símbolos de impunidad.

Entre ellos, mencionó la Cruz de Clavos por los feminicidios, otra cruz en honor a Manuelita Solis e Ismael Solorio, asesinados por oponerse a la instalación de una mina en el ejido Benito Juárez y una más por la masacre de Creel.

Pasando la calle, justo enfrente del Palacio de Gobierno, está la placa en honor a Marisela Escobedo, quien fue abatida durante una protesta pacífica para exigir justicia por el asesinato de su hija Rubí.

«No queremos las explicaciones fáciles de las autoridades de que, tal vez, en algo andaban. No queremos ese tipo de explicaciones como decir que fue una venganza porque hay traiciones entre ellos: a Cruz Soto Caraveo lo asesinaron por no querer entregar sus territorios a los grupos criminales, por seguir luchando y exigiendo justicia para poder regresar a su pueblo»

De acuerdo con cifras del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), de 1973 a 2018, en Chihuahua han sido asesinados 37 activistas y defensores del territorio.

«En este lugar, ante estos símbolos de impunidad, quisiéramos no regresar, quisiéramos que no existieran y preguntamos ¿Cuántas más tendremos que poner? (…) estamos a un año del asesinato de Julián Carrillo y lo llevamos en la memoria, igual que llevamos a tantos defensores y defensoras que han caído en esta difícil tarea de defender los derechos humanos en una situación de guerra»

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