Por: Adriana Esquivel
“La bala que va a ser para ti, yo la voy a detener”, fueron las palabras que Ernesto Rábago le dijo a su compañera de vida Estela Ángeles Mondragón horas antes de ser asesinado en su despacho, a unas cuadras del Palacio de Gobierno.
A nueve años de su homicidio impune, esa frase aún vive en la memoria de la abogada de la comunidad indígena de Baqueachi, municipio de Carichí, quien sonríe conteniendo el llanto cuándo escucha la pregunta: ¿Quién era Ernesto Rábago?
Detrás de la fotografía que cada marzo llega a la plaza que guarda la Cruz de Clavos para recordarle a las autoridades la deuda de justicia que mantienen en el caso, está la historia de un hombre que dio la vida por el reconocimiento del territorio ancestral de un pueblo indígena valiente que nunca se doblegó ante el despojo de los ganaderos mestizos que invadieron su comunidad.
Para Estela, Ernesto era su amigo, su cómplice; el experto en materia agraria que había estudiado Administración Pública y Ciencias Políticas en Coahuila y que, por ella, permanecía en Chihuahua pese a las amenazas, persecuciones, campañas de desprestigio y atentados en contra de su familia y la comunidad que representaban.
En entrevista con Raíchali, la abogada recuerda que en estos más de 20 años de lucha legal en la que ha acompañado a la comunidad, lograron recuperar cerca de 22 mil hectáreas de su territorio en 32 juicios, por lo que ahora les ha planteado cerrar un tiempo el capítulo Baquéachi, para buscar que se haga justicia en el homicidio de Ernesto.
“Cuando les dije a los Baquéachi me dijeron que era cierto y que no estaba sola. Que, así como los apoyamos, ellos nos iban a apoyar para encontrar la verdad y la justicia de los responsables porque es algo que merecemos, merecemos que se diga la verdad. Nada nos va a regresar a Ernesto, pero ya no queremos impunidad, queremos que la inseguridad se acabe y, para ello, se requiere castigo para los responsables”
Condenados por la impunidad
A Ernesto lo asesinaron el primero de marzo de 2010, pero el hostigamiento y las agresiones no eran nuevas. La primera amenaza la recibieron en 1995 cuando asumieron la representación legal del pueblo que había llegado a ellos en su búsqueda de “unos abogados honestos, unos que no roben”.
La lucha de Baquéachi se da en contra de ganaderos de dos municipios. El primero fue con los de Nonoava, quienes los despojaron de 7 mil 700 hectáreas acotados cerca del Cerro del Tecolote.
La invasión más nociva fue de los mestizos de Carichí. De forma dispersa, ellos se apropiaron de por lo menos 25 mil hectáreas de Baquéachi, por lo que los indígenas apenas vivían en 11 mil hectáreas de su territorio ancestral.
Para entonces, la comunidad tenía cerca de 80 años en la batalla por el reconocimiento de sus tierras, pues el primer registro que hay sobre el pueblo de Baquéachi es de 1928.
Cuando iniciaron el juicio 79 del 95, para ellos era común escuchar que algo les podía pasar, que se cuidaran en Cuauhtémoc y en la Ciudad de México, en donde no los conocían y los podía atropellar; que tuvieran cuidado pues no sabían si algún desconocido, al abrazarlos en la calle, podría acuchillarlos.
Pero nunca dimensionaron el riesgo. Era normal, recuerda Estela, que cada movimiento en favor de la comunicad se veía reflejada en una agresión. Después intentaron comprarlos. Al primer gobernador le ofrecieron 100 mil pesos por dejarles las tierras, al comisario ejidal 100 mil, a Estela un cheque con 40 mil pesos y una camioneta con tanque lleno, nueva, modelo 2008, ninguno aceptó.
En 2009 inició una campaña de desprestigio en el periódico impreso de mayor distribución en la capital, en el cual tachaban a Estela de zapatista, de ser “racista al revés”, y de cobrarles, como si fuera diezmo, 50 pesos a los rarámuri cada que terminaban una reunión.
A raíz de esa publicación, al entonces comisionado ejidal Felipe Ignacio González Ramírez le cerraron el paso en la carretera y, armados con tubos y palos, los mestizos le dijeron que iban a mandar a su abogada en un estuchito “de regreso a Chiapas” porque muerto el perro, ya no había rabia.
Pero Estela ni siquiera conocía Chiapas y, pese a que salió a desmentir las publicaciones, es medio de comunicación le negó su derecho a réplica.
Detrás de esas amenazas y campañas de desprestigio, denunció, estaba el entonces delegado de la Procuraduría Agraria Pedro Martínez Cháirez por dar entrada a las demandas de los ganaderos contra los ejidatarios indígenas.
