Por: Raíchali
Fotografías: Archivo
Debido al alto riesgo que representa para la comunidad Choréachi y sus habitantes la liberación de Rosalío Joel M. P., uno de los presuntos homicidas del activista indígena Juan Ontiveros, es urgente la presencia policiaca permanente en esa zona, y atender las medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Así lo consideró Isela González, de Alianza Sierra Madre (ASMAC), luego de la sentencia de un juzgado de Control al no vincular a proceso penal a esa persona detenida por Fiscalía General del Estado.
“Con ello, tanto la Federación como el Estado, deben cumplir a cabalidad las medidas de protección con base al diagnóstico que ya conocen de la comunidad, y cuyas autoridades indígenas fueron claras en decir cómo se sentían más seguros”
La detención se dio hace apenas unas semanas pero no tardó mucho para evadir la ley, lo cual ahora tiene con mayor preocupación a las organizaciones y a la propia comunidad donde se registró el crimen contra Ontiveros el 17 de enero del 2017.
El Gobierno Federal es el principal responsable de atender las medidas de la Corte Interamericana, precisó Isela González, sin embargo también se le exige al Gobierno del Estado que extremen las medidas en esa zona, y no envíen operativos temporales, sino permanentes.
Juan Ontiveros fue asesinado en febrero de 2017
Los testigos de la Fiscalía General del Estado para incriminar a Rosalío Joel por ese crimen, no lograron dejar en claro la identidad del detenido y derivó en que un juzgado de Control decretó su no vinculación a proceso, es decir, quedó en libertad desde el 18 de abril pasado.
La jueza de Control, Romelia Martínez Badillo, tomó esa decisión al considerar insuficientes las descripciones de identidad, por lo cual la Fiscalía anunció la apelación en ese caso, por el riesgo que representa para las personas de Choréachi, municipio de Guadalupe y Calvo, de donde era originario Ontiveros, que ande en libertad el señalado por ese delito.
El propio Ministerio Público estableció que la imputación directa que hicieron testigos presenciales, en donde se individualiza al probable responsable, aún y cuando no fue controvertido la defensa, tampoco fue suficiente para tener por cierto que se trataba de la misma persona del hecho criminal.
Esos serían los elementos que el Estado busca controvertir, con el argumento de que la juez no consideró que en audiencia inicial, en fase de formulación de imputación, el probable responsable se identificó como tal y dijo ser habitante de Choréachi.
La Fiscalía aseguró que la acusación está sustentada por una sólida carpeta de investigación integrada por pruebas, periciales, análisis, estudios y entrevistas, cuyas labores fueron realizadas por un equipo de especialistas.
En un comunicado de prensa, el fiscal César Augusto Peniche Espejel indicó que “el reconocimiento de los testigos es suficiente para dictar la vinculación a proceso, por lo que procederemos y actuaremos ante esta decisión judicial”.