“Las primeras amenazas recias comenzaron en junio de 2009. Hubo una publicación acusándome de zapatista, pero ni conozco Chiapas. Me hubiera gustado trabajar con los zapatistas, claro que sí, para muchos eso podría incluso ser un orgullo, para mí fue que me colgaran el San Benito”
Dos atentados anunciaron el crimen
Las amenazas comenzaron a cristalizarse en 2009 cuando, el 28 de marzo, dos bombas molotov cayeron en el patio del despacho de Estela y Ernesto. Pese a la denuncia que se interpuso en la entonces subprocuraduría centro, nunca se atendió, y al lugar únicamente acudieron los bomberos.
El 18 de febrero de 2010, casi un año después del ataque a sus oficinas, su hija fue víctima de tentativa de homicidio afuera de su vivienda, sin embargo, el caso nunca se investigó y las autoridades que recibieron a su hija intentaron persuadirla de que no denunciara porque la podían matar a ella y a su hijo porque ya conocían el domicilio.
Minimizaron su denuncia al grado de que, antes de investigar, le dijeron a Estela que su hija estaba afuera de la casa con el novio a quien se le había escapado un tiro jugando con una pistola.
Once días después, Estela presentía que habría una muerte, pero jamás se imaginó que las balas las recibiría Ernesto. A él siempre lo descuidaron, dice, porque nadie se metía con él, cuando iban a los tribunales o a la procuraduría lo saludaban de abrazo, a ella, su esposa, ni la volteaban a ver.
“Hay ciertas cosas que te enseñan los rarámuri con el paso del tiempo. Un día antes yo le dije que habría un muerto y que no me perdonaría si algo que pasaba a Patricio -primer gobernador de la comunidad- me preguntó quién creía que podría ser, le respondí que yo… me dijo ‘despídete’ y organizó una carne asada para que me despidiera de mis muchachos, mis nietos…”
Ninguna agresión se investigó
-Ernesto, vámonos de aquí. Vámonos de Chihuahua. Aquí no nos quieren
-Y a donde quieres que nos vayamos que estés bien. ¿No vas a extrañar Baquéachi?, vámonos a donde tú quieras, yo quiero estar donde tú quieras porque te quiero…Y quiero decirte que la bala que va a ser para ti, yo la voy a detener.
Ernesto y Estela siempre andaban juntos. Ese primero de marzo, él la invitó a comer unos tacos -que recuerda “malísimos”- y después la llevó a un restaurante en donde se vería con una amiga para revisar si era posible que les caducaran unos juicios de Baquéachi.
Hacía mucho aire, era un día frío. Él le advirtió que el siguiente día no podría acompañarla a una entrevista que tenía y, mientras conducía, le explicó cómo se tenía que ir al lugar. Estela no se dio cuenta en el momento, pero, al llegar al restaurante, vio la imagen que había soñado: era el reflejo de Ernesto por el retrovisor de la camioneta mandándole un último beso.
Para las siete de la tarde ella ya no podía con la ansiedad. Estaba muy inquieta. Llamó para pedir que alguien fuera por ella. Su hija le externó que tenía miedo de salir de noche por el ataque que había sufrido días antes, Ernesto ya no respondió.
Al final, fueron dos balas las que detuvo Ernesto. Una estaba en su garganta, la otra cerca de boca del estómago, pero en su suéter no había marca de la bala calibre .25, el subprocurador de la zona centro, y actual titular de la fiscalía Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín, había alterado la escena del crimen.
“No le vi la marca que deja una bala en su suéter, yo no lo vi, lo único que vi fue que el entonces subprocurador de la zona centro había alterado la escena del crimen. No hubo un estudio serio de la escena del crimen, así ¿cómo iban a llegar a un juicio?”
Como el intento de homicidio de su hija y las dos bombas molotov en su despacho, en el asesinato de Ernesto se abrió una carpeta de investigación que terminó abandonada y empolvada en la ahora Fiscalía Zona Centro.
Para una mujer que cree en el derecho a la verdad, en que la denuncia es el primer paso para romper la violencia y garantizar la justicia, es difícil asimilar que el homicidio de su compañero sea otro caso más de impunidad.
Por ello, ha planteado cerrar unos años el capítulo Baquéachi y abrir el del we ga’ra rejoi (hombre bueno en rarámuri), como lo llamaban en la comunidad.
Recordó que los asesinos intelectuales están más que identificados, por lo que hay elementos para que puedan hacerle justicia a Ernesto.
Cuestionada sobre el por qué las autoridades actuaron de esa manera, dice firmemente que prefiere creer que fue por ignorancia y no por el poder que pudieron ejercer los mestizos Jesús María Sandoval y Juan Manuel Romero Miranda.
El lema de Bowerasa es ‘en algún lugar de este mundo quiero que mi pueblo indio sea escuchado. No importa cuán pequeño sea el grupo, todos tienen derecho a ser quienes son’. Nosotros confiamos en la justicia, el 2015 una magistrada del tribunal unitario número 5, Imelda Carlos Basurto, escuchó la voz del pueblo indio de Baquéachi e hizo justicia.
Falta que se la hagan a Ernesto.
